Con el arribo de la derecha política a finales de los 80´s, se produce al igual que en el resto de América Latina y durante las siguientes dos décadas, el mayor proceso de latrocinio legal impulsado desde el bloque empresarial familiar, ocupantes del poder político entonces, quienes privatizaron para su beneficio exclusivo todos los activos estatales, los cuales en el particular caso de El Salvador significo la transferencia y pérdida de bienes estatales en favor de estos, concentrando la riqueza en el 1% de la población – BID/FMI.
Aquellas medidas no solo concentraron la riqueza, también incrementaron la inflación hasta en un 24,7% de acuerdo a Fusades, que era el rector de la actividad económica, y siempre aconsejo el maquillaje de los datos a pesar del crudo abismo entre la riqueza y la pobreza, con un crecimiento del PIB que apenas rondó entonces el 1,6%, y que era presentado rayando los 4,2%, lo que era una falacia (BC) ; se abrazó entonces un modelo económico basado en los servicios, a pesar de estar desaconsejado debido a nuestra ausencia de puertos en el Pacífico y no ser una plaza comercial establecida, lo que por supuesto derivó en el fracaso de la apuesta; ello consumo el planteamiento económico que aún es la base de nuestra economía: las remesas, para lo que las sucesivas administraciones sustentaron y sustentan una política económica que privilegia la estadía de conciudadanos en EU, quienes a través de sus remesas son el verdadero sostén de la economía nacional.
Es decir, desde aquella época el tema económico ha girado en torno a los intereses privados (William Pleitez, Economista), cuyo manifiesto fracaso se aprecia en la incapacidad de satisfacer las necesidades alimentarias de la nación, debido a la inexistencia de una política agropecuaria orientada a solucionar el tema de la soberanía alimentaria, y siempre en beneficio de aquellas, dado que continúan con el patrimonio del oligopolio de la agro exportación; en la misma línea la ausencia de una ley de agua busca el mismo propósito, y que decir de la política en materia fiscal, que sigue siendo de carácter regresivo, la única del hemisferio, o de las pensiones, que el estado asume distrayendo sus escasos recursos de otros fines, y subvencionando a los privados, las Afp´s, que por ésa vía incrementan aún más sus pingües beneficios.
Ello deja al estado salvadoreño una única vía de cara a la crisis que supone el COVID – 19, el endeudamiento, que en el actual momento, careciendo de ninguna producción y con un 67,07% del PIB comprometido como deuda pública (MINEC/2018), no puede estimarse como “riesgo calculado”, puesto que la OMS estima hasta 2 años el periodo de amenaza vigente para la pandemia.
Se impone entonces con urgencia la necesidad del desmontaje del modelo económico basado en privilegios de clase, corregir la política fiscal, además de las aberraciones que implicaron las privatizaciones, o en su defecto, afrontar la violencia social que derivará de la incapacidad del estado de atender la crisis, y que crecerá exponencialmente.
