Con cierto asombro presenciamos el 14 de junio pasado que, diputados de los cuatro partidos de derecha, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de aguas.
¿Qué hilos se movieron para que pudiésemos ver esta “foto de familia”?; ¿Qué ha impedido que en pleno siglo 21 el país siga adoleciendo de una adecuada ley del agua?; ¿Cuál es el interés principal tras esta iniciativa conjunta de la derecha parlamentaria?, en fin, hay más preguntas que respuestas.
Es probable que la reciente aprobación en el país de una ley de prohibición de la minería metálica, ley inédita en el mundo, haya encendido las alarmas en algunos grupos de poder, y hayan decidido activarse para impedir que la efervescencia anti minería insufle orientación y contenido a una buena legislación sobre el recurso hídrico nacional.
Existen varias razones, algunas derivadas en sospechas, sobre el escepticismo con el que algunos sectores sociales y políticos hemos recibido dicha iniciativa legislativa. Entre las causas de este recelo está el “desinterés interesado” con el que algunos de los grupos políticos proponentes han tratado el tema del agua durante años; la visión y contenido excluyente de la propuesta de ley presentada; y la sordera con que la propuesta atiende las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua.
¿Por qué decimos que algunos de los partidos proponentes han mostrado durante muchos años un “desinterés interesado” en el agua?; pues las evidencias indican que desde hace muchos años pudieron haber creado la legislación y autoridad en materia de recursos hídricos y no lo hicieron. Lo peor es que tuvieron los recursos suficientes, como lo fue el préstamo por 43.7 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue contratado en marzo de 2000 para específicamente “la creación de una autoridad hídrica” y “la creación de un marco regulatorio del subsector agua potable y saneamiento”, con nulos resultados hasta la fecha.
Es probable que la legislación y autoridad del agua no han sido creadas aún porque hay sectores con suficiente poder político y económico que le tienen “alergia” al tema, probablemente porque son de los que suscriben la idea de que “la mejor ley es la que no existe” y mientras tanto que siga la explotación indiscriminada de un recurso cada vez más escaso en el país.
La propuesta de ley presentada por la derecha parlamentaria tiene una visión y contenido excluyente, prueba de ello es la integración de una autoridad del agua con presencia de la empresa privada y con ausencia de las comunidades y otros actores sociales; también, reducen el perfil de los comités de cuencas, con lo que limitan el funcionamiento de un mecanismo de participación ciudadana por excelencia.
La presencia de una representación empresarial en la autoridad del agua siembra grandes dudas sobre el real objetivo de esta propuesta de ley; la sospecha es que se continúe insistiendo en una visión mercantilista del agua, excluyendo la perspectiva social y ambiental, y con ello negando derechos fundamentales.
Finalmente, llama la atención que esta propuesta de ley hace oídos sordos a las recomendaciones que en agosto de 2016 emitió el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento; en el informe final del Relator Especial destacan recomendaciones como las siguientes: “i) Ratificar la reforma del artículo 69 de la Constitución…”, “ii) Garantizar que la Ley General de Aguas, en discusión, otorgue prioridad a los derechos humanos al agua y al saneamiento en el centro de toda la gestión…”, “iii) Establecer un ente rector de la política hídrica con carácter transparente y participativo… con prioridad a la participación de la sociedad civil y de los grupos más desfavorecidos en el acceso al agua; “iv) Aprobar con urgencia una ley marco para el subsector de agua y saneamiento, con un enfoque en la realización de los derechos humanos”.
Como se ve, Naciones Unidas ha hablado muy claro; ¿Qué es lo que no entienden los que presentaron la citada propuesta de ley?. En la línea de las recomendaciones del Relator Especial, desde hace diez años existen varias propuestas de ley en la Asamblea legislativa, lo único que falta es voluntad real de legislar en beneficio del interés público.
Ojalá que por fin comprendan que el agua es un recurso finito en grave amenaza y que “por unos dólares más” no pueden seguir poniendo en riesgo la vida y el futuro de las presentes y futuras generaciones.
