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Promesa y protesta

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No hay que confundir una sociedad entumecida con una en paz. En Guatemala, Honduras y ‒de abril del año en curso a la fecha‒ Nicaragua sus pueblos protestan contra lo ilegí­timo e ilegal, lo deleznable e intolerable que los poderes visibles y sus omnipotentes amos ocultos generan en su afán por mantener y acrecentar sus privilegios. Cuando esas minorí­as privilegiadas se esmeran en hacerle terrible e imposible su realidad a las mayorí­as populares, lo lógico es que estas últimas reaccionen. Eso ha pasado en los paí­ses vecinos mencionados pero no pasa en El Salvador.

¿Por qué será? ¿Porque el proceso de “pacificación” iniciado hace casi tres décadas fue realmente exitoso? Eso habrí­a significado que ‒rememorando el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990 por la entonces guerrilla y el Gobierno de la época‒ además de finalizar la guerra por la ví­a polí­tica, la democratización del paí­s y el respeto irrestricto de los derechos humanos serí­an las lujosas cartas de presentación de una sociedad unida en procura del bien común. Pero eso no es cierto ni en lo más mí­nimo.

El Estado no está derecho; está torcido y retorcido por quienes han hecho de este un “botí­n de paz” desde el fin de su guerra y hasta el dí­a de hoy; lo han atracado, arruinado y ultrajado. Lo ocurrido antes es “harina de otro costal”, aunque en ambos escenarios hayan sido los y las “tristes más tristes del mundo” ‒¡cuánta falta hace Roque!‒ quienes siempre hayan tenido que “pagar los platos rotos”.

¿De qué se pueden jactar los eternos rivales, en las trincheras antes y en las urnas después, habiendo gobernado durante 20 años uno y 10 el otro? De nada bueno y cierto. ¿Qué han hecho con El Salvador ambas partes durante la posguerra? Colocarlo entre los paí­ses más violentos del mundo, con altos í­ndices de desplazamiento forzado por tal situación ‒no importa lo nieguen‒ e impulsar las mismas “estrategias” de “seguridad”; esquilmarlo metiendo mano en las arcas estatales hasta donde han podido, para beneficio particular y grupal…

Además, han perpetuado un sistema generador de exclusión y desigualdad que contrarí­a la validez de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mencionadas mayorí­as populares; han estatizado la impunidad protegiendo corruptos y violadores de derechos humanos antes, durante y después del conflicto armado, premiando así­ a victimarios y despreciando a las ví­ctimas de esas iniquidades propiciadas por ambos bandos…

“Esta es mi patria”, escribió Escobar Velado en el último perí­odo de su vida consumada en 1961. Y desde entonces ‒hace casi seis décadas‒ la patria exacta salvadoreña y no la adulterada a propósito, sigue siendo “un rio de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno dí­a la sangre de los pobres”.

¿Qué hacer? ¿Esperar otros sesenta años para seguir siempre sin salir de la cárcava infernal en que se encuentra su pueblo adormecido? Los grandes males que lo aquejan ‒que unos y otros han prometido aliviar sin cumplirle‒ son dos: el hambre que aguanta y la sangre que derrama. ¿Cuáles son las causas estructurales para que estos se mantengan lacerándole su existencia? También dos: la corrupción que despoja al Estado de los recursos a invertir para comenzar a superarlos y la impunidad que la permite. Por ello, es uno el desafí­o para quienes pretenden agarrar las riendas del Ejecutivo desde el 2019 hasta el 2024: combatir esta última sin distingo alguno, dentro y fuera del Gobierno que encabecen.

¡No robar ni dejar sin castigo ni al que robó ni al que robe! Así­ se podrá invertir en polí­ticas públicas tendientes a garantizar salud, educación y los demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales históricamente negados a las mayorí­as populares; así­ se tendrán recursos para comenzar a superar, con inteligencia y buenos planes, la inseguridad y la violencia; así­ se podrá comenzar a aminorar la consecuencia más evidente del incumplimiento estatal de sus obligaciones en esos ámbitos: el desplazamiento humano forzado.

¿Cuál es la garantí­a para que eso ocurra? Pasar del movimiento migratorio como salida desesperada, al movimiento social como solución organizada. Ya no más “salvadores” de El Salvador, que tanto daño le han hecho sedando a su pueblo elección tras elección. Si alguien promete lo anterior y se compromete a cumplirlo, que tenga ante sí­ un pueblo despierto y activo protestando si no lo hace. Que se atenga a las consecuencias quien le falle otra vez… Porque nunca habrá un Estado garante del bien común sin una sociedad demandante.

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Benjamín Cuéllar Martínez
Benjamín Cuéllar Martínez
Salvadoreño. Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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