Por Alonso Rosales
La administración del presidente Donald Trump ha dado un nuevo paso hacia el cierre definitivo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, al reiterar oficialmente que la protección migratoria y sus beneficios terminarán el 9 de septiembre de 2026. El anuncio de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), publicado el 12 de agosto, deja a más de 170,000 salvadoreños ante un escenario de creciente incertidumbre migratoria.
USCIS señaló que los permisos de trabajo relacionados con el TPS que ya habían sido extendidos permanecerán vigentes únicamente hasta el 9 de septiembre. La agencia no anunció una nueva prórroga ni un mecanismo especial que permita a los beneficiarios salvadoreños continuar bajo este programa después de esa fecha.
Para Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate de Los Ángeles y presidente del Instituto Salvadoreño del Migrante, el mensaje representa la confirmación de que no hubo una negociación exitosa para extender el TPS o establecer una alternativa para los salvadoreños.
La interpretación es similar a la de Reynaldo Alvergue, especialista en asuntos migratorios, quien considera que el aviso de USCIS constituye una señal clara de que el Gobierno estadounidense mantiene firme la decisión de concluir el programa.
El caso salvadoreño adquiere una dimensión política particular debido a la relación pública entre Trump y el presidente Nayib Bukele. Ambos mandatarios se reunieron en Washington en julio, en un encuentro que generó expectativas entre organizaciones de migrantes sobre la posibilidad de que El Salvador pudiera obtener un tratamiento diferente.
Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado ningún acuerdo migratorio específico para los salvadoreños protegidos por el TPS. La ausencia de una alternativa, después de aquella reunión, refuerza entre los especialistas la percepción de que la administración Trump no tiene previsto modificar la fecha de terminación.
El TPS ha permitido durante décadas que miles de salvadoreños vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Muchos de ellos llevan alrededor de 25 años en el país, han formado familias, adquirido viviendas, creado negocios y construido comunidades enteras. La pérdida del beneficio no significa automáticamente que todos serán deportados de inmediato, pero sí supone la pérdida de la protección migratoria y de la autorización laboral derivadas del TPS para quienes no tengan otra base legal para permanecer.
El impacto tampoco se limita a los propios beneficiarios. Organizaciones de migrantes han advertido que miles de familias podrían enfrentar separaciones, mientras sectores de la economía estadounidense podrían perder trabajadores con décadas de experiencia.
Un análisis de FWD.us y la National TPS Alliance estima que los aproximadamente 170,000 beneficiarios salvadoreños generan unos $5,400 millones anuales para la economía estadounidense, una cifra que evidencia la dimensión económica de la comunidad protegida.
La decisión sobre El Salvador forma parte de una ofensiva migratoria mucho más amplia de la administración Trump. Al inicio de su segundo mandato había aproximadamente 1.3 millones de personas bajo TPS. La administración ha impulsado la terminación de las designaciones de 13 de los 17 países que tenían este beneficio, una medida que podría afectar aproximadamente a un millón de migrantes.
Diversas terminaciones han estado sujetas a litigios. La Corte Suprema permitió en junio que la administración avanzara con la eliminación del TPS para haitianos y sirios, en una decisión que abrió la puerta a que cientos de miles de personas perdieran esta protección.
Por ello, hablar de que el Gobierno estadounidense ya ha dejado sin TPS a 1.3 millones de personas sería impreciso: esa era aproximadamente la población total bajo TPS al comienzo de la administración. Lo correcto es señalar que la administración ha impulsado la eliminación de protecciones que podrían afectar a cerca de un millón de migrantes, mientras que varias terminaciones han estado sujetas a decisiones judiciales.
En el caso de El Salvador, la fecha es concreta: 9 de septiembre de 2026. A menos que exista una nueva decisión administrativa, judicial o legislativa, más de 170,000 salvadoreños deberán buscar otra vía legal para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
La pregunta que queda abierta es qué hará El Salvador ante el posible retorno o pérdida del estatus migratorio de una población que durante décadas ha contribuido de manera significativa tanto a la economía estadounidense como a la salvadoreña mediante remesas.
Por ahora, Washington mantiene su decisión. Y para miles de familias salvadoreñas, el 9 de septiembre dejó de ser una fecha distante para convertirse en el límite de una etapa migratoria que comenzó hace más de dos décadas.
