Por: Alessia Genoves
Durante el segundo año de gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el país de destaca por el reconocimiento internacional en la gestión sanitaria del covid19. Sin embargo, las denuncias no son ausentes para la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP) e instituciones sociales.
Las denuncias responden a la situación de transparencia y de corrupción durante el segundo año de administración del salvadoreño, así como irregularidades en la gestión sanitaria y abusos de derechos humanos. El documento se titula “Balance del Trabajo Gubernamental a 2 Años de Gobierno de Nayib Bukele”, que fue presentado a la prensa esta mañana.
ContraPunto ha tenido acceso a las denuncias sociales, y a los documentos que sostienen las acusaciones elaboradas; al mismo tiempo, también ofrece la perspectiva de los acusados, con el objetivo de responder al principio de la imparcialidad del suceso.
Transparencia y Corrupción
Ya han transcurrido dos años desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, junto con su gabinete de gobierno; y un mes desde que un total de 56 diputados del partido oficial, Nuevas Ideas, se posicionaron como la mayoría parlamentaria de la Asamblea Legislativa.
Ya, al cierre del año 2020, El Salvador fue reconocido por una reducción en los índices de la percepción de la corrupción por la organización de Transparencia Internacional de la Coalición Global de la Corrupción. Los datos precisaban una contracción de al menos trece puntos en la percepción de actividades de corrupción, posicionando al país en el lugar 106 de los 180 que conforman el indicador; una contracción histórica pero poco significativa para organizaciones sociales.
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Sin embargo, políticas públicas han impactado sobre la percepción de la corrupción en los últimos cinco meses.
Entre los hechos se enumera la suspensión de los servicios del Instituto de Acceso a la Información Pública durante la pandemia; así como la constante declaración de “Información reservada” sobre la contención epidemiológica; y la reciente sanción de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”, leyes y decretos establecen la privación parcial de la información y la adquisición de medicamentos al margen de la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (ALAP).
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Entre otras cosas, la CSMP también reitera la denuncia de las organizaciones sociales y de la Comunidad Internacional ante la sustitución del fiscal general y de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las denuncias sobre el hecho controvertido, sin embargo, fueron negadas por el presidente salvadoreño, al sostener que las sustituciones respondían a las facultades de la Asamblea Legislativa, y al plazo de trabajo de los funcionarios establecidos por la ley.
Tampoco los hechos prescinden de las acusaciones formales que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hacen en contra de funcionario públicos, en el documento titulado “Corrupt Officials in Honduras, Guatemala y El Salvador”. La información contenida enumera a sospechosos de ejercer actos de corrupción; entre ellos, al ex-presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; y del ex-titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Luis Merino, en el gobierno del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén.
También señala a la jefa del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos; el ex-titular del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), Rogelio Rivas; el diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos. Sin embargo, el presidente salvadoreño desconoció la credibilidad de la lista, definiendola como una “cortina de humo” para “desprestigiar a su gobierno”, al no definir a funcionarios de otras coaliciones partidarias vinculados a la corrupción.
Las acusaciones también han despertado la intriga de medios de comunicación que han denunciado presuntos hechos de corrupción durante la contención de la pandemia. Sobre el sistema de medios, sin embargo, la Asociación Salvadoreña de Periodistas ha denunciado abusos de poder, con actos de “estigmatización”, “privación de información pública” y “obstruccionesa a la labora periodistica”; así como “despidos injustificados” desde el mismo medio. A continuación, la CSMP denuncia coacción ante la injerencia de propaganda gubernamental y el cierre anómalo de medios programas y radios comunitarios.
Gestión Sanitaria, Mujer y Juventud
De la gestión sanitaria para el abordaje de la pandemia del covid19, el país también recibió calificaciones favorables al punto de que, hasta el mes de febrero del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió al gobierno “la documentación de las estrategias utilizadas para que puedan ser replicadas por otras naciones” ante la tendencia a la baja del comportamiento epidemiológico, según lo detalló en un comunicado oficial el Ministerio de Salud (MINSAL).
En efecto, el comportamiento epidemiológico experimentó una reducción importante en los indicadores de contagio desde la cuarta semana del mes de agosto hasta la primera semana del mes de diciembre, superando los picos mas elevados reportados en los meses de junio y julio de 2020, con casos de hasta 449 casos confirmados de covid19. Actualmente, El Salvador reporta una de las cifras más bajas de personas fallecidas a causa de la enfermedad, con cifras de hasta 2,249 decesos.
Pero el reconocimiento internacional es desconocido por organizaciones sociales de la CSMP, entre ellas, el Foro Nacional de Salud (FNS), que sostienen que en el país existe una “manipulación de cifras con datos a su conveniencia sobre personas afectadas y fallecidas por Covid-19, así como de otros indicadores de salud”. Además, advierte que los “efectos se verán reflejados en los próximos años”.
Entre las denuncias, también señalan la “reducción en la atención en la salud sexual y reproductiva”, sobre la que se hace patente el incremento en la tasa de mortalidad materna de hasta el 70.35%; y embarazos en un total de 503 niñas y adolescentes.
Sin embargo, en comparación con el año 2019, las inscripciones maternas se redujeron en apenas un 8.69%. A éstos datos se añade un total de 9 mil hechos de violencia contra la mujer; 12,781 casos de embarazos en niñas y adolescentes; lo cual no deja de constituir una reducción cuantitativa.
Otra de las denuncias que no son desconocidas por la OMS, es el déficit de hasta el 43% en el primer nivel de atención en salud, y condiciones de iniquidad de recursos, que si se hubiera incentivado, para el FNS, habría podido “controlar desde el inicio la pandemia en la comunidad y desde la comunidad, fortaleciéndole”. El sector se habría desarticulado oficialmente durante los primeros seis meses de confinamiento domiciliar, tras la aprobación de los decretos 529 y 611.
En el margen de los resultados estadísticos, la OMS tampoco desconoce las condiciones de desempleo y sub-empleo de los agentes de salud; la ausencia de insumos y situaciones de precariedad y la falta de incentivos económicos entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el MINSAL.
Para el FNS esta situación habría conducido a que la tasa de mortalidad del personal sanitario forme parte de las “más alta de América Latina”, con un total de 215 hasta enero del presente año.
