Por René Martínez Pineda
Para tratar el tema de la verdad -sin maltratar la verdad del tema- en su vínculo inexorable con las víctimas, que se cuentan por millones porque no sólo incluyen a los asesinados, hay que resolver primero el problema de la criminalidad (las causas se resuelven posteriormente) y, en ese proceso, hay que propiciar que la realidad nos hable sobre la injusticia que la signa, debido a que el objetivo ulterior de conocer y comprender la verdad es acceder a la justicia jurídica y, además, lograr que las víctimas no sigan siéndolo bajo ninguna circunstancia. Al establecer la relación entre verdad y víctimas propiciada por la guerra contra la criminalidad (la que llamo “Operación turno del ofendido”) hay que establecer, también, la relación entre mentira y victimarios asumida por la oposición política para realizar una depuración de la realidad. A partir de lo anterior arribamos a la interpretación de los derechos humanos, lo cual es fundamental para salir de la estructura victimizante de la realidad, y eso implica construir un compromiso social de gobernabilidad territorial como nuevo texto de la historia.
Esa lógica que reivindica a las víctimas -y que tiene como polo opuesto a quienes reivindican a los victimarios usando una versión perversa e hipócrita del concepto derechos humanos- sólo será exitosa si le ponemos un rostro humano a la utopía de un país libre de delincuencia -y libre de impunidad- que nos permita recuperar la humanidad perdida en estas tres décadas de drástico desamparo. En el camino de acabar con la delincuencia sale a luz la decodificación sobre verdad y víctimas, y esa decodificación pasa, en primer lugar, por denunciar el encubrimiento (la impunidad institucionalizada) que se vivía, y que explica por qué había más de setenta mil delincuentes libres. Ahora bien, denunciar el encubrimiento conlleva renunciar a él. En segundo lugar, hay que decodificar la realidad concreta de las víctimas en su talidad, es decir la realidad de la inmensa mayoría de salvadoreños que, deliberadamente, eran privados de al menos tres derechos elementales: la vida; el ingreso y la libre movilidad, y con ello les era vulnerada la dignidad, la palabra (al tener miedo de denunciar al victimario) y el nombre propio, al ser enterrados en fosas comunes o ser desaparecidos muchos de los asesinados y, por tanto, los salvadoreños éramos un pueblo que no existía, éramos un pueblo sin pueblo. Y es que es la existencia humana la que le da sentido práctico y ético al concepto de “derechos humanos”, pues las personas viven -las personas existen y se descubren como tales- cuando son las protagonistas estelares en todos los ámbitos de su vida: trabajo, estudio, alimentación, dignidad, imaginario, salud, cultura, deporte, religión, esparcimiento, sueños, paz, amor, vivienda, etc. Al respecto hay que decir que esta construcción de la verdad está demostrando que la delincuencia les había arrebato todo lo anterior al controlar más del 80% del territorio y decidir la hora de acostarse.
En sentido sociológico, el que los victimarios se hicieran los propietarios de la vida en el país constituía, de facto, la negación radical de un derecho humano radical y, con ello, hacían fracasar la posibilidad de construir un nuevo país, debido a que ningún proyecto de nación es viable con una delincuencia desbordada e impune y, en términos concluyentes, podemos decir que éramos un país no apto para los seres humanos debido a que en lo económico, político y cultural privilegiaba la muerte… y entonces éramos un país-muerte, con una política-muerte y con gobiernos-muerte cuyos funcionarios invisibles eran los victimarios que -en el límite del cinismo patriótico que proclamaba la mala silueta de la democracia- llegaron a institucionalizar el encubrimiento, el que, como estrategia de la impunidad en tanto gendarme de la gobernabilidad, era coherente con el otro gran encubrimiento: el de la corrupción. En la misma línea comprensiva, el inconmensurable tamaño del encubrimiento era el inconmensurable tamaño de la impunidad, sin que eso produjera el escándalo suficiente como para tratar de acabar con la delincuencia debido a que “nos habían convencido” de que ese era un problema que no se podía resolver y, por tanto, debíamos acostumbrarnos a vivir con la delincuencia (la de arriba y la de abajo) y, si podíamos, podríamos llegar a vivir de ella. En medio de esa patética situación de flagrante violación a los derechos humanos de la inmensa mayoría estaban los millones de víctimas cuyo tamaño jamás se quiso reconocer al detalle.
La mentira y el silencio -y el silencio y la mentira- eran una necesidad urgente de los victimarios (intelectuales y materiales) porque se vivía sumergidos en varios tipos de crímenes, dentro de cuyas fronteras se desarrollaba la democracia de la muerte que, entre otras cosas, justificaba la victimización cotidiana para que eso sirviera de premisa para que las organizaciones de derechos humanos y los periódicos amarillistas siguieran teniendo la puerta abierta en los organismos financieros internacionales, perverso papel que los convirtió -a unos y a otros- en administradores del dolor del pueblo sin fines de lucro, siempre y cuando eso fuera lucrativo, con lo cual el encubrimiento se vistió de cinismo.
