El pasado lunes fue reactivado el Consejo Superior del Trabajo (CST), luego de permanecer seis años inactivo. Pero se han generado expectativas de lo que pueda generar una vez entre en funcionamiento.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), históricamente, y sobre todo en los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el CST había estado manejado por el sector empleador, quien mantenía acuerdos con los miembros del sector gubernamental y con los trabajadores. Los acuerdos que tomaban eran por unanimidad y, generalmente, eran favorables para los empleadores, y en detrimento de los trabajadores.
A finales de agosto pasado, representantes de un sector de trabajadores, presentaron al Ministerio de Trabajo un documento con los nombres de los aspirantes a representantes del consejo.
Entre las personas que conforman este grupo se encuentran algunos que ostentan cargos de representación laboral en otras entidades tripartitas, como el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), también hay de la junta directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Además, algunos de estos representantes han impedido que el sistema privado de pensiones pueda ser reformado en beneficio de la población.
El Consejo Superior del Trabajo, lo integran 8 miembros propietarios y 8 suplentes de cada uno de los sectores gubernamental, empleador y trabajador. Los miembros del sector gobierno, son designados por acuerdo del Ejecutivo, es decir, en este casi por el presidente Nayib Bukele.
Por los empleadores son nombrados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Asociación Salvadoreña de Industriales (ADI), Cámara de Comercio, AMPES, CONAPES, UCRAPROBEX, CASALCO y PROCAÑA. Las designaciones son comunicadas a Ministerio de Trabajo.
Mientras que por los trabajadores son designados por las federaciones y confederaciones sindicales inscritas en la cartera de Trabajo.
FESPAD trajo a cuenta casos en donde el sector empleador y las gremiales empresariales se han opuesto a mejorar las condiciones laborales de mujeres y hombres trabajadores.
Por ejemplo, en febrero de 2013, la Sala de lo Constitucional estableció que la Asamblea Legislativa debía emitir una ley para la indemnización por renuncia a más tardar en diciembre de ese año.
La ANEP y sus gremiales se opusieron a la medida y cabildearon en el Palacio Legislativo para que la normativa a aprobar no fuera demasiado favorable para los trabajadores. La ASI argumentó que el cumplimiento de esa ley “podría generar la quiebra técnica de las empresas”.
En junio de 2016, en acuerdo mutuo, la representación de los sectores empleador y trabajador, pactaron en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), aumentar un 15% al salario mínimo de manera gradual en tres años. En maquila y servicios el 13.5%. En resumen el incremento aprobado fue de $0.20 diarios al salario mínimo. No obstante, este acuerdo no fue implementado por decisión gubernamental.
Por lo anterior, FESPAD es del criterio que los nombramientos efectuados de los representantes de los trabajadores en el CST por el Ministerio de Trabajo, tienen un trato discriminatorio al no ser tomada en cuenta la nómina presentada por la Confederación Sindical de las Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (CSTS); y de otras organizaciones.
El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, considera que se deben crear espacios de diálogo social. “Estamos convencidos que para que la carreta camine, tenemos que jalar para la misma dirección”, reiteró.
El propósito del estado debe de ser facilitador y buscar la paz social según la constitución, sostuvo. “Todos somos trabajadores en diferentes niveles, todos somos parte de un equipo que tiene que funcionar coordinadamente”.
Cardenal hizo énfasis en que el empleo que genere el Estado es un empleo que lo terminan pagando los ciudadanos porque es burocracia.
En lo que se refiere a la integración del consejo son los trabajadores los que tienen que elegir quienes serán sus representantes. “El gobierno anterior creó un montón de sindicatos fachadas del FMLN”. Sentenció que si no hay entendimiento entre todos, la empresa en este país va a colapsar.
“Debe de ser escuchada nuestra posición, vamos a tratar de ser responsables, y respaldar con cifras, con hechos, con estadísticas, con realidades”, puntualizó Cardenal.
Luis Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), indicó que el salario mínimo del país no cubre ni la canasta básica.
“Estamos trabajando una propuesta que sea beneficiosa para los trabajadores, que tenga las condiciones y seguridad social que necesitamos”, informó.
Reconoció que la empresa privada está “tirando puentes”, lo cual puede ayudar para lograr entendimientos que favorezcan a la clase trabajadora.
