Por Carlos Santiago Sorto Álvarez
Ante el debate que ha causado la recién Ley de disolución y liquidación des Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), la Ley de creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Reforma a la Ley del FODES, se vuelve necesario aclarar los siguientes aspectos.
Efectivamente, el día 17 de noviembre del presente año, bajo el Decreto N° 209 emitido por la Asamblea Legislativa, fue disuelto y liquidado el ISDEM, y creada la Dirección de Obras municipales (DOM), que tiene por objeto constituirse en la autoridad del estado, responsable de calificar, aprobar, contratar y ejecutar los proyectos de inversión, financiados con los recursos provenientes de los fondos asignados en su presupuesto y con otras fuentes de financiamiento. A esto se le suma la reforma a la Ley del FODES cuya asignación de fondos para las alcaldías baja del 10%; que anteriormente eran ejecutados por las municipalidades; a un 6%, de los cuales, según su normativa, el 1.5% (el 25% de la asignación) será utilizado por las municipalidades para su operación y funcionamiento y el restante 4.5% (el 75% respectivamente) de la asignación presupuestaria, ahora será ejecutado por el DOM.
Dichos cambios han despertado diferentes comentarios, como los que califican que significa un retroceso en materia de descentralización, al restarle ejecución a las municipalidades a las municipalidades, otros comentan que el DOM como nuevo ente rector, no tuviere la capacidad ejecutora en las 262 comunas, así mismo, se le acusando apriori de la reducción programas o proyectos sociales (becas y otros) priorizando en aquellos de infraestructura, como caminos puentes entre otros.
El Desarrollo Económico y Social, como una política pública desde el gobierno central en nuestro país, merece volver al modelo original, cuyo abordaje debe de girar en torno a Metas y Objetivos Priorizados, traducidos en Proyectos y Programas que garanticen la “Reducción de la Pobreza”, como fin último, generando un impacto directo en la Reducción de la Desigualdades Sociales Históricas, que se han venido arrastrando de generación en generación.
Para ello es necesario superar aquella visión tradicional de Desarrollo Local basado en una supuesta “Descentralización”, concepto acuñado tradicionalmente, cuando los proyectos eran ejecutados por las Municipalidades en las diferentes comunidades, ahora, y regresar al modelo original, esto significa que los proyectos de infraestructura y programas sociales siempre se estarán desarrollando en las comunidades, cambiando únicamente el ente ejecutor, en este sentido, la descentralización de la inversión pública no depende del ente ejecutor, sino de las comunidades en donde esto (inversión) se desarrolle, considerando para ello a las empresas, mano de obra calificada y operarios de las comunidades, para su dinamización económica.
El otro tema en discusión, es el concepto de Desarrollo Social, que parte del principio que, para que este exista, debe de Priorizarse sobre las necesidades Básicas Humanas de los ciudadanos, garantizando gradualmente la reducción de las Desigualdades Sociales, porque “No podemos invertir en obra de infraestructura (obra gris) en algunas comunidades, cuando en otras, no existen servicios básicos de agua potable y energía eléctrica”, anteponiendo la priorización, como criterio técnico para la inversión.
Esta nueva Dirección Gubernamental (DOM), tiene un gran potencial para convertirse en una política pública de inversión integral y transversal, que corrijan la plana en algunos de los desaciertos se han venido cometiendo a lo largo de los años como la falta de priorización en la inversión, que no ha primado sobre las necesidades humanas básicas fundamentales de los ciudadano, asimismo, procure una Cultura de desarrollo Articulado, garantizando la inversión en Convenios, con las diferentes entidades gubernamentales; ANDA, MOP, FOVIAL, MAG, MITUR, etc., particularmente en materia de mejora de infraestructura básica-productiva y/o formación de Capital Humano, que generara un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, “Prefiero la mal llamada Centralización para la igualdad de oportunidades, que el modelo tradicional de “descentralización” cuando esta generaba o mantenía las desigualdades sociales que resignaron a varias generaciones, a vivir en condiciones de pobreza.
