Tras haber cumplido con los procedimientos que mandata el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para constituir oficialmente la nueva legislatura, este jueves se llevará a cabo la Sesión Solemne Inaugural, que se celebra para dar inicio a las funciones legislativas.
La sesión que está convocada para las 10:00 a.m. contempla en su agenda un solo discurso que está a cargo del presidente del Congreso, Norman Quijano.
Al evento están invitados los presidentes de la República y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como el Gabinete de Gobierno, Cuerpo Diplomático y familiares de las diputadas y diputados que conforman la nueva legislatura para el ejercicio 2018-2021.
Además, un ceremonial que comprende el ingreso de la honorable Asamblea Legislativa, verificación del quórum y apertura de la sesión solemne, y llamamiento a diputados suplentes
Asimismo, ingreso de la honorable Corte Suprema de Justicia, del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, e ingreso del pabellón nacional
Posterior a ello, el mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y luego retiro del pabellón
Inmediatamente el presidente legislativo convoca a las 20 comisiones permanentes para que inicien sus funciones, señala fechas y horas en las que sesionará cada una de las instancias legislativas.
Días previos a esta sesión solemne, Norman Quijano aseguró que no habría banquete para los invitados como en eventos anteriores, debido a su visión de austeridad para el primer Órgano de Estado.
Con esta sesión solemne queda inaugurada la nueva legislatura, iniciando sus labores constitucionales para el periodo 2018-2021.
Protestas frente a Asamblea
Más temprano, miembros de varios sindicatos del país bloquearon este jueves uno de los accesos principales a la Asamblea Legislativa, en protesta por la iniciativa de la Ley de Servicio Público que desde hace años estudia la Asamblea.
A juicio de los manifestantes, la referida ley terminaría con los derechos laborales de los empleados públicos.
Esa iniciativa, busca que establecer una regulación para que el contrato de los empleados públicos se base en capacidad, mérito y honestidad para que los servicios del Estado sean eficientes y de calidad.
La ley no ha sido aprobada y sigue en discusión en el primer Órgano de Estado.
