Es indignante ver cómo la prensa y la sociedad se lanzaron voraces contra una joven estudiante de una institución pública que fue protagonista de un hecho que calificaron como “aberrante”, un aborto.
Ese hecho, sucedido el pasado 11 de agosto, provocó la indignación de toda la población y autoridades que se volcaron contra ella con todo el peso moral y religioso recalcitrante, que nuestro estado laico, no ha querido abolir.
La pasada semana se dio a conocer mucha información sin confirmar en torno al caso, que comenzó a circular en las redes sociales. Los medios de comunicación comenzaron a lanzar nota tras nota con textos discriminatorios hacia la joven, juzgándola sin conocer exactamente los hechos; y por supuesto la población que tiene acceso a estas redes se apresuró a condenar duramente, exigiendo el castigo más duro para ella.
Me sorprendió ver en un noticiero televisivo la forma poco responsable en el tratamiento de la noticia. Pudimos observar cómo al centro escolar se apresuró la policía acompañada por efectivos del ejército, la fiscalía y medicina legal. El periodista insistía en saber la “verdad” preguntándole a los jóvenes del instituto (despachados temprano por el escándalo) qué sucedió, pero estos no decían mucho: que no sabían exactamente lo que pasó, solo que alguien había abortado en el baño. Luego, el equipo periodístico se trasladó al hospital donde se encontraba la joven, por supuesto custodiada por la policía, pero no le dieron información.
Sin embargo, las especulaciones no cesaron. Es curiosos ver cómo muchas noticias en las que es necesario que como población nos pronunciemos, simplemente no les damos importancia. Pero en este presunto aborto de una joven estudiante, no.
Y justamente las noticias llenas de especulaciones y aseveraciones irresponsables seguían saliendo: que el bebé nació vivo y la joven la ahogó en el inodoro, que probablemente un pastor evangélico la embarazó, y así cientos de comentarios la siguen señalando y estigmatizando.
Ahora me pregunto, ¿por qué no vemos hacia adentro?, ¿acaso le hemos dado a la muchacha las herramientas para defenderse?, ¿tiene educación sexual y reproductiva de calidad?; ¿Cuáles serán las repercusiones en su vida, su familia?
Pensaba en estas y más preguntas el día en que la sociedad se le fue encima a la joven, irónicamente, en la víspera del Día Internacional de la Juventud, fecha establecida por las Naciones Unidas para hacer un llamado a los Estados a reconocer y reivindicar el rol activo y liderazgo de la juventud.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), actualmente América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Cuenta con 156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, el 26% de la población, pero carecen de oportunidades y se enfrentan a graves dificultades como: la pobreza, el desempleo, bajos niveles de educación, estigmatizados por la violencia y los altos índices de embarazo adolescente.
UNFPA estima que 4.7 millones de adolescentes en 2020 serán madres antes de los 18 años en América Latina. Esto tiene graves consecuencias en términos de oportunidades y derecho, así como desarrollo para las naciones.
En el caso específico de El Salvador, existe un alto grado de penalización hacia los embarazos adolescentes y niñas, olvidándose casi por completo de la responsabilidad paterna. Pero ahondando a eso existe un grado más de dificultad y con repercusiones muy fuertes, me refiero al aborto. Recordemos que El Salvador se encuentra dentro de los únicos 7 países, de los 34 que compone el continente, donde el aborto bajo ninguna circunstancia está permitido y es altamente penalizado.
Un ejemplo es justamente este, porque a pesar de que la Fiscalía aún no cuenta con evidencia fuerte en el caso de la estudiante, ya la acusó de homicidio agravado, como regalo del Día Internacional de la Juventud.
Más de un centenar de mujeres en el país pagan largas condenas en la cárcel sin tener la oportunidad de defenderse, sin saber si realmente fue un problema obstétrico o no. Y este podría ser uno de esos casos, según lo expresó en sus redes sociales la reconocida abogada Bertha María Deleón, quien fuera parte de la querella en el caso Flores y ahora es defensora de la muchacha. Ella señaló que a pesar de que el Instituto de Medicina Legal ha indicado que fue un aborto espontaneo por una infección bacteriana de la madre, la Fiscalía General de la República insiste en acusarla de homicidio agravado.
A pesar de que las investigaciones aún están en proceso, la joven ya fue juzgada, no por un juez, sino por los medios de comunicación y la sociedad que se dan golpes de pecho por el hecho, pero sin abonar a la problemática que no es nueva. Y mientras esta discusión estéril y llena de especulaciones se desarrolla en los medios de comunicación, una joven podría pasar casi su vida entera tras una celda.
