Por Alessia Genoves
Cinco aspirantes al cargo titular en la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDDH) exponen sus propuestas para ser electos, por la Asamblea Legislativa. Sus credenciales han sido presentadas a la Comisión Política de la institución, que los recibe en el proceso de entrevista. La convocatoria dio lugar a profesionales como Carolina María Hernández; Yanira Guatemala Martínez, Roberto Martínez Díaz, Gustavo Adolfo Rivas Reina y el procurador Apolonio Tobar Serrano.
Opiniones favorables fueron reiteradas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, establecido por la presidencia de Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa, con argumentación técnica y empírica. Entre otras cosas, los aspirantes rindieron una serie de recomendaciones para innovar y ampliar la cobertura de los servicios de la PDDH, con opciones relativas a la formación en derechos humanos, y la reducción de los procesos burocráticos de los servicios públicos.
Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política y de la Asamblea Legislativa, indicó que lo procesos de entrevista continuarán para el día lunes 12 de septiembre, con el resto de los candidatos: Clovis Yeral Mondragón, Juan José Zaldaña Linares, David Oswaldo Escobar y Raquel Caballero de Guevara. Ésta última, al igual que Tobar Serrano, busca la reelección, de su cargo ejercido durante los años 2017 al 2019.
Régimen de Excepción
192 días sin homicidios se reportan durante la administración del presidente Nayib Bukele. Cerca del 64% de éstos hechos han tenido lugar durante los 129 días transcurridos del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, según lo reporta la Policía Nacional Civil (PNC). 116,419 homicidios han sido registrados desde 1994 hasta la fecha; la mayoría de ellos, asociados a agrupaciones terroristas, entre las son señalas agrupaciones de maras y pandillas. El efecto del Régimen se ha traducido en una contracción de más del 43% respecto al año anterior, en el que igualmente se ha ido implementando el Plan Control Territorial, que destaca una contracción de más del 50% respecto a los años 2019 y 2018.
La propuesta responde a la persistencia del “accionar terroristas” de cerca de 51 mil personas asociadas a maras y pandillas. Por tal razón, la política recién aprobada vendría a suspender, temporalmente, derechos consignados en la Constitución de la República, consistentes en el “derecho de asociación” (art. 7, inc 1); el derecho a “ser informado previo a la detención” (art. 12, inc. 2); el “plazo de la detención administrativa” (art. 13, inc. 2), y el de la “inviolabilidad de la correspondencia” (art. 24).
Tobar Serrano, de hecho, fue el único entre los aspirantes en indicar que no existían compatibilidades técnicas entre la institución de derechos humanos y una política “que limite derechos humanos”, en el sentido de la “progresividad del derecho”. Sin embargo, sostuvo que la política es efectiva, y que responde a las necesidades de la población salvadoreña; por lo que expuso su posición política a favor.
Criterios de ponderación al “interés superior” fueron otras de las razones que motivarían la aprobación y prolongación del Régimen, según lo indicó la abogada Carolina María Hernández, en respuesta del aspecto técnico de derechos humanos, reconocido internacionalmente. Roberto Martínez Díaz, por su parte, reconoció la necesidad de la prolongación del Régimen, en respuesta de criterios jurisprudenciales, que obedecen a la “continuidad de las circunstancias que motivaran la suspensión de derechos”, como es coherente en la sentencia 21-2020AC de la Sala de lo Constitucional. Ésta observación refiere a los pandilleros que pudieran permanecer en libertad, durante una prórroga.
“No violenta los derechos humanos, en donde se está poniendo en práctica el interés superior de la ciudadanía, que es la función del Estado, porque todos los habitantes gocen de sus derechos humanos”, reiteró Hernández
Propuestas
Innovar la estructura organizativa, y fortalecer los procesos formativos fueron dos de las propuestas generales que promovieron los aspirantes al cargo de procuradores. Éstas propuestas responden al contexto de las limitaciones de la institución de derechos humanos, para la satisfacción de las necesidades y demandas de la población. En opinión de Tobar Serrano, la PDDH no ha tenido un diseño oportuno a su naturaleza, desde 1992. En su opinión, la institución respondía a intereses sectoriales. Ésta opinión sería coherente con la del licenciado Rivas Reina; para quien la PDDH era una “institución manoseada y diseñada para un reparto de cuotas”
“Restaurar la PDDH” es la promesa de Tobar Serrano, Su propuesta responde al proyecto de crear un “un sistema distinto”, para la gestión de la administración de la Procuraduría. Detalló a la prensa, en las horas posteriores, que el sistema en cuestión se va a “echar a andar a partir del 16 de octubre de éste año”.
Tobar Serrano aseguró que el nuevo sistema “le permitirá a la población contar con una respuesta oportuna”, ya que se generaría “el trabajo por áreas temáticas, en las que cada procurador adjunto específico, cada procurador adjunto brinde respuesta pronta a las peticiones”; y que los mismos tendrían la “responsabilidad de sellar la propuesta que den, para que asuman el compromiso a la población”.
“Buscar la integralidad en la formación de los derechos” es, por otra parte, la propuesta de Martínez Díaz. Añadiría, además, la necesidad de involucrar a la academia en los procesos de participación, relativos a la defensa de los derechos humanos, así como los estudiantes en las facultades de derecho y carreras afines. La propuesta fue reiterada por Hernández, quien indicó, entre otras cosas, la necesidad de “fortalecer la Escuela de Derechos Humanos”
Moralidad
“Defensor del Pueblo” es epítome al que es referido el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos, un título que en El Salvador preside a la PDDH desde 1992. Apolonio Tobar Serrano ha sido electo para el ejercicio de dichas funciones administrativas, desde el mes de octubre del año 2019. En última instancia, aseguró que en el transcurso de ese período creyó haber legado “un trabajo digno” y haber “dignificado a la institución a nivel internacional”.
“Excepcional” fue el calificativo con el que se definió al trabajo realizado en los tres años transcurridos en la institución. Tobar lo justificaría con las acciones implementadas durante los contextos de “la pandemia; el conflicto de la Asamblea y el Ejecutivo; y el Régimen de Excepción”; así como aquellos en los que “las instituciones que generan poder a un solo partido político en la Asamblea y en el Ejecutivo”, que para él “no se habían vivido en 1992”.
Sin embargo, Tobar fue el más interrogado entre los cuatro participantes de la Comisión. El diputado Guillermo Gallegos sostuvo que el procurador había sido señalado por los supuestos “delitos de actos arbitrarios e injusticia manifiesta”. A éstas acusaciones se totalizarían cuatro causas penales en su contra. Pero Serrano indicó que en la mayoría de ellas había sido absuelto.
$2,115.52 dólares desde la planilla de Tobar Serrano al partido FMLN serían uno de los indicios para que la Comisión reiterar un señalamiento en su contra como financista de dicha institución política. Sin embargo, el ex-procurador calificó el señalamiento como una “extrapolación”, que no sería pertinente a los hechos.
Explica: “Yo laboré en ésta Asamblea Legislativa, no para el partido FMLN, sino para la Asamblea Legislativa, pero adscrito a la facción del FMLN en el tiempo en que estuve. Y se me pidió una colaboración, en el tiempo en que estuve, a lo mejor para comprar café, a lo mejor para comprar papel toalla; a lo mejor para comparar enceres de oficina. Pero que $190 dólares no sea para financiar un proyecto político. Me parece que es una extrapolación afirmar que se es financista de un proyecto político con $190 dólares”.
Martínez Díaz también indicó que su cargo en la PDDH también fue sometido a juicio. Sin embargo, explicó que habría sido absuelto de los cargos, y restituido a su empleo, al servicio público.
Tobar Serrano, por otra parte, confirmaría los conflictos heredados con el sindicato de trabajadores de la PDDH, desde la jefatura de Raquel Caballero de Guevara. Según Gallegos, los sindicalistas indicarían que el procurador habría estado ausente. Sin embargo, Serrano indicó que el conflicto también implica el desempeño de su carrera, debido a la inactividad laboral que éste señalaría del sindicato.
Según el procurador, los trabajadores de la PDDH, sindicalizados, firmaron un contrato colectivo con el ex-procurador David Morales, desde su administración, resultado en permisos de hasta el “100% de su jornada en en actividades sindicales”. Por lo que habría iniciado procesos sindicales en su contra, que justificarían el conflicto. También añade Serrano:
- Si estar alejado de la población es haber hecho una consulta con las víctimas; pues sí,fui alejado
- Si estar alejado es haber aperturado todas las mesas temáticas, como el caso de la población LGBTI, derecho a la salud, Memoria Histórica; abrir los lazos de trabajo con organismos internacionales como Onu Mujeres. Si eso es estar alejado, pues sí he estado alejado.
- Si posicionar a la institución a nivel internacional, que nos permita un reconocimiento sobre el trabajo que estamos desarrollando, y que podamos contar con la presencia de 17 defensores y defensoras a nivel internacional. Si eso es estar alejado, sí, he estado alejado.
