Por Francisco Martínez
Reconociendo la soberanía y la autodeterminación del pueblo, la responsabilidad delegada en sus representantes, sin desconocer el contexto planetario, las tendencias del entorno; y, asumiendo con realismo que el pacto social que hasta hoy nos rige está agotado. Los salvadoreños debemos construir un nuevo pacto político social, mediante una nueva norma fundamental.
La Constitución de 1983, basada en la Constitución de 1950, fue en esencia una respuesta reaccionaria y contrainsurgente de las élites, ante la posibilidad de cambio social mediante una revolución armada.
Pero el cambio es la constante en la historia, y si bien, no se dio el quiebre de la correlación de fuerzas como producto de la guerra civil, la no solución de los problemas históricos y estructurales, terminaron generando: el cansancio, enojo, decepción y frustración popular, que provocaron en 2021 una revolución electoral, que ha generado un nuevo momento político, una nueva hegemonía que si puede impulsar las transformaciones pendientes, que debe hacer realidad los sueños de un El Salvador mejor.
Las propuestas de reforma a la Constitución que se han hecho públicas recientemente por el equipo Ad Hoc que lidera el Vicepresidente Félix Ulloa, son, en esencia un compendio de iniciativas y aspiraciones pendientes de realización; estas, abren un importante espacio para el debate en la sociedad salvadoreña; y, ya han motivado la respuesta reaccionaria y conservadora de las elites y sus adláteres que ven perder sus privilegios en el uso del poder del Estado.
Las propuestas son la idea de una nueva constitución, que pone al Estado en su lugar, que asume el rol subsidiario y procurador del bienestar social, es reivindicar que el Estado si importa; además, se libera al Estado de su secuestro por las élites y por la política corrupta.
La propuesta de reformas rompe el paradigma neoliberal del mercado por encima de la sociedad y asume la tarea pendiente para dar pie a un Estado de bienestar.
En el centro se coloca la vida de las personas, la dignidad y calidad de existir a lo largo del ciclo de vida y en las relaciones con otras personas y con las instituciones del Estado.
Esta idea de nueva constitución adopta las bases de un nuevo pacto verde (green new deal), al asumir que el Estado procurará el desarrollo económico y social sostenible, que las actividades económicas serán en estricta armonía con el medio ambiente, que la expropiación procederá también para la preservación del medio ambiente.
Se expresa en la propuesta de reformas, un reforzamiento de la democracia representativa con mayores niveles y espacios de participación de las personas para un nuevo modelo de convivencia social al incluir las consultas ciudadanas: el plebiscito, el referéndum, el revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas.
Con esta propuesta, se sale de la encrucijada de seguir el rumbo del atraso feudal y el subdesarrollo y se adopta un nuevo camino con base a un cambio de las relaciones de poder, con un enfoque de derechos y participación activa de las personas en la toma de las decisiones.
También, se enfrenta al virus de la desigualdad, la inequidad y de la exclusión mediante el enfoque de derechos, la subsidiariedad del Estado (mediante una amplia red de apoyos) a lo largo del ciclo de la vida de las personas y de la igualdad de oportunidades, y se promueve y procura el bienestar y la sostenibilidad.
Se asume de frente el combate a los problemas históricos y estructurales que nos han empobrecido y condenado al subdesarrollo:
- Combate a la pobreza, mediante la procuración para lograr el desarrollo humano sostenible y procurar por sobre todo una distribución más justa y equitativa de la riqueza nacional y en estricta armonía con el medio ambiente;
- Combate a la injusticia y a la discriminación, mediante el rol subsidiario del Estado, que, para cumplir sus fines, asegurará que, los presupuestos públicos, las políticas públicas, las leyes de la República y las instituciones del Estado, se rijan por los principios universales de derechos humanos, para asegurar el bienestar social de la población.
- Combate a la impunidad mediante un sistema de justicia moderno, ordenado e integrado en su gestión y enfocado en la aplicación pronta de la ley con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Se establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y se reconoce el derecho a la Verdad. y,
- Combate a la corrupción mediante un sistema de contraloría publica y social, que integra la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la Defensoría del Consumidor.
La propuesta de reformas a la Constitución es el anuncio de un futuro en gestación presente, es un mejor país en construcción para el desarrollo pleno de las personas y sus familias.
Ese cambio del estado de cosas, del estatus quo actual, es posible hoy. Ese es el nuevo paradigma: el estado, la sociedad y la familia en función del desarrollo humano sostenible de las personas.
Esta transformación, en proceso de materialización, es el resultado de décadas de resistencia popular, de la entrega de miles de hombres y mujeres, generaciones de salvadoreños que plantaron batallas contra el poder oligárquico y que no claudicaron a pesar de que esa esperanza de un país nuevo no la verían, muchos no vieron un nuevo El Salvador a pesar de su entrega total.
Las propuestas buscan generar el mayor valor público, procurando que se eleve la calidad, de los marcos regulatorios y de las políticas públicas para, mediante una articulación de instituciones y la participación activa de la sociedad brindar los mejores servicios del Estado para el desarrollo humano sostenible.
Las propuestas presentadas seguirán el proceso establecido en el Artículo 248 de la Constitución, en este periodo legislativo se aprobarán, previo debate y consulta, las reformas propuestas; y, en el periodo legislativo 2024 a 2027 se someterán a su ratificación, de ahí lo estratégico de las elecciones generales de 2024, para legitimar y ratificar una nueva constitución.
Por tanto, no es un acontecimiento caprichoso, es una gesta política que reivindica las aspiraciones del pueblo. Por eso el optimismo y respaldo consciente de la gente, por eso el momento es hoy.
Es una oportunidad para los movimientos sociales, para los luchadores sociales, para los demócratas salvadoreños de reivindicar nuestras luchas y de asegurar que esta vez no nos roben el sueño de un El Salvador mejor.
A doscientos años de iniciada la vida republicana de El Salvador se ha abierto un proceso para adaptar nuestra constitución a las realidades del siglo XXI y responder a las demandas y necesidades de bienestar, justicia y libertad de los ciudadanos salvadoreños.
