Por: Alessia Genoves
Millonarias pérdidas económicas, inseguridad empresarial y competencia desleal han sido las principales consecuencias de los crecientes casos de extorsión en Centroamérica, en los últimos cinco años, según lo destaca la organización Global Initiative, en su informe titulado “Plata o Plomo. El Impacto de la Extorsión en las Empresas Centroamericanas”, publicado éste año.
Los asesinatos, las amenazas de muerte y la violencia psicológica que acontece ante los casos de extorsión motiva a los empresarios, formales e informales, a diseñar mecanismos de protección, como reducir su publicidad, negociar con mercancías y establecer líneas telefónicas para negociar las amenazas; ante la ausencia de mecanismos estatales para frenar el crimen organizado.
Millonarias Pérdidas
Según lo identifica la organización, las conductas han sido recurrentes durante el último quinquenio. Para los años 2015 y 2016, las pérdidas en el Producto Interno Bruto (PIB) de países como El Salvador se llegaron a enumerar hasta el 1%; en Honduras, la pérdida rondó al 1%; mientras que en Guatemala era de al menos $60 millones de dólares.
La organización no descarta que los hechos de extorsión se dan tanto en las economías formales como en las informales. En El Salvador, éstas últimas han constituido el 32% de la economía, compitiendo con las micro (29,4%) y pequeñas empresas (31,8%), según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); las últimas dos habrían sido afectadas por las extorsiones, según lo destaca el informe de Soluciones. Extorsiones a la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (SolucionEs), en el año 2016.
Las pandillas, el crimen organizado y la competencia desleal (alianzas entre empresarios y pandillas) también han sido causas recurrentes de extorsión. Hasta 2016, SolucionEs destacaba que el 49% de las empresas salvadoreñas eran amenazadas por maras y pandillas; a las que las grandes empresas pagaban cerca de “$1 millón de dólares anuales en extorsiones”.
En Guatemala, los empresarios llegaron a pagar hasta $10 millones de dólares en extorsión, principalmente en negocios de “reparto y entrega de alimentos, gas y agua”. Mientras que en Honduras, las pérdidas por la extorsión llegaron a percibirse en más de $200 millones de dólares; $27 millones de los cuáles fueron extraídos a través del crimen organizado.
Las afectaciones también las percibe el gremio de transporte. Sólo en Guatemala, las pérdidas llegaron a enumerarse en $70 millones de dólares, hasta el año 2017. El informe detalla que las pandillas se apropiaron de al menos una ruta de transporte; mientras que en otras, se aliaron con los empresarios.
Mientras tanto, en El Salvador, las pérdidas al gremio de transporte llegaron a ser de $10 millones hasta 2020, reportando una leve contracción respecto a los años 2019 y 2018, que eran de $12 y $14 millones de dólares, respectivamente.
En Honduras, las pérdidas llegaron a ser mayores a los $10.5 millones de dólares, hasta el año 2019; percibiendo, sin embargo, una leve contracción respecto al quinquenio anterior (hasta 2015). El informe identifica a los moto-taxistas como el sub-sector de transporte más vulnerable (en un 50%), seguido de los despachadores y cobradores (29%); y éstos últimos antes que los pilotos (19%).
Propuestas
El informe sugiere la creación de políticas públicas, que impliquen a los empresarios en el diseño de estrategias, para prevenir la incidencia de delitos de extorsión, y los comportamientos de competencia desleal implicados.
Asimismo, Global Initiative propone el ejercicio de la cultura de denuncia y la prevención de impunidad; así como el registro y cuantificación de casos; y la sistematización de datos en informes oficiales confiables. Entre otras cosas, también propone la creación y activación de mecanismos para la atención y acompañamiento de víctimas denunciantes.
Algunas de las recomendaciones parten de esfuerzos estatales en países como Guatemala y Honduras; donde pandillas se habían apropiado de rutas de buses, por lo que las fuerzas armadas intervinieron, dos en cada unidad de transporte, en 2018, para paliar la inseguridad, y los robos. Esta estrategia también fue impulsada por el gobierno salvadoreño, durante la IV Fase del Plan Control Territorial (PCT), política de seguridad que redujo las extorsiones hasta un 48.1% hasta el mes de septiembre, en comparación con el del año anterior.
Pese a que el informe no destaca los resultados favorables del PCT, reconoce que El Salvador ha reducido gradualmente los delitos de extorsión en el último quinquenio. Sin embargo, con diferencia de los intentos de Guatemala y de Honduras, las estrategias no tuvieron seguimiento al mediano plazo; por lo que Global Initiative recomienda darle sostenibilidad a las estrategias.
