La ley contra la minería metálica en El Salvador aparentemente cerro las puertas al modelo extractivista, sin embargo, está provocando un escenario de fuerte debate y un riesgo eminente de una disputa por parte de los mineros artesanales frente al Estado. La causa es el marcado escepticismo de posibles y reales alternativas ante la pobreza y la exclusión social de las comunidades codependientes ubicadas en los alrededores de la mina San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.
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La aprobada ley contra la minería otorga dos años a la minería artesanal de pequeña escala para reconvertirse en otra actividad productiva. En ese lapso de tiempo el Gobierno debe proveer de soluciones a los mineros artesanales, pero se desconocen las alternativas concretas al respecto, lo que genera incertidumbre y desconfianza para los denominados “gí¼iriseros” (mineros artesanales) que se rehúsan a abandonar la única forma de trabajo que conocen por generaciones.
“Si el gobierno nos ofreciera empleo, pero qué empleo nos va a dar si no le puede proveer empelo a la gente estudiada y nosotros no tenemos estudio. Nos han dado dos años de prórroga, dos años son muy pocos, solo les pedimos al Gobierno, a los diputados, que nos dejen trabajar (en la mina), porque de aquí nos mantenemos para vivir y de esto dependen para sobrevivir muchas familias, que se pongan la mano en la conciencia”, manifestó el gí¼irisero Francis.
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Las demandas se dan en la actual coyuntura electoral, donde los mineros artesanales están haciendo cabildeo con los diputados de los partidos políticos de la derecha salvadoreña y con la iglesia católica misma para intentar derogar el artículo dos de la Ley de Prohibición de Minería que le permitiría continuar con la actividad a los gí¼iriseros en la mina San Sebastián, advirtió el líder comunitario Fredy Flores.
“Si no encontramos una salida viable con el Gobierno, presentaremos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra dicha ley. Si no se resuelve a nivel interno, buscaríamos ante las instancias internacionales, porque la verdad nos asiste”, aseguró Flores.
Para los grupos ambientalistas, el reformar la ley no es el meollo del asunto, sino el riesgo que representa que las compañías mineras aprovechen estos cambios políticos y legislativos ante la falta de alternativas concretas a la minería artesanal por parte del Estado, afirmó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
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“Es necesario darle un tratamiento especial e integral al caso de la mina San Sebastián por parte del Estado y la Asamblea Legislativa consistente en asignar fondos para la construcción de proyectos como reparación de la calle, instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable, tratamiento y recuperación ambiental del río, legalización de las tierras y rescate de la fertilidad de las tierras para proyectos productivos agrícolas para los pobladores”, señaló Belloso.
Se estima que 600 gí¼iriseros estarían obligados a reconvertir su actividad productiva dentro de dos años, mientras tanto, el Gobierno tendría que tener preparado un programa social, económico y ambiental millonario para invertir en el futuro de la comunidad en la emblemática mina San Sebastián.
