El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció que los once miembros de la junta directiva del primer Órgano de Estado, han renunciado al uso de las camionetas asignadas y el combustible para las mismas, que generó polémica entre la opinión pública debido a los privilegios excesivos de los parlamentarios, en contraste con la situación económica del país.
“Estamos declinando todos los 11 miembros de junta directiva al uso de las camionetas asignadas. Eso incluye también la dotación de combustible de $400 dólares para cada una de ellas”, expresó Quijano.
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Según opina el diputado del PDC, Rodolfo Parker, las camionetas podrían subastarse o ser donadas, dependiendo de lo que la ley permita, en vista que fueron adquiridas por licitación.
Quijano informó por su parte que ha planteado un recorte anual del 5% cada año, lo que equivaldría a $2.9 millones anuales. El presupuesto del primer Órgano de Estado es de $58.3 millones de dólares para este 2018.
Además, la Asamblea Legislativa tiene previsto disminuir la compra de combustible para los vehículos asignados a diputados, que pasará de $220 mil dólares al año, a $120 mil dólares.
Asimismo, Quijano afirmó que buscarán detener los excesos en compras de boletos aéreos para reducir también la asignación de viáticos.
Pese a esta demostración de austeridad que ha dado la Asamblea, aún hay diputados que muestran escepticismo y señalan que la austeridad es a medias.
“Yo veo una austeridad a medias o mediática, solo para que la prensa diga que somos austeros cuando en realidad no estamos eliminando el problema de raíz. Si estamos entregando las camionetas, se tienen que entregar también los pick-up doble cabina, tanto de los directivo, como también de los jefes y subjefes de fracción”, dijo el diputado del partido GANA, Numan Salgado a medios locales.
El uso de camionetas y combustible, aunado a la propuesta de construir un nuevo edificio legislativo, ha generado polémica e indignación entre usuarios de redes sociales quienes rechazan los privilegios del primer Órgano de Estado, en contraste de la situación que viven hospitales públicos como el Hospital Rosales, cuyo presupuesto de renovación está estancado en la Asamblea Legislativa.
