Como en el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU), el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos consolidado en la Organización de Estados Americanos (OEA), suma un conjunto de normas que establecen garantías y procesos que abonan el ejercicio de observar, promover y proteger los derechos humanos. Dentro de todo ese andamiaje, hay un método en particular que permite documentar, en el lugar, situaciones específicas o generales, a profundidad, esta es la visita in loco.
Dado el peso político y el nivel de involucramiento en pleno que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en estas visitas, se requiere de la invitación y total anuencia del Estado en cuestión, para el caso de El Salvador, en julio del corriente y después de treinta y dos años, fue convidada a nuestro país, logrando materializar su misión los próximos 2, 3 y 4 de diciembre.
Para lograr a cabalidad el objetivo de la visita, la CIDH contará con total libertad de tránsito, podrá tener acceso a prisiones o centros penitenciarios, además, el Estado debe facilitar todos aquellos documentos que requiera. La agenda de trabajo no solo incluye un diálogo con la institucionalidad pública representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General, Fiscalía General de la República, Ministerio de Trabajo, entre otras, sino que abre el abanico a la sociedad civil, a efecto de tener la mayor cantidad posible de información, en este caso, la institucionalidad pública queda comprometida a no tomar ningún tipo de represalia contra las personas u organizaciones que han sido parte del proceso de diálogo.
Considerando como insumos las quejas recibidas y los resultados de las visitas temáticas realizadas en años anteriores, los tópicos en los que la CIDH pondrá énfasis son: seguridad pública y situación penitenciaria, movilidad y desplazamiento forzado, violencia contra la población LGBTI, justicia transicional e impunidad y derechos de las mujeres. En todos estos temas el Estado salvadoreño no ha logrado gestar garantías para el pleno ejercicio de derechos, es por ello que el informe preliminar y final que de esta visita se colija y su seguimiento son clave, pues permitirá ajustar políticas públicas que propicien escenarios de avance hacia la concreción de estos derechos.
Un tema de fundamental relevancia es el estado de situación de defensoras y defensores de derechos humanos, considerando que su labor es coadyuvante en los procesos de democratización y en los avances en materia de reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Pese a lo anterior, en El Salvador no existen políticas especializadas que garanticen el derecho a defender derechos, siendo grave en aquellos casos de defensoras y defensores de derechos sexuales y reproductivos y de la población LGBTI, en los cuales la obstrucción y criminalización, limitan su labor.
La diversidad de voces que la CIDH escuche en esta visita, es una oportunidad para que el Estado de El Salvador en su conjunto avance en el mandato de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Esto será posible a través del compromiso de seguimiento de las recomendaciones que emane. Esta segunda etapa será, sin lugar a dudas, el mayor desafío.
(*) Nayda Acevedo Medrano es consultora en políticas públicas y derechos humanos, y maestra en Ciencia Política.
