La organización Servicio Social Pasionista presentó este miércoles un informe de sistematización de experiencias de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno ocasionado por la violencia en El Salvador. En el conversatorio estuvieron presentes las organizaciones Cristosal, Cruz Roja El Salvador, Comité Internacional de la Cruz Roja, COMCAVIS TRANS y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Las organizaciones ayudaron a realizar el informe, recuentan sus experiencias que tienen en la atención víctimas de desplazamiento y cuentan sus aportes que llevan realizando con años trabajando con y para las víctimas del desplazamiento. Son las organizaciones que le han dado alguna respuesta a las víctimas.
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En el conversatorio, representantes de las organizaciones hablaron de la experiencia que tienen en el proceso de atención de las víctimas de desplazamiento forzado interno. Amalia Leiva de COMCAVISTRANS, que atiende a la población LGBTI, mencionó que “una de las debilidades que se encuentran ante la respuesta del Estado con respecto a las víctimas de desplazamiento es la deficiencia de las respuestas específicas que se tienen que generar de los entes generadores de justicia.”
Leiva señala que “muchas víctimas tienen miedo a denunciar la violencia que han sido sometidas por miedo a represalias, y esto suele girar en torno cuando los generadores de violencia suelen ser policías, militares o incluso, éstas denuncian a quienes no quisieron tomar la denuncia”.
El estado tiene desafíos
Los desafíos que tienen las organizaciones son cada vez mayores dado que el Estado no apoya a las víctimas de la forma adecuada. Uno de estos desafíos menciona Gilma Pérez del Comité Internacional de la Cruz Roja que “se debe asumir que las víctimas pierden su hogar, pierden sus enseres domésticos y lo que se está haciendo es apoyar a las víctimas para que recuperen su autonomía, los ayudamos al arrendamiento de la nueva vivienda, se les coloca un lugar seguro”.
Los esfuerzos articulados de la sociedad civil para incidir en que el Estado reconozca y establezca los marcos normativos necesarios para la atención y protección integral de las víctimas es cada vez más necesaria. Celia Medrano, asistente legal y litigio estratégico de Cristosal menciona que “se han registrado 14,000 víctimas en el 2019 y que el problema con el Estado es que mandan los problemas a las Ongs cuando el deber del Estado es encargarse de las víctimas”.
“Hay casos que se duplican, familias ya han pasado por el mismo proceso, pero con diferentes organizaciones, se revictimiza las personas” señala Medrano.
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