La Asamblea Legislativa aprobó anoche con dispensa de trámite la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, que complementa a la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, aprobada en junio de 2023.
Esta nueva legislación se creó con el propósito de dar a las 44 nuevas alcaldías las herramientas necesarias para llevar a cabo los cambios administrativos requeridos por la fusión de los distritos, a partir del 1 de mayo.
La Ley Especial de Transición establece un plazo de dos años para que los concejos municipales lleven a cabo las acciones administrativas y financieras que queden pendientes antes del cierre contable, es decir, el 30 de abril, que coincide con el fin de las funciones de los municipios que se convertirán en distritos.
El incumplimiento de estas responsabilidades acarrearía la destitución e inhabilitación para funciones públicas por diez años de los funcionarios y empleados correspondientes, según lo dispuesto en el proyecto leído durante la sesión legislativa.
“Los funcionarios y empleados que no ejecuten las labores que les competen para el cierre y liquidación antes referida en un plazo máximo de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para ejercer funciones públicas por un periodo de diez años”, establece la Ley.
Asimismo, se contempla un período de dos años para que las 262 municipalidades que presenten atrasos en sus cierres contables regularicen su situación y remitan la información financiera requerida a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, la legislación incluye la autorización para que los nuevos municipios puedan solicitar a sus acreedores financieros la modificación del destino de los préstamos suscritos con los consejos municipales anteriores, adaptándose así a la nueva estructura municipal.
