El Estado de El Salvador debe cumplir con los compromisos internacionales contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de NNUU, en materia de vivienda adecuada, exigen las organizaciones sociales FESPAD y MOVITIERRA, en su declaración en ocasión del 35 años de la Declaración del Día Mundial del Hábitat.
La Asamblea Legislativa debe armonizar “la normativa nacional con la internacional; y apruebe una ley que desarrolle el derecho a la vivienda adecuada; de igual forma derogue el Decreto Legislativo N° 23 – 2009 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, por promover los desalojos forzados”.
Igualmente, el Órgano Ejecutivo debe formular “una Política o Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, con amplia participación ciudadana, con perspectiva de género, orientada a la reducción del déficit habitacional, cuya implementación permita cumplir el Derecho a Vivienda desde la perspectiva social”.
Mientras que al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Vivienda, y las instituciones estatales para la vivienda social (FONAVIPO y FSV) debe generar “propuestas de soluciones habitacionales efectivas para las familias de escasos recursos, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, para quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda, para quienes no tienen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en que habitan y que no cuentan con una vivienda adecuada”.
El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) aseguran que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas – ONU-, mediante la resolución 40/2021, emitida en diciembre de 1985, declaró como Día Mundial del Hábitat el primer lunes del mes de octubre de cada año, con el propósito de que los Estados reflexionen sobre la situación de los pueblos, ciudades y sobre el derecho a una vivienda adecuada”.
“El Salvador ha suscrito y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por lo que ha adquirido obligaciones internacionales frente a la ciudadanía. El artículo 11 del Pacto establece: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuada, y una mejora continuada de las condiciones de existencia”. El derecho a la vivienda adecuada está desarrollado en Observaciones Generales N° 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU”, reza el comunicado.
La situación de vivienda en El Salvador no es alentadora
Según las organizaciones cívicas, ”un reconocimiento especial de ese derecho lo realiza la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (párrafo 2 art. 14) y la Convención de los Derechos del Niño (Art. 27). A pesar de lo anterior, la niñez, mujeres, y un alto porcentaje de población en general no cuentan con ese derecho. La situación de vivienda en El Salvador no es alentadora, de acuerdo al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) el déficit total por unidades de vivienda es de 1,388,477, señalando que el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo asciende a 91%”.
En el área urbana de El Salvador un 22.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de éstos, el 4.5% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 18.3% están en pobreza relativa. En el área rural, un 24.8% de hogares se encuentran en situación de pobreza; de los cuales el 5.2% está en pobreza extrema y el 19.6% en pobreza relativa.
La continuidad en la entrega de créditos para la obtención de vivienda ha sido uno de los logros señalados por el órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Vivienda y algunas instituciones relacionadas como el Fondo Social para la Vivienda (FSV) y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO); a mayo de 2020 señala que han beneficiado a 460,000 salvadoreños. Sin embargo, el acceso a los créditos referidos es limitado teniendo que muchas personas no reúnen los requisitos para obtener dichos créditos por no contar con un empleo formal y permanente o sus ingresos son insuficientes.
La zozobra y amenazas de desalojo permanentes son parte de la realidad que viven las personas habitantes de asentamientos humanos en diferentes partes del país, al no contar con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en la que habitan, como un elemento que garantiza el derecho a la vivienda adecuada. Ejemplo de lo anterior son las comunidades ubicadas sobre el Bulevar Costa del Sol: Victoria 2000, del municipio de San Pedro Masahuat; El Mozote, El Conchalito, Los Tubos, Brisas de Jaltepeque y La Puntilla, del municipio de San Luis La Herradura, todas del departamento de La Paz. Muchas de ellas han sufrido amenazas de desalojo, intento de estafa por personas particulares, y hostigamiento por empresas privadas; todo con el propósito de aprovecharse de su condición de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos.
Comunidades aledañas han sufrido desalojos, como es el caso de pobladores en la Isla Tasajera. En la misma situación se encuentran las comunidades La Cuchilla, y Jehova Jireh, ambas del municipio de Antiguo Cuscatlán; quienes llevan luchando más de veinte años por una vivienda adecuada. En una situación similar se encuentran los asentamientos humanos ubicados a los costados de la línea férrea a nivel nacional que no han sido beneficiados por decretos de desafectación, por lo que sobre ellos pesa una permanente amenaza de desalojo. En esas condiciones se encuentran innumerables comunidades a quienes no se les garantiza una vivienda adecuada.
A pesar de los esfuerzos que realizan las comunidades para ser escuchadas por las autoridades gubernamentales para encontrar una solución a su problema habitacional, esto no ha sido posible; al contrario, ya que los espacios de interlocución para atender el tema entre el gobierno y comunidades, junto a otros sectores sociales, ha sido eliminado; tal y como sucedió con el Consejo Consultivo de Vivienda y Hábitat que estaba instalado e integrado por diversos sectores de la sociedad, el cual fue disuelto por el actual gobierno.
Ante la difícil situación que enfrentan las comunidades, actualmente no se cuenta con una normativa nacional que desarrolle el derecho a la vivienda adecuada o una política o plan nacional de vivienda.
