Por Alessia Genoves
$9,900 dólares en malversación implican al ex-alcalde de Zacatecoluca (La Paz), por el FMLN, Francisco Salvador Hirezi Morataya. El monto dinerario responde a las ganancias obtenidas por la venta de 900 quintales de maíz, de los 1,000 obtenidos del gobierno central. Las entregas de insumos agrícolas responden a las afectaciones consecuentes al impacto de las tormentas “Cristobal”, “Amanda” y “Eta”, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
19 servidores públicos y empresarios habrían participado en los hechos. No obstante, sólo 16 de ellos confrontan el juicio requerido por la FGR, que avanza a la audiencia preliminar de la fase de instrucción, en la que se ventilarán pruebas de cargo y descargo. Mientras que los otros 3 imputados mantienen un estatus legal como “prófugos”, según lo determinó la FGR el pasado 26 de abril de 2021.
Hechos
Salvador Hirezi ha sido detenido, bajo los cargos de “cohecho propio y peculado”. Su aprehensión tuvo lugar el pasado 26 de abril de 2021. Pero su administración pública, de la Alcaldía de Zacatecoluca, no sería la única en incurrir en hechos de corrupción; ya que el Alcalde de San Rafael Obrajuelo (La Paz), Ricardo Amilcar Aguilar Alvarado, también habría participado en la venta y distribución de insumos del Estado. Ambas figuras de autoridad habrían hecho participes a otros 17 ex-regidores, ex-policías, empresarios y civiles, en actividades ilícitas, según lo sostiene la FGR.
1,000 quintales de maíz fueron entregados a la administración de Hirezi. La entrega de los insumos agrícolas buscaba beneficiar a una cantidad proporcional de familias, particularmente afectadas durante las tormentas tropicales Cristobal, Eta y Amanda, durante el año 2020. Sin embargo, unos 990 insumos agrícolas habrían sido extraídos, para ser comercializados por diferentes empresarios. Las ganancias totalizarían a un estimado de $9,900 dólares, ya que la FGR estima que las ventas por cada quintal de maíz eran de $11 dólares.
“Negociaron la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directa”, según lo señala la FGR, al referirse a las actividades desarrolladas por la comuna. “Los particulares pagaron a los regidores y alcaldes por su voto, para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios autorizados”, añade la FGR.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público asegura que «empresarios del transporte colectivo pagaron al Concejo Municipal de Zacatecoluca aprobaron un acuerdo para afectar a la “competencia”, por lo que les entregaron diferentes cantidades de dinero»
Acusados
Hirezi Morataya es la principal persona acusada, en la alcaldía de Zacatecoluca. Pero, en éste proceso, habrían participado los regidores José Dennis Cordova Elizondo; Santos Portillo González; Ever Stanley Henríquez Cruz y Carlos Arturo Araujo Gómez, quienes habrían sido “coautores en 4 casos de negociaciones ilícitas y 3 de cohecho impropio”, según lo detalla la FGR. También habría participado Edenilson Amilcar Pérez Pérez, empleado de UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional), a quién el Ministerio Público señala como el autor de 2 casos de cohecho impropio.
Aguilar Alvarado por su parte, sería el coautor de 1 caso de peculado, para la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo. Sin embargo, para el caso sólo habría participado un regidor: Luis Armando Gómez Alvarado, quien es señalado como el “coautor de 1 caso de peculado, coautor de 1 caso de cohecho activo e instigador en 1 caso de cohecho impropio”.
Empresarios y comerciantes también figuran en la lista de corrupción de la FGR: Jaime Gilberto Valdez Hernández y Luis Ángel Jimenez Benitez, respectivamente. Al primero se le atribuyen “6 casos de cohecho activo”; mientras que al segundo se le juzga como el “coautor de 2 casos de cohecho activo”, según lo detalla el Ministerio Público. Además, sostiene cargos como “cómplice no necesario de 1 caso de cohecho activo” en contra de Alejandro Oswaldo Cruz Pian, quien hasta el 2021 sería empleado de la Asamblea Legislativa.
Agentes de autoridad, como el subinspector Manuel de Jesús Ayala y el cabo Ranulfo de Jesús Portillo Díaz serían procesados por su participación en los hechos. El primero es acusado como “autor directo en 1 caso de cohecho impropio continuado”; mientras que el segundo, como el “autor en 4 casos de cohecho impropio”. A los hechos también se sumarían los empresarios de transporte Eduardo Lara y José René Quinteros, ambos como “coautores de 1 caso de cohecho activo”, pero el primero como “instigador en 1 caso de cohecho impropio”.
Empresarios de transporte también serían José René Hernández Fausillón, José Ricarte Pineda y René Jacob Hernández Fausillón, como “coautores en 1 caso de cohecho activo”, cada uno. Hay que añadir que éste último tiene el estatus legal de prófugo. Al mismo tiempo, el abogado Miguel Ángel Chicas es señalado como “cómplice no necesario en 1 caso de cohecho activo”, según la FGR.
