En el marco de la segunda conmemoración del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, representantes de comunidades y organizaciones ambientalistas y sociales salvadoreñas pidieron justicia en el esclarecimiento del caso al gobierno de Honduras.
Los activistas demandan justicia en el caso de la ambientalista asesinada el 2 de marzo de 2016. El motivo de su asesinato fue su férrea oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, operado por la empresa DESA, que afectaría de manera negativa al rio Gualcarque.
"Ante la ausencia de justicia del asesinato de nuestra querida Berta, estamos exigiendo justicia contra los autores intelectuales del hecho, por eso estamos presentes frente a la embajada hondureña para demandar justicia", manifestó Vida Ayala, presidenta de Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
Además, las manifestantes se pronunciaron contra los atropellos a los derechos humanos cometidos por lo que llaman “dictadura de Juan Orlando Hernández” en Honduras, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, comentó Pedro Cabezas facilitador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN).
“Desde el golpe de Estado contra el expresidente Mel Zelaya (en el año 2009) se han cometido más de 500 asesinatos contra defensores de derechos humanos, ambientalistas, de diversidad sexual, sindicalistas, campesinos, periodistas. Por eso denunciamos estas violaciones de derechos humanos y demandamos un dialogo vinculante con todas las fuerzas democráticas en dicho país”, argumentó Cabezas.
El asesinato de Berta Cáceres es emblemático de un patrón de persecución contra defensores ambientales y de derechos humanos que ha incrementado paulatinamente en la región centroamericana en la última década, aseguran las organizaciones.
“El asesinato de Berta Cáceres en sí mismo, fue un mensaje para las todas personas de comunidades de Honduras y América Latina que defienden los bienes naturales, dejando establecido que los intereses de las grandes corporaciones están por encima de los intereses de las comunidades, y que cualquier persona de comunidad o de organización se oponga a este modelo de extracción de los bienes naturales puede ser asesinado”, aseguró el investigador Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.
El caso de impunidad de Berta Cáceres y más de 60 líderes asesinados en defensa del medio ambiente y de la tierra en 7 años en Honduras mantienen a esta nación como uno de los países más peligroso del mundo para las defensoras de los bienes naturales, señala la última investigación de la organización internacional Global Witness.
Según el reporte publicado en 2017, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México se encuentran entre los diez países con la más alta tasa de criminalización sistemática contra los defensores ambientales y la más alta negligencia ante las denuncias interpuestas por organismos de derechos humanos por la persecución que son objeto por entes no estatales.
