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jueves, 19 de mayo del 2022
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Sondeo ContraPunto: 97.2% de los salvadoreños a favor de hacer justicia en caso Jesuitas

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó reabrir el proceso penal en contra de los miembros de la Fuerza Armada señalados por la masacre de seis padres jesuitas.

La mayoría de la población salvadoreña se encuentra a favor de que haya justicia en el caso de la masacre de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras, la cual fue perpetrada en noviembre de 1989, según el último sondeo realizado por el periódico digital ContraPunto.

El 97.27% de los participantes en el sondeo virtual del medio salvadoreño, indicaron a favor a al pregunta ¿Estas de acuerdo de que se haga justicia en el caso de la Masacre de la UCA?

Mientras tanto, 2.90% contestó que hay que borrar y olvidar, el restante 4.83% dijo que no sabe que es lo más correcto.

El pasado 5 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó reabrir el proceso penal en contra de los miembros de la Fuerza Armada señalados por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles.

La medida se registra producto al amparo presentado el pasado 16 de noviembre por el fiscal general, Rodolfo Delgado.

El Órgano también dio 10 días a la Sala de lo Penal para que “modifique” una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señala que se “violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó “que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre”.

El Supremo admitió un amparo presentado por el fiscal Delgado en noviembre del año pasado para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal.

Pese a que un sector de la población le parece positiva esta acción, hay otra parte que se mantiene reservado, debido a que puede haber un transfundo político partidario y electoral.

Uno de ellos es la misma iglesia católica salvadoreña, esto luego que el cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa Chávez, viera como una “oportunidad providencial” la decisión de reabrir el juicio por dicha masacre

El también obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador explicó que les tomó por sorpresa la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero considera que si se hacen bien las cosas sentará un precedente.

“El caso de la masacre en la UCA puede constituirse en una primera respuesta al lamento de las víctimas en El Salvador que no han tenido verdadera justicia, sino resoluciones judiciales inmorales y tendenciosas y hay una alusión sobre la masacre del Mozote que ha quedado en el olvido y es una cosa tan grave… pocas como esa han sucedido en el continente latinoamericano ye está todavía en la impunidad. El tema puede dar lugar a una reflexión seria sobre como hacer justicia en El Salvador”, dijo.

Otro factor que hace dudar a la sociedad es que no se ha emitido una Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Transicional, que permita llevar cumplida y debida justicia a todas las víctimas de la guerra civil salvadoreña (1979-1992).

La anterior gestión de la Asamblea Legislativa creó el 27 de febrero de 2020, la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional; pero al día siguiente el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, la vetó.

Desde esa fecha, se han registrado pocos esfuerzos por querer construir un documento, que permita dale solución a los problemas y necesidades de este segmento social.

Por lo tanto, el procurador para la Defensa de los derechos Humanos, Apolonio Tobar, habló sobre la reciente creación del Comité Nacional de Víctimas del Conflicto Armado con el que, afirmó, presentará un anteproyecto de ley de reconciliación nacional, del cual, sin embargo, no dio detalles.

“Junto al Comité de Víctimas, el cual pretende ser un vaso comunicante directo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con las víctimas y familiares, pronto presentaremos a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que garantice los aspectos que sean analizados, estudiados y aprobados”, indicó.

Según lo expuesto, dicho proyecto tendrá el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tobar precisó que entre los objetivos del comité estará crear un registro único de víctimas e instrumentos y herramientas que ayudarán al cumplimiento de la justicia transicional.

El procurador informó además que, de acuerdo con una consulta que la PDDH realizó con víctimas del conflicto armado en 2020, estas pidieron que se someta a la justicia a los responsables de afectaciones a derechos humanos y que se impongan las sanciones correspondientes y se repare de manera integral a las víctimas y familiares.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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