La respuesta a la crisis de la pandemia del COVID 19, fueron medidas excepcionales, inéditas y oportunas. Sin tener conocimiento pleno de lo que se enfrentaba, había que actuar con lo que se tenía, con celeridad, con opción preferencial por las mayorías, con intuición, teniendo en cuenta la referencia de lo hecho y dejado de hacer en China y Europa. Poco a poco, y con la información cambiante, hoy se tiene mucha más claridad, pero aún con una alta dosis de incertidumbre.
Falta la concreción de varias medidas entrampadas en la inercia legislativa y datos anualizados, para poder hacer un balance más objetivo de los impactos con base a evidencia, pero, considerando el entorno y la reapertura de las actividades económicas, se puede realizar una primera valoración.
La oposición puede cuestionar que las medidas adoptadas no siguieron el “proceso institucional” de un Estado democrático moderno, algunos hubieran esperado una comisión de notables, con el resultado de un informe allá por mayo-junio, con diagnóstico, lista de medidas, mecanismos de evaluación, un comisionado y un cronograma de acciones; pero pueden negar, a casi 7 meses del despliegue por parte del Ejecutivo, lo acertado de las 30 medidas, incluida la cuarentena domiciliar, y que, haber priorizado la vida y atenuar el impacto económico en la sociedad, fue lo correcto.
La transferencia de recursos a las familias (los trescientos dólares, la bolsa de alimentos, el kit de medicamentos); la inversión en la mejora de la red hospitalaria y de recursos humanos, la integración del Sistema de Salud; el diferimiento de pagos de servicios de agua, energía eléctrica, telefonía, internet y cable, también de las obligaciones por créditos bancarios y comerciales; la protección laboral a las personas mayores de 60 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas; fueron una muestra de la importancia de la política pública de protección social y una acción por recuperar el papel de un Estado ausente.
Las facilidades a los contribuyentes para cumplir sus obligaciones fiscales y permitirles fondear sus operaciones de negocio; así como, la autorización de endeudamiento externo, por tres mil millones de dólares, muchos aún sin asignación presupuestaria, para suplir la caída de ingreso debido al impacto de la pandemia en la economía, en las empresas y las familias. Estas, fueron medidas acertadas, lo incorrecto e inmoral, es no asignar esos recursos en el presupuesto, en algún momento deberán responder por ese costo de oportunidad. Si bien, el endeudamiento agrava la presión fiscal y el costo anual del servicio de la deuda, para unas finanzas públicas ya deterioradas, y de la que sus responsables eluden su autoría. Eso era y es, en la coyuntura, la mejor alternativa; en el mediano y largo plazo, la estrategia para amortiguar este impacto, es priorizar sectores y buscar socios para el crecimiento económico, que resulte de una revolución productiva y una reforma fiscal progresiva.
Es correcto y urgente, la creación del Fideicomiso por 600 Millones de dólares, para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, para apalancar con subsidios el pago de cuatro medias planillas de empleados de la micro, pequeña y mediana empresa; para otorgar créditos a empresas que demuestren la afectación por la crisis del COVID-19; y, para el financiamiento productivo del sector informal, que muestre un historial en el sistema financiero nacional. No se trata de salvar empresas que ya estaban quebradas o insolventes antes de la crisis. Esto no es piñata.
Esta medida estratégica está detenida, desde principios de julio por la oposición política en la Asamblea Legislativa, que no autoriza la asignación presupuestaria correspondiente. Cada día de retraso en su aprobación por parte de los diputados es un empujón al cierre de empresas y su impacto negativo en el empleo; pareciera que es esto lo que buscan crear, un escenario de caos del que puedan responsabilizar a Bukele.
Muchos propietarios de pequeñas empresas para su reactivación efectiva requerirán de mayor apoyo, técnico, de marketing y de gestión estratégica, de plataformas de negocios, de inteligencia comercial, de soporte informático y de pasarelas de pago; esto pasa, por una adaptación de su entorno de negocio a la crisis pandémica y al cambio climático. también requiere, nuevas formas de cooperación y sinergia de instituciones públicas y privados. Un nuevo perfil de servicios públicos, es necesario.
No obstante, todas las medidas adoptadas, tener cerca de treinta mil contagiados y casi 850 fallecidos, son un saldo luctuoso y con secuelas humanas que debe reflexionarse y tener en cuenta que podíamos haber hecho más, si consideramos que, como país, no actuamos como uno, entonces el desastre prevenible se volvió un dolor inevitable para muchas familias.
Prevalece en la idea de los defensores del interés corporativo, que era mejor haber adoptado una estrategia de rebaño y no de contención como la que adoptó el gobierno de Bukele, es claro que estos grupos estarían felices y acompañando sin reservas, si este gobierno hubiera actuado como Jair Bolsonaro en Brasil.
La pandemia, ha puesto a luz en el rostro ciudadano lo que somos, un país ahogado en sus miserias, incapaz, hasta ahora, de resolver sus problemas desde el interés de las mayorías. Un país en un desorden organizado, donde la falta de institucionalidad y de políticas públicas es la forma de perfecta de gobierno, que, aunque no es electo, si ejerce poder en beneficio de minorías y camarillas.
Es importante asumir que vivimos en un país disfuncional para las mayorías, esa característica perversa, ha normalizado la pobreza, la riqueza extrema, la expulsión de sus ciudadanos, la corrupción, la violencia, la impunidad, la injusticia; en El Salvador, grandes contingentes de ciudadanos sobreviven en precariedad, exclusión y sin oportunidades de progreso, esa es la normalidad a cambiar, esa normalidad es la que no debe volver a acentuarse en nuestro ideario. El pueblo necesita una causa de identidad nacional, más allá del país de la sonrisa, más que ser los tristes más tristes del mundo.
Los que hicimos la guerra popular con la idea de forjar un mejor país, creímos y abrazamos el ideal romántico de la paz, empeñamos esperanza en el Acuerdo de Paz, y confiamos que, por fin, iniciábamos un nuevo despertar de justicia y libertad, de goce y prosperidad para nuestra gente. Pero tres décadas después, los déficits en desarrollo humano, democracia y justicia social, siguen siendo altos.
Me gusta este dicho de un buen amigo, nos farreamos la post guerra, no aprovechamos ese punto histórico de inflexión. En el fondo, esto fue así, porque las elites no tienen un compromiso nacional y 200 años después, comprobamos y padecemos, que no han ajustado sus prácticas políticas y la forma de hacer los negocios a un modelo de país integrado, de riqueza compartida, a una idea del ganar-ganar, ni a un sistema de libertades de su pueblo. La avaricia, especulación y autoritarismo son los valores distintivos de esta minoritaria, pero poderosa, elite.
La crisis, nos ha planteado nuevamente el reto de poder insertarnos de mejor forma a la senda del desarrollo humano, con progreso y bienestar para la población, debemos recuperar lecciones de los intentos hechos en nuestra historia reciente, asegurar, diversificar y hacer un uso eficiente de los factores productivos para el impulso de la producción nacional y limitar la dependencia de productos extranjeros, sin caer en la autarquía nuestro enfoque debe ser incluyente y GLOCAL, somos después de todo una patria de familias transnacionales. La meta es: que los dólares ya no vengan sólo de turismo a los centros comerciales del país, sino que vengan, circulen y tengan un efecto multiplicador.
Una nueva normalidad incluyente, antipobreza, requiere una alta dosis de humanidad, solidaridad y acción común.
