ASUNCIÓN MITA, Guatemala. A pesar de que todo indica que el consorcio canadiense Bluestone Resources aceita su poderosa maquinaria técnica y financiera para reiniciar operaciones en la mina Cerro Blanco, aún se mantiene un velo de secretismo y silencio sobre las comunidades localizadas en las cercanías del megaproyecto.
“Se han escuchado rumores, pero hay tres personas que llegan a la comunidad, vinculadas a la mina, y dicen que no, que son mentiras (que van a reiniciarse operaciones), que ya se va a cerrar, que solo está en mantenimiento”, explicó Viviana Palma, una joven maestra residente de la aldea Trapiche Vargas, jurisdicción de Asunción Mita, en el oriental departamento de Jutiapa, Guatemala.
La mina Cerro Blanco se ubica justamente en las inmediaciones de Asunción Mita, una ciudad de unos 50,000 habitantes, localizada a 160 km al sudeste de la capital guatemalteca, y a unos 10 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Esa cercanía con El Salvador llevó a grupos ambientalistas de ambas naciones a oponerse al proyecto desde que se asentó en la zona en 2005, debido a los impactos negativos producidos no solo en los poblados guatemaltecos, sino también salvadoreños, al alcanzar la contaminación el lago de Guija, en el departamento de Santa Ana, en El Salvador.
Y desde ahí los remanentes del proceso, metales pesados y otros contaminantes, alcanzarían el río Lempa, que serpentea por todo el país y es la fuente principal de agua para el 60% de la población del Gran San Salvador.
El velo del silencio.
“Los rumores es por información que ha llegado de la parroquia. Una hermana canadiense nos alertó de eso, y se ha ido conociendo que la mina quiere seguir de necia, perforando y todo lo que hacen”, agregó Palma, de 27 años.
Ella participó, el pasado 22 de febrero, en un encuentro entre habitantes de localidades vecinas a la mina, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, de Asunción Mita.
El objetivo de la reunión fue analizar la situación en torno a la negativa de los ejecutivos del consorcio de negar el acceso a las instalaciones de la mina a una comisión binacional constituida por personal de las procuradurías para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador y Guatemala.
El yacimiento arrancó actividades en 2005 de la mano de una empresa local, Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp. Pero problemas técnicos no previstos han venido retrasando el proceso de extracción.
Así estaban las cosas, estancadas.
La mina Cerro Blanco, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, podría reactivarse pronto y profundizar el daño ecológico que ya ha comenzado a generar, critican ambientalistas de El Salvador y Guatemala. Fotografía de Bluestone Resources.
Pero en enero de 2017, reportes periodísticos internacionales dieron cuenta de que Bluestone Resources adquirió por $18 millones de dólares los derechos del yacimiento. El acuerdo también estipulaba que pagaría a Goldcorp otros $15 millones durante los primeros seis meses de producción.
Además, el pasado 1 de marzo, Bluestone anunció un acuerdo con Cormark Securities Inc., un consorcio financiero internacional, para inyectarse de capital por $16 millones de dólares, precisamente para potenciar sus actividades en Cerro Blanco, después de anunciar los resultados de laboratorio de un programa de perforaciones en las áreas adyacentes a la concesión minera
Y aunque esa información es ya pública, tanto el acuerdo entre Goldcorp y Bluestone, como entre este y Cormark Securities Inc., sobre todo por los reportes de prensa internacionales, en Guatemala poco se ha divulgado ese hecho, dijo Julio González, activista del colectivo ambientalista Madre Selva, de ese país.
“La prensa Guatemalteca le ha dado muy poco seguimiento a un tema tan vital para muchísima gente en la zona”, explicó González.
Incluso aseguró que como colectivo han buscado respuestas de parte de legisladores, sobre todo en el tema de si Bluestone debería de solicitar todos los permisos para operar, incluyendo la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), luego de haber adquirido los derechos de Goldcorp.
“A unos diputados se les hizo la misma pregunta, pero dijeron que no estaban enterados y fingieron demencia”, aseveró González.
Añadió que funcionarios de los ministerios de Medioambiente y el de Energía y Minas han mostrado posiciones contradictorias, pues si bien los primeros dijeron que Bluestone debería presentar un nuevo EIA, los últimos aseguraron que ellos solo otorgaban las licencias, y que respetaban un acuerdo de venta o cesión de derechos de una empresa a otra.
El activista de Madre Selva destacó que tendría que presentarse un nuevo EIA, ya que el primero adolecía de muchas deficiencias y fue aprobado “tan ilegalmente porque fue rechazado dos veces, luego la empresa apeló a corrupción y presionó al ministerio de Medioambiente para que removiera al equipo técnico que había rechazado ese estudio. Lo lograron, los sacaron, y la gente nueva les aprobó ese estudio”.
Pero a pesar de las deficiencias técnicas y la manera presuntamente fraudulenta en que se obtuvieron los permisos de exploración, voceros de la empresa confirmaron en una conferencia de inversionistas de industrias extractivas en Canadá, el pasado 3 de marzo, que Bluestone Resources utiliza esos cuestionables permisos de Entre Mares, como su principal carta de venta para atraer inversionistas.
Se intentó obtener una respuesta de parte de las autoridades del ministerio de Medioambiente de Guatemala, sobre ese tema, pero no se concretó.
“Vivimos en la incertidumbre”.
Y si es difícil para los activistas de Madre Selva obtener información oficial, la situación es peor aún para los residentes de las comunidades ubicadas en los alrededores del yacimiento.
Incluso, información que ya es oficial, divulgado en medios de prensa internacional, como la adquisición de Bluestone de los derechos de Goldcorp, en las comunidades cercanas al proyecto todo se sigue manejando como un rumor.
“Hay sospechas de que ya no es la misma empresa que inició sino que es otra, pero la gente no está bien informada, hay compañeros que dicen que otra empresa quiere comprar (la mina), pero no está declarado oficialmente”, subrayó Noé Alarcón, de la comunidad Las Ánimas, también cercana al yacimiento.
Alarcón cree que las actividades sí están por reiniciarse pues “de repente (los empleados) han andado más activos, eso quiere decir que o están en proceso de compa o ya se adquirió (la empresa).
Lamentó que la compañía no sea capaz de decirle a los lugareños, cara a cara, cuál es la situación de la mina.
“Decepciona que la empresa no lo diga de su viva voz, sino que lo sabemos de gente que trabaja ahí y se fuga información. Vivimos en una gran incertidumbre”, apuntó.
Los residentes de las comunidades vecinas a Asunción Mita, reunidos en el foro en la parroquia de la ciudad, afirmaron que para ellos lo mejor es que el consorcio canadiense se vaya por donde vino.
“Lo que queremos es que la mina se vaya de la comunidad, por los problemas a la salud que ya notamos”, dijo una participante, quien prefirió no identificarse por temor a alguna represalia contra quienes se oponen.
Esos problemas de salud tendrían como origen la contaminación de las fuentes de agua, pues, si bien la compañía aún no está extrayendo los metales preciosos, sí está sacando de los túneles aguas termales, con altos contenidos de arsénico.
“A ellos no les interesa nada de lo que pasa en nuestras aldeas, a ellos solo les interesa llevarse el oro y la plata y tener más millones de los que ya tienen”, subrayó.
De acuerdo a estimaciones, el yacimiento podría producir 1.24 millones de onzas de oro y 4.47 millones de onzas de plata.
El precio del oro ha variado significativamente en la última década, y pasó de $600 dólares en 2006 a $1,250 en 2016, según el informe Estrategias para la Defensa del Medioambiente y Derechos Humanos ante los Impactos del Extractivismo Minero en Centroamérica, publicado el pasado febrero por la Alianza Centroamericana frente a la Minería (Acafremin).
Sin embargo, pese a las buenas expectativas, la empresa (Goldcorp) solicitó en 2012 una “suspensión temporal” debido a fallas técnicas que casaron inundación en los túneles.
Y desde entonces el proyecto minero no levanta cabeza, pero probablemente lo haga con los millones que inyectará Bluestone, y de ese modo por fin logre extraer el oro y la plata que, pareciera, se le esconden en el subsuelo.
Río Ostúa, en las inmediaciones del yacimiento Cerro Blanco, es parte de la cuenca hidrográfica Ostúa-Gí¼ija, de modo que la contaminación salida de la mina irá a parar al río Lempa, que abastece de agua al 60% del Gran San Salvador. Fotografía de Cripdes.
Por unos dólares más
Abel Antonio Díaz es un indígena xinca de 52 años de edad, y 23 de vivir en Cerro Blanco, una comunidad de unas 700 personas, donde se asienta el yacimiento de oro y plata.
Según sus cálculos, el 40% de esa población es xinca, una etnia no conectada con el tronco maya, predominante en el país. Nacionalmente, más del 60% de la población guatemalteca es de origen indígena.
Él recordó cómo llegó la empresa por primera vez y cómo desde el principio la compañía recurrió a la ya bien conocida estrategia de ofrecer proyectos de “desarrollo” no solo en Cerro Blanco sino que a otros poblados vecinos.
Financiaban la construcción de escuelas o unidades de salud, así como pavimentación de caminos, entre otras obras.
Con esa estrategia es que la compañía se ganó a los pobladores de Cerro Blanco, además de ofrecer empleos.
Díaz dice ser probablemente la única persona en Cerro Blanco que se ha mantenido en contra las operaciones de la minera, a pesar de que ha sido amenazado varias veces.
Abel Díaz, un indígena xinca residente en Cerro Blanco, es de las pocas personas que aún se mantiene en contra del proyecto minero. Fotografía / Edgardo Ayala.
“En 2010, había amenazas, y tenían una lista que decía que iban a desaparecer a tres, y me dijeron: Abelito, tenga cuidado, porque a usted ya lo tienen en la mira que lo van a desaparecer de un momento a otro”, contó.
La lucha contra la minería ha generado, en efecto, persecución y violencia contra activistas, no solo en Guatemala, sino en la región centroamericana y otras partes del mundo donde ha llegado esa industria.
Guatemala reportó 22 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas entre 2006 y 2014; El Salvador, cuatro; Nicaragua, tres, y Honduras sufrió la peor parte, con 119, según el estudio de Acafremin citado.
