Por: José Antonio Alonso Herrero [1]
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégica
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Cualquier observador del papel de la Iglesia Vaticana en América Latina durante las últimas décadas del siglo XX intuye que las simples indicaciones eclesiásticas no son suficientes para penetrar en la radical actuación posterior de Monseñor Romero. Una pista adicional nos la ofrece Joaquín Villalobos (2015: 40) quien refiere los combates intestinos de los militares salvadoreños, los cuales en 1979 procedieron a expropiar tierras y bancos de los oligarcas salvadoreños. En ese instante, afirma Villalobos, se rompió la alianza entre el régimen y la Iglesia Católica. Afirmación, añadimos, que es preciso matizar porque fueron “organizaciones campesinas de base católica las que se movilizaron y sectores de la Fuerza Armada de El Salvador comenzaron a asesinar curas, monjas y hasta un Arzobispo”. Así se generó un vacío de autoridad, sin el cual “los insurgentes jamás habríamos levantado cabeza”. Este lúcido reconocimiento de Joaquín Villalobos exige profundizar en un proceso que se alargó durante varios lustros y cuyo eje vertebrador fue Monseñor Romero. Cuatro documentos plasman el mensaje cristiano de la Iglesia salvadoreña tal como lo vivió Monseñor Romero, quien actuó como promotor indiscutible:
1.-“Persecución de la Iglesia en El Salvador. Firmado en 1977 por el obispo auxiliar Arturo Rivera y Damas.
2.- El documento titulado: “Orientaciones Sociales de la Iglesia a la luz del Magisterio Pontificio”. Publicado por el Secretariado Social Interdiocesano, pero con la aprobación explícita de Monseñor Romero. Fechado el 6 de agosto de 1977.
3.- El mensaje pastoral de Año Nuevo titulado: “No a la violencia, sí a la paz”. Firmado por los tres obispos previamente mencionados y publicado el 1 de enero de 1978.
4.- La tercera carta pastoral de Monseñor Romero y primera de Monseñor Arturo Rivera y Damas titulada “La Iglesia y las Organizaciones Políticas Populares”, publicada en agosto de 1978.
Estas cuatro publicaciones constituyen una base veraz para poder formarnos un juicio objetivo sobre el pensamiento auténtico de Monseñor Romero[2]. El primer documento es un extenso estudio sobre la persecución de la Iglesia en El Salvador. Allí se incluye un dossier pormenarizado con los 65 comunicados, publicado en diversos diarios salvadoreños, en los cuales alternan las acusaciones formuladas ante todo por FARO contra Monseñor Romero y los jesuitas de la Universidad Centro Americana (en adelante, UCA) con referencias más generales, tales como: “Algunos pastores más confundidos que las ovejas” (27 de mayo de 1977); “El problema de los sacerdotes comprometidos” (31 de mayo de 1977) y “La denuncia contra los jesuitas” (15 de enero de 1977). La lista de las organizaciones acusadoras menciona a 23 de ellas, tales como: Fuerzas Armadas de El Salvador, Comité Pro Defensa de la Patria, Asociación de Seguidores de Cristo Rey.
La respuesta del Secretariado Interdiocesano se apoya siempre en la Declaración de Medellín (1968), según la cual donde existen desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales “se manifiesta un rechazo del Señor mismo”. En síntesis, el mensaje es diáfano:” la mayoría de los miembros de la Iglesia en El Salvador son trabajadores del campo, mientras que la gran finca agraria, destinada a producir productos no vitales para la alimentación y que se exportan al extranjero, se encuentra acaparada en muy pocas manos” (ibídem: 10).
Apoyado en estos testimonios concretos el documento describe “un plan modelo de estrategia contra la Iglesia Católica Latinoamericana” en el cual se mencionan once directrices. Por ejemplo:
- -Atacar a la parte de la Iglesia más avanzada.
- -Atacar sobre todo al clero extranjero.
- -Controlar a algunas órdenes religiosas (sobre todo a los jesuitas).
- -La CIA ha decidido entrar directamente en este asunto y se ha comprometido a dar información plena de algunos sacerdotes.El documento concluye con la afirmación: “El texto no necesita comentario”.
El segundo documento, publicado en 1977 con la aprobación explícita de Monseñor Romero es una respuesta a la Federación de Padres de Familia de los Colegios Católicos quienes requerían la orientación episcopal en tan difíciles momentos. No puede acusarse de ambigí¼edad a la larga contestación de Monseñor Romero, la cual abarca 87 páginas. El presupuesto fundamental es que la fe católica auténtica supone una ética que debe incluir “una clara dimensión social” (ibídem: 2). No es preciso detenernos en explicar la tesis central del argumento que recoge las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Romana a partir de León XIII. No faltan ni la crítica al comunismo ateo (ibídem: 40), ni la condena al liberalismo (ibídem: 53). Pero Monseñor Romero no se contenta con explicar la manida y ambigua respuesta a ambas tendencias ideológicas. Por el contrario, Monseñor Romero analiza puntualmente la “Doctrina de la Seguridad Nacional”. Su punto de partida es la famosa encíclica de Pío XI titulada “MitBrennenderSorge”, aunque actualizada con aportes extraídos de revistas latinoamericanas como MENSAJE y NUEVA SOCIEDAD. En definitiva, el arzobispo salvadoreño sostiene que “el cristiano “¦ ni puede entregarse a tales ideologías en cuerpo y alma, ni puede rechazarlas como males absolutos” (ibídem: 75). Pero no hay que dejarse seducir por tales filosofías. No obstante, es en relación a la “Ideología del Estado de Seguridad Nacional” donde la posición de Monseñor Romero se torna intransigente, porque esa ideología constituye “un peligroso simplismo y fanatismo contra el cual el cristiano tiene que dirigir su lucha” (ibídem:76).
En definitiva, subraya Monseñor Romero, la Iglesia está contra la concepción totalizadora del Estado y en comunión con los obispos latinoamericanos manifiesta que su posición apunta hacia “una sociedad radicalmente opuesta a la planeada por los Estados de Seguridad Nacional” (ibídem: 81). Monseñor Romero cierra su conclusión apoyándose en los obispos brasileños (1976), los obispos chilenos (1977) y argentinos (1977) y emite su propio dictamen final: “la tremenda contradicción del Estado de Seguridad Nacional en América Latina es que, en nombre de un orden social, tiene que establecer indefinidamente la dictadura y el totalitarismo para defender los intereses del capitalismo internacional y sus aliados nacionales privilegiados” (ibídem: 87).
El tercer documento consiste en un breve mensaje pastoral de Año Nuevo (1978). Aunque se reconoce que en los últimos meses había disminuido la violencia, sobre todo en San Salvador, se añade un “balance doloroso” (ibídem: 3). La violencia afecta a todas las clases sociales, pero “es justo reconocer, se puntualiza, que los más afectados han sido los más pobres y oprimidos”. Pero la mayor preocupación es la LEY DE DEFENSA Y GARANTíA DEL ORDEN PÚBLICO. Al analizar esta ley se preguntan los obispos salvadoreños: “¿No coarta la ley el derecho a organizarse, a hacer huelgas, a tener libertad de cátedra?”. Los tres obispos ven en la nueva ley una amenaza a los Derechos Humanos. El resultado será que la ley deja desguarnecidos a los salvadoreños más pobres y numerosos: los campesinos y los obreros”. ¿Cuál es el camino a seguir ante esta nueva situación? La solución, concluyen los obispos, sólo puede consistir en la instauración de un orden social más justo y en el respeto absoluto de los Derechos Humanos.
Llegamos así al cuarto documento firmado por Monseñor Romero y el obispo Rivera y Damas. El tema central es muy concreto: las organizaciones populares independientes del gobierno, que enfrentan el antagonismo de las organizaciones gubernamentales. La respuesta episcopal se apoya en la carta “OctogesimaAdveniens” del Papa Paulo VI, según el cual “incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país” (ibídem: 8). Este planteamiento se desarrolla en dos partes: la primera analiza las organizaciones populares en El Salvador y la segunda profundiza en las relaciones entre la Iglesia y las organizaciones populares. La pregunta clave es cómo desglosan ambos obispos los principios enunciados por Paulo VI. En síntesis (ibídem: 30), la respuesta es nítida: unificación, pero no identificación de fe y política. Se trata, por tanto, de definir lo que se puede y lo que no se puede exigir a la Iglesia salvadoreña en tan crucial momento. Los obispos admiten que las organizaciones populares ““ sean o no cristianas ““ pueden pedir a la Iglesia que recuerde los derechos cívicos, como el de la organización, la huelga, la manifestación y la libre expresión. Existe, no obstante, un límite que los obispos señalan:
“Ninguna organización, aunque sea de inspiración o nombre cristiano, puede exigirque la Iglesia como tal o sus símbolos más claramente percibidos como símbolos eclesiales (como las ceremonias, la predicación, las procesiones,etc.) seconviertan en mecanismos concretos de propaganda para fines políticos. Ya hemos dicho que la Iglesia por su parte siempre estará dispuesta a hacer uso del ÚNICO PODER QUE POSEE, el de su Evangelio para iluminar cualquier tipo de actividad que mejore o instaure la justicia” (énfasis añadido”)(ibídem: 32).
Merece la pena destacar las cuatro palabras subrayadas en este párrafo. Más tarde veremos que la Iglesia Romana es la única institución cristiana que cuenta con la Santa Sede, lo cual la convierte en un Estado “sui generis”. De ahí que no sea posible ignorar la sabia ambigí¼edad de ambos obispos al concluir su carta pastoral con la afirmación de que “la Iglesia exige a cualquier persona u organización que le respeten la propia autonomía de su naturaleza y de su misión” (ibídem: 38). Ambos obispos salvadoreños no tienen en cuenta esa dualidad estructural típica y exclusiva de la Iglesia Vaticana. Sí debemos reconocer que ambos obispos tienen el valor en momentos tan álgidos de referirse en la última parte al tema de la violencia. Condenan expresamente “la violencia represiva del gobierno y la violencia terrorista”, pero también insisten en que “la Iglesia permite la violencia en legítima defensa” (ibídem: 46). En la conclusión los obispos se dirigen a los diferentes estratos de la sociedad salvadoreña y no omiten insistir otra vez en la promulgación de leyes que garanticen los Derechos Humanos y que impidan amedrentar al campesinado. Al finalizar, siempre atentos a la voluntad del Divino Salvador ““ patrono por cierto de El Salvador- los obispos prometen trabajar y orar.
La simple lectura de estos documentos, firmados por Monseñor Romero, no deja lugar a dudas. En los últimos meses de su vida el Arzobispo, plenamente consciente de la trágica situación de El Salvador, defendió con creciente intransigencia el derecho de las mayorías explotadas salvadoreñas para luchar por sus derechos y con la misma clarividencia denunció sin ambigí¼edades la estrategia de la Seguridad Nacional, impulsada por las autoridades civiles y militares salvadoreñas y apoyadas sin reticencia por el gobierno de los Estados Unidos. Es el momento, por tanto, de analizar la postura de la Santa Sede frente a la violencia de El Salvador y frente a la postura asumida por Monseñor Romero.
Lea también:
Romero: beatificar ‘a toro pasado’ (Parte 1).
Romero: beatificar ‘a toro pasado’ (Parte 2): los méritos de Monseñor Romero.