La criminalización de quienes defienden el medio ambiente, la violación a derechos humanos y la venta de los territorios al mejor postor a consecuencia de la minería, son el común denominador en los países centroamericanos, y son parte de las conclusiones destacadas del cónclave desarrollado entre activistas y defensores de derechos humanos para luchar contra los proyectos mineros en la región.
Esta represión por parte de las empresas extractivistas han cobrado muchas vidas a lo largo de la historia Centroamericana, manifestó Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras (ERIC-SJ).
“En el caso de Honduras, según el informe de Global Witness, somos el país más peligroso del planeta para defender el ambiente, donde han sido asesinados al menos 123 hombres y mujeres en conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente y los territorios”, señalo Landa.
Prueba de ello son las más de 100 concesiones de territorios en Santa Bárbara en Honduras para desarrollar proyectos de minería y represas; sin embargo, han encontrado oposición y resistencia de las comunidades, denunció Eunice Ramírez pobladora de dicha localidad.
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Además, este modelo extractivista está generando una severa crisis de agua en la región centroamericana, particularmente en Guatemala aseguró el representante del Colectivo Madre Selva de Guatemala, José Cruz.
“Guatemala es un país con una gran capacidad de recarga y recursos hídricos; sin embargo, el abuso de las empresas extractivistas, de la minería, de las grandes hidroeléctricas, de mega plantaciones de caña, de palma africana y de banano, están generando una carencia de agua en el país”, concluyó.
De ahí la importancia de intentar cerrar filas en la región ante los proyectos extractivistas, aseguran. Distintas organizaciones de cuatro países se han unido en un frente común, declararon las activistas durante un foro regional denominado: “Impactos y desafíos de la Minería Metálica en América Central”, realizado en la ciudad de Managua, Nicaragua.
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“Hacemos el lanzamiento oficial del proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil y su trabajo de defensa del medio ambiente y derechos humanos a nivel regional, en el cual estaremos compartiendo acciones de articulación y de esfuerzos entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras”, expuso Heizel Torres, representante del Centro Humboldt, de Nicaragua.
Ante esta avasallante represión de las empresas mineras en complicidad con los gobiernos locales, la única opción es la organización para la resistencia, señaló el presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Bernardo Belloso, al compartir la experiencia exitosa del país.
“Compartir como El Salvador los aciertos y desaciertos que hemos tenido en la lucha durante el camino que desarrollamos para garantizar que en la Asamblea Legislativa se aprobara una ley que prohíba la explotación de la minería metálica, hacemos énfasis que la población en toda Centroamérica debe estar organizada y fortalecida para enfrentar a cualquier trasnacional que quiera hacer uso de nuestros bienes naturales para hacerla mercancía”, destacó Belloso.
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Este encuentro, que contó con la participación de unos 40 representantes de organizaciones y comunidades en la región, busca fortalecer la comunicación e intercambio de experiencias de organizaciones y comunidades afectadas y establecer una plataforma que visibilice los impactos de la minería y promueva la regulación efectiva de industrias extractivas.
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Fotos cortesía de José Cruz y Pedro Landa.
