El Gobierno de El Salvador (GOES) “está aplicando ya muchas propuestas consignadas en el artículo IV del Fondo Monetario Internacional e incluso de manera más rápida y con magnitudes mayores que ya están generando impactos en sectores vulnerables y en particular en las mujeres”, es uno de los principales hallazgos que la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUNDECEN) y OXFAM presentaron como parte de los resultados de su reciente investigación titulada “Análisis de impacto de las medidas de ajuste fiscal en el marco de las negociaciones con el FMI”.
Entre las propuestas del ente financiero hacia el país está la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y de subsidios; sin embargo, el estudio señala que ambas “sobrepasan lo sugerido por el FMI”, lo cual genera un incremento en la desigualdad y la pobreza, así como un alto impacto negativo hacia las mujeres.
El FMI proponía una reducción del FODES que rindiera un 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero el GOES lo redujo a $279.5 millones, que representa aproximadamente el 1 % del PIB, es decir, el doble de lo recomendado por la institución financiera, apunta la investigación.
de pobreza relativa. Gráfico: informe de FUNDECEN y OXFAM.
Asimismo, con respecto a los subsidios, el FMI propone una disminución del 0.25 % del PIB; pero, en 2020 el transporte público y gas licuado presentaron una reducción del 80 %, es decir, $92.4 millones. Ante esta situación, se estima “un incremento de 46,926 personas en pobreza general de las cuales 25,000 son mujeres”. Adicionalmente, “16,857 personas transitaron a la pobreza extrema por dicha reducción, de las cuales 8,981 son mujeres”, expone el informe.
Por otro lado, según la indagación, una de las políticas que el GOES ha aplicado “igual a lo que propone el FMI” es la centralización de las compras y grandes proyectos de inversión.
Esta medida, de acuerdo con el FMI, podría “favorecer la eficiencia y la transparencia”; no obstante, el equipo investigador argumenta que la Ley simplificada de adquisiciones para obras municipales, aprobada en noviembre de 2021 por la Asamblea Legislativa, por el contrario “promueve el uso discrecional de los recursos públicos y no establece mecanismos de rendición de cuentas que garanticen el acceso a información pública que permitan evaluar los procesos de compras y la utilización eficaz de los recursos públicos”.
Por otra parte, el estudio enfatiza que existen varias recomendaciones del FMI en las que se desconoce información sobre su aplicación por parte del Gobierno, entre ellas se están: el aumento de contribuciones especiales, aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aumento del impuesto sobre la renta, impuesto a las ganancias de capital y servicios de “streaming”, impuesto a las emisiones de CO2, impuesto a la propiedad y eliminación de exenciones de IVA y renta.
Ajuste fiscal según equipo investigador
En ese sentido, FUNDECEN y OXFAM proponen que según las circunstancias salvadoreñas el país “requiere de una redefinición de la Política Fiscal, que se aleje de un enfoque de ajuste recesivo, de corto plazo, distante de las realidades desiguales”.
Afirman que la política fiscal debe fundamentarse en un enfoque que fortalezca los derechos humanos y el desarrollo sostenible “con una perspectiva de largo plazo que preserve la capacidad productiva y que reduzca las desigualdades en los sectores vulnerables como la población en situación de pobreza, las mujeres, la niñez, la juventud, los adultos mayores y población rural”.
Asimismo, enfatizan en que se requiere “un Estado transparente en la gestión de recursos públicos y en la rendición de cuentas frente a los resultados esperados”.
Además, que las medidas de gasto estén orientadas a reducir el gasto improductivo (remuneraciones eventuales y diversas, pasajes y viáticos, seguros, comisiones, entre otros), con el fin de fortalecer el financiamiento de la política social “enmarcada en una visión de protección social que garantice universalidad en la garantía de derechos y una visión sistémica de desarrollo”.
Ya que, según el estudio, los gastos improductivos se han mantenido con un promedio de $752 millones en el “período prepandémico”, entre 2007 y 2019, y se observa “un crecimiento sustancial en los años 2020 y 2021 en donde el gasto improductivo ascendió a $876.8 y $991.7 millones de dólares respectivamente”, esto último en el marco de la pandemia por Covid-19.
