Por Alessia Genoves
Raquel Caballero de Guevara es electa como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ha sido mocionada por el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, según lo dio a conocer su representante, Christian Guevara. La propuesta tuvo la aprobación de 67 votos a favor, en la Sesión Plenaria N.º 77. Las abstenciones y votos en contra fueron motivados al hecho de que la procuradora fue señalada y sancionada por hechos de nepotismo.
Caballero de Guevara, desde luego, ya había sido titular de la PDDH, desde el año 2016 al año 2019. Durante su administración, sin embargo, fue procesada por la presunta contratación irregular de la hija de su cónyuge, ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). Del proceso, resultó sancionada al pago de una multa de $1,006 dólares para el Estado. “Las multas están pagadas por respeto a la institucionalidad. De todos modos, no me iban a dar la solvencia, si no las pagaba”, aseguró.
Raquel Caballero de Guevara
Caballero de Guevara ejerció sus funciones al servicio público de la PDDH desde el año 2001, como procuradora adjunta de la institución. Durante el procedimiento electoral, declaró ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa una supuesta vocación de servicio. Presentó su hoja de vida, como los otros 5 concursantes, constatando sus servicios compartidos con la administración con cargos como ºlos de Secretaria General, en el año 2007; y Procuradora General de la PDDH, en el período de 2016 al 2019.
El resultado electoral calificaría nuevamente a Caballero Guevara en el cargo de Procuradora General, para los períodos de 2022 a 2025. Y aunque diputadas como Claudia Ortiz, del Grupo Parlamentario de Vamos, señaló que ella como otros prospectos “no tenía moralidad notoria”, Guevara resultó ser la propuesta más conveniente, de acuerdo a la promoción anunciada por el diputado Christian Guevara.
De tal modo que Caballero de Guevara ejercerá nuevamente la administración, en lugar de concursantes como el doctor y notario, Clovis Mondragón Hernández; el profesor de la Universidad de El Salvador y presidente suplente del Tribunal de Ética Gubernamental (TGE), Juan José Linares Saldaña; y el abogado y ex-funcionario del Centro Nacional de Registro (CNR), David Oswaldo Escobar Menéndez. También, la elección sobresalió sobre los profesionales como Carolina María Hernández; Yanira Guatemala Martínez, Roberto Martínez Díaz, Gustavo Adolfo Rivas Reina y el procurador Apolonio Tobar Serrano.
Controversias de Guevara
Caballero de Guevara es la nueva procuradora, pese a las contradicciones. Se mantuvo optimista al término del proceso electoral, pese a las críticas asociadas con presuntos hechos de corrupción. En su opinión, la durante su primera administración como Procuradora, fue “sancionada dos veces por la misma causa”; es decir, de forma irregular.
La denuncia en contra de la funcionaria dio lugar ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEC); y su resolución se dio a conocer el 8 de enero del año 2019. En el proceso, a juicio de algunos de los hechos suscitados en su trabajo, se le atribuyó la causa administrativa de “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley” según se encuentra regulada en el artículo 6 letra h) de la Ley de Ética Gubernamental, tal como reza en la versión pública del expediente 2-D-17.
Sin embargo, Caballero de Guevara excusó: “Apliqué la política de ascensos. Las personas que estamos como ordenanzas, y que empezaron a estudiar derecho, yo las nombré colaborador jurídico. Los colaboradores jurídicos que ya se habían graduado, los ascendí a jurídicos. Los jurídicos que se habían graduado dentro de la institución, los nombré delegados departamentales. Y algunos delegados departamentales – creo que 4- yo los nombré – que fueron los más eficientes- los nombré procuradores adjuntos”. Añadió que los ascensos fueron “netamente técnicos”.
Sin embargo, en el expediente 2-D-17 del TEG se hace notar que la persona a la que promovió, en un cargo superior, fue a la hija de su cónyuge, que respondía al nombre de Gaby Lourdes Guevara Quintanilla. Guevara Quintanilla, por su parte, habría su renuncia irrevocable de su cargo como Colaborador Jurídico en la PDDH; para luego concursar y ser contratada por Caballero de Guevara en la Plaza de Asistente Técnico. De los 19 arraigos tomados en cuenta en la resolución del TEG, también, se hace notar que Guevara Quintanilla tenía garantías salariales de $18 mil dólares mensuales.
El TEG, finalmente, resolvió: “Sanciónase a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, con una multa de mil seis dólares con ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$1,006.80), lo anterior por la infracción a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra h) de la Ley de Ética Gubernamental, por haber ascendido a pa1iir del día uno de octubre de dos mil dieciséis, a la hija de su cónyuge, licenciada Gaby Lourdes Guevara Quintanilla en la plaza de Asistente Técnico en dicha Procuraduría”.
Caballero de Guevara, en respuesta, indicó que “las multas están pagadas por respeto a la institucionalidad. De todos modos, no me iban a dar la solvencia, si no las pagaba”, añadió la ex-titular de la PDDH. Reiteró, a continuación, que sus motivaciones para participar como aspirante estaban fundamentadas en su “vocación de servicio, interés de aportar al país, por temas de derechos humanos” y que su “trabajo ha sido centrado a las víctimas”.
Procuradoría
Población LGBTI, personas con discapacidad; y competencias en el derecho a la salud serían, según ella, algunos de los ejes temáticos que justificarían su vocación de servicio, durante la administración que precedió a la de su sucesor, Apolonio Tobar Serrano. El proceso lo habría desarrollado en respuesta de los “derechos económicos, sociales y culturales” de las 10 mesas temáticas.
De hecho, en la hoja de vida presentada a la Comisión Política, durante su proceso de selección, sostuvo: “He activado y coordinado las Mesas temáticas que funcionan en la PDDH: Mesa de Niñez y DDHH, Mesa de Personas Adultsas y Mayores y DDH; Mesa de VIH y DDHH, Mesa LGBT, Mesa de Personas con Discapacidad y DDH, Mesa de Medio Ambiente y DDHH, Mesa de Pueblos Indígenas, Mesa Diplomática y DDHH y otras”.
Sin embargo, activistas de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, como Karla Guevara, denunciaron que las actividades permanecieron suspendidas durante una parte su jefatura, un señalamiento que fue reiterado por el entonces procurador sucesor, Apolonio Tobar Serrano.
“Rechazamos el nombramiento de Raquel Caballero como Procuradora de Derechos Humanos promovido por GANA y Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Caballero es una ex funcionaria de comprobada trayectoria antiderechos. Su gestión es una nueva amenaza para las personas LGBTI y las mujeres”, juzgó también la Federación Salvadoreña LGBT.
Por otra parte, durante su administración habría identificado temas de interés por abordar, que de hecho los ha retomado Apolonio Tobar: “Justicia transicional; los derechos económicos, sociales y culturales de las 10 mesas temáticas”, temas de “inseguridad; construcción y reconstrucción del tejido social, familia y derechos políticos por la participación ciudadana”. Algunas de las garantías que prometió, en proyección a un nuevo mandato, serían: el reconocimiento de la PDDH “a nivel nacional e intenacional”; un “índice de calificación” y participar en el “cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Desde luego, parte de los ODS, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUD), tienen qué ver con propuestas como “alcanzar el bienestar, el goce de derechos y la inclusión social”, así como la “transformación económica hacia un modelo inclusivo, ambiental y sostenible” y asegurar condiciones de “paz sostenible, inclusiva e igualitaria”. El interés del Estado, con la ONUD, tiene competencias en la financiación de $572 millones de dólares, para la conciliación de dichas metas. Sin embargo, se desconoce si éste año, la PDDH tendrá participación en dicho financiamiento.
