Transcurridos seis días de una Huelga de Hambre, representantes del movimiento sindical de Mujeres Organizadas en Resistencia -Florenzi, reinstalaron una intermediación con titulares del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para fortalecer las denuncias laborales en la Administración de Justicia a favor de 210 ex-empleados de la fábrica de textiles, Industrias Florenzi S.A de C.V., con cede en Soyapango, San Salvador.
Según las síndicas, las denuncias son consecuentes de los múltiples despidos “ilegales”, retenciones salariales, acoso e irregularidades laborales. Los señalamientos responsabilizan a los principales titulares de Industrias Florenzi, cuyo proceso es ventilado en el Juzgado Primero de lo Laboral.
“Llevamos siete meses en nuestra lucha, siete meses en los cuales nosotros hemos estado en total abandono. Siete meses que no hemos tenido respuestas de las autoridades. Desde julio hemos sido despedidas. El primero de julio se nos anuncia el cierre de la empresa. Son 210 trabajadores. De esos 210 trabajadores, 113 nos mantenemos en la lucha; y que, la mayoría mujeres, sólo hay cinco hombres. Las edades desde 50 a 60, la mayoría mujeres de edad, con enfermedades crónicas”, manifestó la representante del sindicato, María Ramírez.
Despedidas en Medio de la Pandemia
Según lo exponen las síndicos, la fábrica textil Industrial Florenzi S.A de C.V oficializó el paro de sus actividades laborales desde el pasado 19 de marzo de 2020, justo una semana después de que entrara en vigencia la Cuarentena Nacional, decretada por el Órgano Ejecutivo, como medida sanitaria para la contención del virus del COVID-19.
Sin embargo, el primero de julio fueron notificadas de la suspensión total de sus contratos laborales, afectando a 210 laborantes de la fábrica, 195 de ellas mujeres y otros 14 hombres. Las síndicos, además, detallaron que los titulares de la empresa no cancelaron las prestaciones salariales acumuladas desde varios meses atrás, ni las indemnizaciones de las destituciones.
Cabe destacar que, en ese intervalo de tiempo, unos 80,228 empleos formales habrían sido suspendidos hasta el mes de junio, según los reportes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El dato incrementaría a 177,800 desempleados, tanto en el sector formal como en el informal, como consecuencia de la pérdida de ingresos empresariales tras la suspensión de las actividades económicas.
En consecuencia, representantes sindicales reiteraron sus denuncias. Desde el pasado 3 de julio al menos 113 de las trabajadoras interpusieron recursos legales en contra de la empresa, demandando, entre otras cosas, los pagos de las indemnizaciones y de las prestaciones retenidas en planilla.
“Antes de la Pandemia, en la Fiscalía General de la República también se pusieron demandas, por las retenciones ilícitas que se nos dieron en ese momento, en que nosotros nos dimos cuenta en el 2019, en diciembre. Nosotros pusimos denuncias. No quisieron atendernos. 30 mujeres nos acercamos a poner las denuncias. Fue el 9 de marzo, luego después de que fue la Pandemia, nosotros también hicimos otros escritos”, expresó, en una convocatoria de prensa, Ramírez.
Además reportaron la pérdida de las prestaciones médicas, principalmente de aquellas obreras con padecimientos de salud crónicos, pese a que las regulaciones contenidas en los decretos legislativos 593, 622, 621 y 624 demandaban el pago de dichas garantías.
En adelante, las síndicos se manifestaron, el pasado 3 de septiembre, frente a las oficinas centrales del MTPS, y demandaron, entre otras cosas, la destitución en contra del Ministro de Trabajo, Rolando Castro, al no dar respuesta a las demandas referidas en contra de Industrias Florenzi.
“El día de la cuarentena obligatoria, hasta ese momento, nos fuimos a guardar cuarentena, y regresamos el primero de julio. Nos presentamos a la empresa. Ese día ya no nos dejaron entrar. Simple y sencillamente, nos dijo el patrón, de que él no tenía dinero para pagar, y que ya no tenía trabajo para nosotras”, expuso, en su momento, una de las representantes de Mujeres Organizadas en Resistencia -Florenzi.
En la manifestación, además, las representantes concretaron que el monto de las retenciones y de las indemnizaciones ya era mayor al millón de dólares.
A Siete Meses del Despido Masivo
A siete meses del despido masivo, los agremiados y las representantes solicitaron la intermediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En una convocatoria de prensa, asimismo, dieron a conocer la instauración de una Huelga de Hambre, frente a las instalaciones de la maquila.
Según lo manifestaron las representantes, la Huelga de Hambre daría pie a un protesta pacífica, al no obtener una respuesta contundente de parte del Juzgado de lo Laboral y del Ministerio de Trabajo sobre el proceso judicial establecido en contra de Industrias Florenzi, en ese momento.
“Si se cierra, la persona jurídica, Florenci SA, que es una Sociedad Anónima, sigue existiendo. El hecho de que se cierre el establecimiento no indica que la persona jurídica desaparezca. Y el Estado está obligado a generarle condiciones de seguridad social a sus ciudadanos; y, en éste caso, a lo trabajadores y a las trabajadoras”, sentenció en la conferencia el titular de la PDDH, Apolonio Tobar
La Intervención del Estado
A ocho días en Huelga de Hambre, los ex-empleados de la fábrica reciben la intermediación del Ministro Rolando Castro, luego de recibir varias de las denuncias por no responder, en su momento, a las injusticias planteadas por el colectivo.
Sin embargo, en el consenso el titular ordenó, entre otras cosas, el embargo preventivo de los bienes inmuebles de la Industria Florenzi a la Procuraduría General de la República. Asimismo, demandó al Juzgado Primero de lo Laboral la agilización del proceso judicial que se ventila en contra de la fábrica, para favorecer a los ex-empleados.
“El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha dado instrucciones precisas de solicitar al Juzgado Primero de lo Laboral para que agilice el proceso; ya que es primordial garantizare el pago de la indeminización, salarios, vacaciones y aguinaldos proporcionales para todas las trabajadoras”, confirmó el MTPS, en sus redes oficiales.
La institución de gobierno amplió detalles. En un boletín oficial, se solidarizó con el abordaje de la problemática a favor de los desempleados, girando“una constancia para que las trabajadoras pudieran presentarla ante las entidades financieras y bancarias, en la que consta detalles de la inspección, cierre de la fábrica y el motivo por el cual las trabajadoras no han cumplido con el pago sus obligaciones bancarias”,
Además, emitió al ISSS un solicitud para asegurar la continuidad de la atención de los trabajadores que sufren de enfermedades crónicas, que están en tratamientos médicos y pendientes de intervenciones quirurgicas.
“El Ministro está en la disposición de ayudarnos. Esperamos que, así como nos ha recibido ahora, él pueda darle seguimiento a ésta problemática, a que tenga una solución muy pronto y viable para los trabajadores. Y esperamos de que las instancias a las que les corresponde, hagan su papel, en beneficio de los trabajadores”, expresó satisfecha una de las ex-empleadas de la fábrica.
