“La bola está en la cancha de la Asamblea Legislativa y es ahora cuando no debe haber un paso atrás en la prohibición de la minería metálica”, afirma el activista de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Alejandro Labrador. Las miradas de organizaciones sociales, iglesia y comunidades afectadas por esta práctica están puestas en el próximo jueves 30 de marzo cuando los diputados voten ““a favor o en contra- de11 artículos de una legislación que prohibiría de manera definitiva la minería metálica en El Salvador.
Labrador explica que actualmente hay Ley de Minería vigente, y sería esta la que se derogue con una nueva normativa que prohíba ciertas prácticas nocivas. “Se saca de esta ley la minería no metálica y se está proponiendo la regulación y la búsqueda de alternativas para la minería artesanal; hay un grupo muy reducido de familias que la practica en La Unión, en donde hubo un antecedente de minería metálica”, apunta.
La Comisión de Medio Ambiente del parlamento salvadoreño, aprobó el pasado martes por unanimidad los 11 artículos para ley en medio de la señalada polarización, y si se logra mayoría en la próxima plenaria se pondría fin a una práctica que atenta contra el bienestar de varias comunidades del país y el medio ambiente.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, al igual que otras organizaciones aplaude la decisión, aseverando que va por el rumbo correcto, y esperan contar con al menos43 votos para su total aprobación. “Esperamos que esta buena voluntad la discusión positiva y técnica que se dio en la comisión ahora se traduzca en los votos que hacen falta para la prohibición”, remarca Labrador.
La iglesia ha reconocido la minería como una industria contaminante que atenta contra lo que denominan la “casa de todos”. Esta visión y el acompañamiento a las organizaciones han dado un mayor empuje a la causa.
Por otro lado, Labrador sostiene que la política pública se ha visto estancada al igual que debates fundamentales como el del agua. “Tanto los movimientos como la iglesia ven como una segunda prioridad en el panorama ambiental la prohibición de una industria que podría comprometer el rio Lempa y otras fuentes hidrográficas de las que depende la mayoría de la población”, dijo.
Este paso es, a juicio de las organizaciones, una victoria principalmente para las comunidades que hace unos años empezaron a detectar que la minería metálica no es una amenaza solo para ellos sino para todo el país. La lucha de las comunidades desembocó en una escalada de presión: demandas, persecución de ambientalistas, comunicadores y asesinatos que aún están impunes.
Asegura que el reto es seguir abriendo espacios para una sociedad más participativa, que represente a los sectores más vulnerables y más desprotegidos, que las políticas en materia ambiental se acerquen cada vez más a su realidad y que El Salvador se deje de ver como “una finca sobre la cual deciden pocos”.
La comisión resolvió en tiempo récord la petición expresa de la Iglesia Católica junto a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y otras entidades. De aprobarse, la ley sería de orden público y tendría carácter retroactivo, es decir que los permisos o solicitudes que ha otorgado o estudia el Ministerio de Economía (MINEC) para explotación y exploración minera quedarían sin efecto.
