El proyecto de Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, de aprobarse tal cual se ha propuesto, tiene como componente principal la asignación presupuestaria para instituciones públicas y municipales para la ejecución de medidas, proyectos y programas específicos en pro de personas con discapacidad.
La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad consideró oportuno citar al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes y a la presidenta de Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas.
La propuesta en análisis contempla que al menos el 5% del presupuesto asignado a las entidades públicas debería utilizarse para la atención e inclusión de personas con discapacidad. Para el presidente de la comisión, diputado David Reyes de (ARENA), “el presupuesto es el corazón de esta ley, porque sin asignación presupuestaria para los proyectos de inclusión de personas con discapacidad no estamos legislando”.
Durante la discusión que han mantenido los parlamentarios coinciden en la necesidad de fijar un porcentaje del presupuesto; sobre esa base, la diputada Guisela de Portillo del (FMLN) opinó: “Estamos conscientes de la realidad de nuestro país, pero si no se deja un porcentaje especificado en esta ley, será tiempo perdido”.
En el mismo sentido, la diputada Eeileen Romero del (PCN) precisó en que “el objetivo de esta ley es que tenga dientes para su ejecución debido a que la Ley de equiparación de Oportunidades no tenía un presupuesto asignado y por eso es una ley muerta. El propósito es crear una línea presupuestaria dentro del Presupuesto General de la Nación que sería algo nuevo para la ejecución y protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
Los diputados de esa mesa de trabajo legislativo reiteraron, en el cuerpo de ley en estudio, el derecho de ese sector de la población a conformar una familia.
