El juzgado de sentencia dictó un nuevo receso por la audiencia contra Evelyn Beatriz Hernández, de 21 años, acusada de homicidio agravado al tener un parto extrahospitalario en una letrina en Cojutepeque. Las evidencias muestran que el menor de edad ya estaba muerto y hasta los mismos fiscales han admitido que Évelyn no mató al recién nacido.
“Ahorita, (sigo) esperando justicia. Soy inocente de lo que me acusan” , dijo Hernández a la salida del Centro Judicial Integrado de Ciudad Delgado, donde están desarrollándose las audiencias. Afuera, se congregaron decenas de activistas que llegaron a mostrar su apoyo a la imputada.
El equipo que lleva el caso desde la Fiscalía General de la República (FGR) quería aplazar, una vez más, esta audiencia. El motivo era que no habían llegado todos los testigos. Lo mismo han hecho en otras ocasiones, pero esta vez la decisión fue continuar con los que estaban. Los abogados que defienden a Hernández se opusieron en todo momento a que se suspendiera la audiencia otra vez.
Évelyn enfrenta una acusación por homicidio, como consecuencia de esa emergencia que enfrentó en su vivienda, en Cojutepeque. Según el resultado de la investigación, al momento del parto el bebé aspiró meconio (una sustancia que provoca serias infecciones) y eso acabó con su vida. Esta es una causa natural de muerte. Las pruebas llevaron a los mismos fiscales a descartar una intención de la madre para matar a su bebé. De hecho, la joven quedó en un grave estado de salud luego del parto y eso también le impidió asistir al menor de edad; por tanto, no hubo negligencia, de acuerdo al planteamiento de la defensa.
“Le pido a la Fiscalía que reconsidere porque yo soy inocente”, insistía Hernández cuando los periodistas la abordaban.
Elizabeth Deras, una de las abogadas defensoras, dijo que incluso los testigos que convocó la Fiscalía fortalecieron la tesis de la defensa. “La Fiscalía no tiene respaldos para sustentar su acusación”, aseguró Deras.
“Nos preocupa esta retardación de justicia que es atentatoria contra la dignidad como persona Evelyn lleva tres años siendo procesada”, expresó Teresa Delgado, letrada de FESPAD, y también parte del equipo jurídico que está apoyando a Évelyn Hernández. “Fiscalía tenía que procurar que todos los peritos y testigos tenían que estar”, agregó la abogada de FESPAD.
Durante el primer proceso que enfrentó fue sentenciada a 30 años de prisión, pero la Sala de lo Penal y la Cámara Primera de lo Penal anularon, en diferentes etapas, esta sentencia. Fue por eso que se desarrolló este proceso.
La defensa solicitó que Hernández pudiese llevar el seguimiento a su caso en libertad, fuera de prisión. El tribunal lo aprobó en febrero de este año.
Évelyn Hernández sostiene que el embarazo fue producto de una violación de parte de un pandillero, quien con frecuencia la acosaba. Cuando ocurrió el parto, fue trasladada al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque. Ahí, el médico que la estaba atendiendo fue quien la denunció ante las autoridades.
Su juicio se pospuso el pasado 15 de julio un ante la ausencia de una de los testigos y, como ya se mencionó, a petición de la Fiscalía.
En El Salvador, las mujeres y niñas sufren que sufren abortos espontáneos o que enfrentan partos extrahospitalarios corren el riesgo de ir a prisión, pues pueden acusarlas de aborto. Desde 1998, el aborto está totalmente prohibido en el país, sin importar la causa de la gestación o el estado de salud de la madre o del bebé por nacer.
Unas 147 mujeres salvadoreñas fueron condenadas a hasta 40 años de prisión en tales casos entre 2000 y 2014, de acuerdo con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.