Por Redacción ContraPunto
A cuatro años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, organizaciones de derechos humanos continúan señalando una serie de irregularidades que, aseguran, evidencian el costo oculto de la estrategia de seguridad. Aunque el gobierno destaca una reducción significativa de la violencia y la presencia de pandillas, informes recientes apuntan a denuncias de capturas arbitrarias, violaciones al debido proceso y muertes bajo custodia estatal.
El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana marcado por una ola de homicidios que dejó decenas de víctimas en apenas tres días. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, suspendiendo garantías constitucionales como la libertad de asociación, el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
De acuerdo con el más reciente informe presentado por Socorro Jurídico Humanitario, al menos 500 personas han muerto mientras se encontraban bajo custodia del Estado. La organización advierte que esta cifra corresponde únicamente a casos documentados, por lo que el número real podría ser considerablemente mayor. Entre las víctimas también se incluyen menores de edad que vivían con sus madres dentro de centros penitenciarios.
Uno de los datos más alarmantes es la concentración de muertes en determinados centros penales. Solo en el penal de Izalco se han registrado más de 200 fallecimientos, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión, el acceso a servicios médicos y el trato hacia los internos.
El informe detalla que una parte significativa de las muertes presenta indicios de violencia. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades no habrían iniciado investigaciones exhaustivas ni clasificado los hechos como posibles homicidios. En su lugar, se habrían catalogado como muertes en proceso de investigación, lo que, según las organizaciones, limita el acceso a la justicia para las familias.
Otra causa señalada es la presunta negligencia médica. Se reporta que numerosos reclusos no recibieron atención oportuna, medicamentos necesarios o seguimiento adecuado a enfermedades preexistentes. Estas condiciones habrían contribuido al deterioro de su salud y, en algunos casos, a su fallecimiento.
Además, el informe expone situaciones en las que personas con órdenes judiciales de libertad permanecieron detenidas. Según testimonios recabados, algunas de estas personas habrían sido retenidas nuevamente bajo nuevos cargos, lo que plantea dudas sobre el respeto a las resoluciones judiciales y la independencia de las instituciones.
Las denuncias también incluyen el uso de mecanismos cuestionados para determinar la supuesta vinculación de los detenidos con estructuras criminales. Familiares y personas liberadas aseguran que decisiones clave se estarían tomando sin pruebas sólidas, lo que ha llevado a la detención de individuos que, según sus allegados, no tienen relación con actividades ilícitas.
A pesar de estas críticas, algunas voces dentro de las organizaciones reconocen que la presencia de pandillas en comunidades ha disminuido. No obstante, insisten en que la seguridad no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales. Señalan que la prolongación del régimen ha generado impactos profundos en miles de familias que aún buscan respuestas sobre el paradero o la situación legal de sus seres queridos.
El impacto social también ha sido significativo. Familias de detenidos enfrentan dificultades económicas, incertidumbre constante y afectaciones a la salud mental. Muchas denuncian la falta de información, la imposibilidad de comunicarse con los reclusos y obstáculos para acceder a procesos judiciales transparentes.
Organizaciones acompañantes advierten que las personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas. Según sus análisis, el régimen ha golpeado con mayor fuerza a sectores empobrecidos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a defensa legal adecuada.
Cuatro años después de su implementación, el régimen de excepción sigue generando un intenso debate. Mientras algunos lo consideran una herramienta efectiva para combatir la criminalidad, otros sostienen que su prolongación ha debilitado el Estado de derecho y abierto la puerta a abusos.
Las organizaciones de derechos humanos reiteran la necesidad de revisar la medida, garantizar el respeto a las garantías constitucionales y asegurar que cualquier estrategia de seguridad esté acompañada de mecanismos de rendición de cuentas. Para ellas, el desafío no solo es mantener la reducción de la violencia, sino hacerlo sin comprometer los derechos fundamentales de la población.
