El Juzgado Especializado de Instrucción “C” recibió la solicitud de imposición de medidas contra el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya, y el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Almilcar Aguilar Alvarado y otras 17 personas más, acusados por negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.
La jueza fijó las 9:00 a.m. de este viernes la realización de la audiencia de imposición de medidas, en la que se discutirá si se procede o no a decretarles instrucción formal con detención provisional, petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR). Según datos del proceso, las investigaciones iniciaron en agosto del año pasado, mediante intervención de llamadas telefónicas.
Los sujetos se dedicaron a negociar con las donaciones hechas por el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las que hubo un total de mil quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y ETA, además, de la pandemia provocada por el covid-19. Al venderlos, se quedaban con el dinero que asciende a un total de 344 mil dólares. Los restantes 100 sacos los entregaron a otras personas como para aparentar haber dado en su totalidad los granos.
Aparentemente fue Hirezi y Aguilar Alvarado quienes tomaban las decisiones al respecto de las dádivas, por lo que se apoyaron en agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), transportistas y empresarios para poder obtener una ganancia “extra”. A ellos se les capturó el pasado 26 del presente mes en San Salvador, Santa Tecla, San Rafael Obrajuelo y en distintos lugares del departamento de La Paz.
La PNC aprehendió a 16 de los 19 mencionados en el proceso. Las investigaciones se dividieron en cuatro rubros: la alcaldía de Zacatecoluca, que se encargaba de distribuir bienes y servicios, para así entregar dinero y poder ganar licitaciones. De igual forma, la alcaldía de San Rafael Obrajuelo se encargaba de vender a particulares los granos, los agentes de la policía y los transportistas.
El dinero se distribuía en aparentes obras como pasarelas, reparación de calles y donaciones de bolsas de alimentos.
