El miembro de “La Tandona” e implicado en la masacre de los Jesuitas, coronel Francisco Elena Fuentes, falleció luego de permanecer desde el año pasado en un largo coma, producido por un derrame cerebral. Elena Fuentes murió anoche en el hospital militar, en San Salvador.
Hasta el momento, la familia del militar no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del coronel.
Helena Fuentes fue 1986 jefe de Operaciones Psicológicas del Ejército, y durante la ofensiva de la exguerrilla en 1989 era jefe de la I Brigada de Infantería, conocido como Cuartel San Carlos.
En enero pasado, Estados Unidos sancionó a 13 militares, entre ellos Francisco Helena Fuentes, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores.
Él fue uno de los 17 militares a quien el juez español, Eloy Velasco, giró orden de captura por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles, pero las extradiciones fueron negadas por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Los militares sancionados en esa ocasión son: Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.
Al momento de la masacre de la UCA, Elena Fuentes era comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador y según The Center for Justice and Accountability, estuvo el 15 de noviembre de 1989 entre los que planearon el asesinato de los sacerdotes jesuitas; según ellos, el siguiente día “tropas de la Primera Brigada de Infantería de Elena Fuentes intentaron intimidar a miembros de la Archidiócesis de San Salvador emitiendo mensajes por megafonía diciendo, “Todavía estamos matando comunistas, Ellacuría y Martín-Baró ya han caído, ríndanse, esta es la Primera Brigada”.
La semana pasada, la Sala de lo Constitucional resolvió un amparo solicitado por la Fiscalía General donde ordenaba reabrir las investigaciones del asesinato de los jesuitas y dos de sus colaboradoras.
La Sala de lo Penal decidió en 2020 cerrar el caso de los jesuitas argumentando que había “prescrito” o vencido su tiempo de persecución penal, pues habían pasado más de tres décadas. Sin embargo, “la Sala de lo Constitucional estima amparo contra la resolución de la Sala de lo Penal que declaró la nulidad absoluta del proceso penal instruido contra las personas vinculadas al Caso Jesuitas”, señaló en ese momento un comunicado emitido por los magistrados la tarde del 5 de enero pasado.
En el mismo documento, los magistrados objetan que la Sala Penal admitió recursos de casación o revisión en el caso sin haber fundamentado o haciendo cambios sin fundamentación de criterio y, por ende, vulnerando la Constitución.
Por lo anterior, los magistrados ordenan “invalidar la resolución del 8 de septiembre de 2020” mediante la cual “se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación (revisión)” que dieron lugar a enviar el archivo del caso.
