Estamos cerca de que se cumplan 25 años del Acuerdo de Paz. Nada mejor, para valorar su importancia y significado, que poner en perspectiva dicho acontecimiento histórico. Para ello hay que abrir el compás. Si llegamos a 2017 tras sumar 25 a 1992, hagamos ahora al revés, restémosle 25 años. Ello nos sitúa en 1967.
Comparar la situación del país en 1967 y en 2017, a medio siglo de distancia, pondrá en evidencia los grandes contrastes y difuminará aquellos detalles que en un análisis macro no interesan, que más bien tienden a confundir.
1967 fue el año del despertar del movimiento obrero, con varias huelgas fabriles, la más connotada y exitosa, la de ACERO, empresa propiedad de la familia Borgonovo. En ese mismo año se fundó la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ANDES 21 de junio, que en 1968 protagonizaría una famosa huelga magisterial. El actual Presidente de la República fue uno de los fundadores de dicha organización gremial.
A lo largo de toda la década siguiente predominó una creciente movilización de masas, que no frenaba la intensa represión. Fracasada la estrategia modernizadora del mercado común centroamericano la dictadura militar, lejos de flexibilizarse, se endurecía más y más. Las masacres se sucedían cada vez con mayor frecuencia y los escuadrones de la muerte multiplicaban su macabro accionar. El régimen pretendía paralizar con el terrorismo de estado la movilización popular. No lo conseguía.
Al contrario, su represiva actuación legitimaba la resistencia armada y la naciente guerrilla pronto fue acompañada de un potente bloque de organizaciones populares. La violencia se convirtió en la forma privilegiada de hacer política. La táctica eleccionaria de los partidos opositores tradicionales, reunidos en la UNO, resultaba inoperante y fue rebasada por las organizaciones de izquierda revolucionaria. Mientras, en la cercana Nicaragua, la otrora poderosa dictadura somocista era derrotada por la audacia de la insurrección sandinista.
El golpe progresista del 15 de octubre de 1979 intentó prevenir una evolución semejante en nuestro país. Terminó con la dictadura. Pero lejos de evitar la guerra, la precipitó.
El conflicto armado salvadoreño cumplía todas las condiciones que definen “guerra justa” y obtuvo inmensa solidaridad del mundo. Pero también movió la voluntad anticomunista del gobierno de Ronald Reagan, que hizo de la derrota de la insurgencia salvadoreña una prioridad de la política estadounidense.
Ello provocó la prolongación del conflicto por doce largos años hasta que, ante su inoperancia, un nuevo gobierno norteamericano permitió y alentó una solución negociada. La ofensiva “hasta el tope” de noviembre de 1989 convenció al presidente Bush de que no había salida militar.
Las bandos en conflicto también comprendieron la inviabilidad de una victoria militar. Se imponía buscar una solución que permitiera superar la guerra e instaurar por primera vez la democracia.
La negociación no fue la imposición de los pacifistas sobre los guerreristas, sino la concertación de éstos, transformados por el realismo de la historia. La democracia triunfaba en un país sin verdaderos demócratas. Es una de las actuales paradojas.
