Por Ricardo Villeda.
La situación fiscal de la macroeconomía salvadoreña ha mejorado en los últimos años, lo cual se ha visto reflejado en un menor déficit fiscal, un aumento en el resultado primario y una reducción en el gasto público. Este desempeño positivo se ha debido a un aumento de los ingresos públicos que se han visto favorecidos por la recuperación de la actividad económica hacia sus niveles tendenciales. Esto está relacionado con el aumento de las remesas enviadas que dinamiza la demanda, con las nuevas políticas de seguridad pública que crean condiciones para el surgimiento de nuevos emprendimientos y con los esfuerzos e intenciones orientados a perfilar el turismo como una actividad generadora de divisas y oportunidades de inversión en el sector de la construcción. Estos factores tienden a dinamizar la economía y por tanto a generar mayores ingresos públicos, pero también las políticas de combate a la evasión y elusión fiscal (amnistías fiscales, jueves de evasores, exposición mediática, etc.) incrementan la recaudación fiscal. Por otra parte, hay una contención del gasto público que podría estar siendo el resultado de la reducción de la planta de empleados públicos, la reforma de pensiones, el manejo de recursos del FODES y de la DOM, y de la redefinición de prioridades del gasto público.
Desde una perspectiva económica, este cambio en el entorno de las finanzas públicas está contribuyendo decisivamente al cambio en la percepción de riesgo país, el cual es medido por el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI por sus siglas en ingles). Desde el inicio de la pandemia este índice se ha comportado de manera inversa a la tendencia en las finanzas públicas. Así se puede comprobar que al inicio de 2020 algunas acciones de política fiscal expansiva, en un contexto de elevada deuda pública, provocó un aumento en el riesgo y por tanto en el EMBI. Posteriormente, cuando se empezaron a conocer las medidas fiscales de naturaleza contractiva relacionadas con el gasto público, se produjo una inflexión hacia la baja en el riesgo país.
Sin embargo, la historia no termina ahí, ya que el comportamiento de las calificadoras de riesgo (Fitch, Moodys, etc.), hasta la fecha en que se está escribiendo este artículo, no se ha modificado a pesar de la caída del EMBI (excepto una leve mejora realizada por Fitch). Es decir que, a pesar de que el riesgo país ha tenido una caída desde un valor del EMBI de 35.1 en julio de 2022 hasta llegar a uno de 7.9 en octubre de 2023, las agencias calificadoras de riesgo siguen cual esfinges, sin modificar las evaluaciones de riesgo.
Obviamente estas empresas calificadoras no se guían exclusivamente por el comportamiento del EMBI, sino que también toman en cuenta el comportamiento y perspectivas de la macroeconomía en general, incluido el endeudamiento público que se ha venido acumulando durante décadas, como también variables extraeconómicas, como la gobernanza, el fortalecimiento institucional, el cumplimiento del estado de derecho y otras.
Se puede pensar que existe una aparente contradicción, ya que por un lado hay indicios de una reducción en la percepción de riesgo país, medido por EMBI, pero por el otro esa mejora no se ha traducido en un cambio positivo sustancial de la evaluación de riesgo, por parte de las agencias calificadoras.
Este desalineamiento de las percepciones de riesgo podría corregirse en un futuro próximo si las calificadoras llegaran a ponderar más la tendencia a la baja del EMBI dentro de sus evaluaciones, ya que, si bien es cierto la caída de este índice dura ya más de un año, solo ha alcanzado niveles de un dígito hace menos de tres meses. Aun así, este nivel sigue siendo relativamente alto con lo cual es muy difícil que ocurra dicha corrección.
Un acuerdo con el FMI apunta a ser la clave
Esta contradicción de las percepciones del riesgo país podría estar siendo determinada por las probabilidades de que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado, la mejora en el EMBI podría estar reflejando un comportamiento especulativo relacionado con un aumento en las expectativas de que se firme dicho acuerdo, tomando en cuenta el fortalecimiento macroeconómico de la situación fiscal. Por su parte, las calificadoras estarían esperando señales claras que muestren una dirección hacia la firma de un acuerdo, para hacer un cambio significativo en la calificación de riesgo. De hecho, el ligero cambio positivo que realizó Fitch a inicios de este año, calificado por algunos como “inexplicable”, fue justificado no solo por el pago a tiempo del bono 2023, sino también por la mejora de “las posiciones de liquidez fiscal”. Es decir, que las calificadoras están observando la tendencia macroeconómica positiva de las finanzas públicas.
Las negociaciones con el FMI ya duran más de dos años, pero no se han roto. Siguen viniendo misiones, sigue habiendo reuniones en Washington y se dan declaraciones vagas por ambas partes. Frente a esto algunos apuestan a que no habrá ningún acuerdo con el Fondo Monetario porque hay puntos de honor, de todos conocidos, sobre los que ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Pero este planteamiento pesimista olvida que el Fondo ya ha tenido comportamientos especiales y pragmáticos, firmando acuerdos con países que han enfrentado situaciones difíciles de deuda y que su situación no ha encajado exactamente dentro de sus parámetros tradicionales de evaluación.
Es obvio que la realidad del país ha cambiado, hay nuevos actores políticos y relaciones inéditas, tanto nacionales como internacionales, lo cual configura un escenario nacional bastante complejo, insertado en una situación regional muy complicada. Sin embargo, la existencia de afinidades ideológicas con importantes sectores de la política estadounidense y un elevado nivel de gobernabilidad, constituyen factores que no se pueden pasar por alto. Por su parte, el FMI no es un organismo con una visión economicista (“técnica”) sino que también sus políticas son “ambiciosas pero realistas” y además sus decisiones están influidas por los intereses de los Estados Unidos de América.
Pero lo fundamental es que la economía de El Salvador, como la de cualquier país subdesarrollado, necesita tener acceso a las fuentes externas de financiamiento para apoyar la creación de nueva infraestructura física, debido a la incapacidad para generar un ahorro interno considerable. Hay que recordar que la importancia de un acuerdo con el FMI no se debe solo al financiamiento que el propio organismo financiero puede otorgar, sino que también a que abre oportunidades de acceso al financiamiento externo privado en mejores condiciones. En adición, el actual perfil de deuda externa pública requiere una reestructuración que alivie el pago de su servicio y esto pasa por un acuerdo con el Fondo.
Las negociaciones serán duras, lentas, la política fiscal entrará en otra dinámica el próximo año y las posibilidades para un acuerdo con el Fondo Monetario serán mayores.
