El presidente salvadoreño Nayib Bukele vetó este viernes la llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional (LEJTRRN), aprobada por el legislativo el pasado miércoles 26, con considerarla una "Amnistía inconstitucional" y que no corresponde con los parámetros "ni siquiera de los que sería una amnistía… es un verdadero fraude".
Bukele dijo que la ley aprobada no responde a los derechos de las víctimas y "sería una infamia si la sancionáramos".
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Argumentó que que en uno de sus artículos, en el 63 y en el 67 se dice que lo que se aprueba es una "ley de amnistía" y es "un fraude" dado que en todo se favorece a los implicados en crímenes de guerra y en crímenes de lesa humanidad; "quedarían en libertad" después de que los jefes del ejército y los comandantes de la guerrilla quedarían sin sanción.
La "Ley de Amnistía" rompe además con todas las convenciones internacionales de derechos humanos, que indican que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no son prescriptibles ni pueden quedar en la impunidad.
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"Esta es la última infamia de la Asamblea Legislativa", dijo Bukele, pero "ya está muerta, a no ser que el FMLN de los votos para superar el veto presidencial". Y recalcó que es una "infamia" porque las víctimas llevan más de 40 años esperando justicia y los diputados se la han impedido aprobando una "ley de amnistía inconstitucional".
Lo que opina la sociedad civil
El defensor de los Derechos Humanos y miembro del proyecto Víctimas Demandantes -VIDAS-, Benjamín Cuellar expresó sobre el veto presidencial: "Ya fue vetada la amnistía maquillada con Avon, L’Oreal y Max Factor pero –a final de cuentas– impunidad. ¿Qué sigue? La no superación del veto, pero nunca hay que decir nunca; si pasa a la Sala de lo Constitucional me atrevería a decir que ahí acaba esta terrífica historia".
"¿Qué sigue entonces? Trabajar una normativa que cumpla con los parámetros establecidos en la sentencia (de la Sala de lo Constitucional) -13/07/2016- y, con la iniciativa de ley presidencial, presentarla en la Asamblea Legislativa para su aprobación".
La denominada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con votos de 44 diputados de los partidos derechistas, en una sesión plenaria extraordinaria que fue llamada para otra cosa, pero ya con los diputados ahí sentados, el presidente parlamentario, Mario Ponce, anunció que era para aprobar la controvertida ley.
Los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la exguerrillera que combatió a las dictaduras militares (1970-1992), no votaron; el presidente Bukele consideró ello “un silencio cómplice”. Defensores de los Derechos Humanos han denunciado que miembros de las comandancias las cinco guerrillas del FMLN también cometió graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre asesinatos como el del poeta Roque Dalton (1975), secuestros, extorsiones, asesinatos de autoridades civiles y matanzas de sus propios combatientes acusados de ser infiltrados del enemigo, como el caso conocido de Mayo Sibrián, jefe guerrillero al que se le responsabiliza de matar con crueldad casi 1.000 guerrilleros y sus familiares.
