Un personaje acostumbrado a ejecutar a reos sin ningún proceso y en forma tumulturia aplicaba la ley en Virginia, Estados Unidos. Era Charles Lynch, quien en 1780 ordenó que se actuará contra una banda de llamados lealistas sin juicio alguno, en lo que fue llamada La Ley de Lynch.
Este es uno de los orígenes de la palabra linchamiento. Otro es similar, ocurrido en Irlanda, cuando un alcalde de una localidad llamada Galway, hizo ahorcar a su propio hijo acusado del asesinato de un español, en 1493.
Mucho se ha escrito y opinado en los últimos días por la polémica decisión de una Cámara de lo Penal sobre un proceso en el que se declaró incompetente de conocer. Ha habido diferentes muestras de indignación dentro y fuera del país al considerar que la decisión de la instancia sienta un mal precedente, en cuanto considera que el tocamiento de las partes íntimas de una menor de edad no es delito, sino falta.
Se ha dado paso a una especie de linchamiento contra la Cámara. No comentaré sobre los detalles de un proceso del cual no se tiene a la vista el texto del fallo, aunque al momento de redactar estas líneas, esa instancia ha emitido un comunicado en el que destaca que la decisión fue tomada con base a los argumentos presentados tanto por la Fiscalía General como por los defensores, y cataloga las expresiones emitidas como una forma de interferencia a la labor del órgano judicial.
Ahora bien. ¿La información fue manejada con calidad, con suficientes elementos para tener criterios y una idea clara del asunto, o predominó la explotación del morbo a partir de dichos de contenido escandaloso del abogado defensor?
No se trata de tomar partido, sino reflexionar qué tanta información o desinformación se recibe, sobre todo en ámbitos como el jurisdiccional que contienen elementos técnicos que muchas veces cuesta procesar, y que los que manejan contenidos informativos deben ser suficientemente hábiles para divulgarlos de modo que entienda tanto el que sabe como el que no.
En estos tiempos de modernidad, las redes sociales aguantan con todo, como se ha dicho sobre el papel. Hay sitios que no han informado, y han dado paso a la desinformación, consciente quizá en algunos casos, inconsciente por falta de profundidad en otros. El resultado ha sido poca argumentación, muchas muestras de animadversión y apología a la violencia.
La polémica ha venido creciendo. Pero queda la inquietud si hay un interés genuino porque procesos como este sean impulsados en forma adecuada, siguiendo lo establecido en la ley; lo que implica dar el seguimiento a las diligencias que surjan y denunciar la ocurrencia de vicios. O ¿estamos ante un episodio en el que lo único que a algunos les interesa es la desacreditación automática, elevar el nivel de la polémica, mientras se deja de lado el drama que ha sufrido la menor y su familia; drama que el Estado en su conjunto es el principal responsable de prevenir, y en su momento investigar y sancionar?.
