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domingo, 09 de mayo del 2021

¿Qué noticia prefiere?

¿La paz colombiana? ¿La salida inglesa de la Copa y la Unión europeas? ¿El dí­a internacional de apoyo a ví­ctimas de torturas? ¿La renuncia de Messi a la “albiceleste”? ¿La represión en Nochixtlán, Oaxaca? ¿La pública solicitud de matrimonio del policí­a británico a su pareja, en plena marcha del orgullo gay? ¿La sorpresa en que se ha convertido la “selecta” islandesa? ¿O el sorpresivo anuncio presidencial de las “medidas extraordinarias” para prevenir la violencia? De esos sucesos ocurridos durante los últimos dí­as dentro y fuera de El Salvador, ni alcanza el conocimiento detallado ni el espacio para comentar cada uno.

Quizás convenga mejor hablar solo de lo que el Ejecutivo publicita ‒en su sitio oficial‒ como “acciones estratégicas e integrales que fortalecerán las capacidades y oportunidades de la población, para mejorar la seguridad de las familias, fortalecer la armoní­a social y recuperar la belleza de los territorios”. Y de esas promesas, conviene priorizar una opinión sobre el subsidio a la juventud etiquetada peyorativamente  como “nini”. Hay que hacerlo porque, a dí­a de hoy, en su mayorí­a solo se escuchan necedades propias de la polarización soez. Ni desde una oposición mezquina, egoí­sta; ni desde un Gobierno de oficina, populista; ni en su defensa ni en su ataque… Hay que ubicar el asunto desde la perspectiva de los derechos humanos.

Acá y en el resto del mundo, en documentos y discursos se reconocen a las juventudes ‒”divino tesoro”, según Darí­o‒ como un vasto grupo humano con igual dignidad; aunque en El Salvador, la realidad es otra. No obstante tanta guerra militar y electorera, en esta comarca les son negados y violados a diario sus derechos. Se supone que los tienen ‒entre otros‒ para vivir con seguridad, educación y trabajo; este último, reivindicable por quienes están en edad y en condiciones de hacerlo: la ley determina que una persona puede trabajar a partir de los catorce años, cumplidos los requisitos establecidos para ello.

Pero entre esa población nacional mayoritaria, preguntas incómodas, ¿se ha invertido para  generar oportunidades laborales decentes y desarrollar capacidades productivas, que permitan convertir a las y los jóvenes en motor de las transformaciones a fondo? ¿Se ha hecho lo debido para que no solo vean su realización fuera de las fronteras patrias? ¿Para que además de ese “destierro”, no sean sus otras opciones fatales el “encierro” y el “entierro”? ¿O son simple y descaradamente el sufragio clave a enamorar?

Ojo: estas interrogantes crí­ticas no son exclusivas para este Gobierno. Lo son para todos los de antes, la alta cúpula empresarial y los ciento sesenta millonarios que en el 2014 ‒según OXFAM‒ acumulaban veintiún mil millones de dólares. Todos, todos ‒no se salva ninguno‒ son responsables de no intentar al menos una solución cierta a problemas estructurales tales como la pobreza y la desigualdad, la violencia y la inseguridad.

Y todos de entre quienes andan metidos en la “polí­tica” ‒quizás acá hay alguna excepción‒ utilizaron y siguen utilizando electoreramente a las juventudes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y, puestos en el puesto, “si te vi ni me acuerdo”. Por de pronto no hay una nueva, real y diferente alternativa partidista. No hay pues, como dicen en México, “otro palo onde horcarse”. Por eso, en la actualidad y cada vez más, la mayorí­a de gente pensante y consciente del paí­s se posiciona: ni con uno ni con el otro.  

A propósito, en el supuesto Gobierno esperanzador y cambiador ‒previo al del “buen vivir”‒ se publicitó el espinoso Programa de Apoyo Temporal al Ingreso. “PATI” le decí­an por sus siglas, casi hasta con cariño. ¿Alguien lo evaluó? ¿Valió la pena? ¿Favoreció a las maras o a jóvenes que no lo son, entre una población donde policí­as y militares no distinguen? ¿”Victimizó” más a sus ví­ctimas? ¿Fue prevención o urgente sed de votos? Las crí­ticas al mismo, ¿fueron infundios contra el fantasioso “cambio” que nunca llegó?  

Hoy como antes, con el subsidio ya notificado, surgen inquietudes legí­timas que no tienen sesgo de ningún tipo ni son fruto de algún prejuicio. Surgen desde los derechos humanos. Una: esas mujeres que se afanan en su hogar, las imaginadas e imaginarias “amas de casa”, ¿serán consideradas personas que ni trabajan ni estudian?  En realidad, esas son quienes por una nefasta “construcción social” las designan y clasifican como “trabajadoras domésticas sin remuneración”, pero no son reconocidas como tales. Y jóvenes, entre ellas, hay un montón. ¿Serán favorecidas por la última pensada oficial?

Otra: el beneficio anunciado es para quince mil jóvenes y, obviamente, sus familias. De acuerdo. Pero, según el Programa de las Naciones Unidas, en su informe del 2015 denominado  “Trabajo al servicio del desarrollo humano”, el veintisiete por ciento de jóvenes entre quince y veintinueve años de edad ni estudia ni trabajaba. El estimado para el 2012 hecho por la Fundación “Guillermo Manuel Ungo”, partiendo de los dieciséis años, es casi el mismo: veintiséis. En cifras, esta Fundación estableció una cantidad superior a las cuatrocientas mil personas. ¿Será progresivo y sostenible el subsidio oficial ante un escenario de semejante tamaño?

Finalmente, está lo relativo a su conducción adecuada y a la información transparente. Porque hay quienes hacen de las instituciones estatales una especie de “torre de Babel” guanaca. Salvador Sánchez Cerén, el presidente, dijo: “Si su hijo no estudia, si su hijo no trabaja, pues, este programa le va a dar un apoyo en dinero por doce meses para que […] pueda tener formación y si tiene formación, enviarlo a pasantí­as. Que trabaje”. Para quien preside la actual legislatura, Lorena Peña, no se trata “de salir a repartir billetes ni salir a buscar vagos”, sino de brindar quince mil “oportunidades de empleo”.

Y el responsable de ver cómo se financia esta “medida extraordinaria”, Carlos Cáceres, ofensivo e irresponsable declaró textualmente lo siguiente: “El dinero es para prevención. Imagí­nese qué significa la prevención, de que aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son vagos, ahora se dediquen a estudiar o a trabajar”.

¡Que alguien me explique, por favor!

  

Benjamín Cuéllar
Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto

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