La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORUMUSA) lanzó un estudio sobre los niveles de violencia institucional ejercida desde el Estado. Silvia Juárez, dirigente de la entidad, afirmó que “la investigaciones ha arrojado evidencia de como el estado se comporta de manera como un perpetrador más de la violencia contra las mujeres”.
Agregó que la violencia ejercida por parte de las entidades del Estado poseen una variante, que lo hace más grave aún, y es “la capacidad de volverse estructural y que frente a esta victimización las mujeres tienen menos capacidades de romper estos ciclos y aparece la revictimización y la impunidad”.
La investigación titulada “El Salvador, violencia institucional contra las mujeres. Avances y desafíos”, abarca tres dimensiones: la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía del cuerpo.
En el apartado de la autonomía del cuerpo, Juárez mostró su preocupación debido al elevado número de funcionarios públicos o agentes del Estado que están vinculados a hechos de violencia contra las mujeres.
Del año 2012 a junio de este año la Fiscalía General de la República (FGR) registró 152 víctimas que denunciaron delitos contra la libertad sexual, 106 de los denunciados son miembros de la Policía Nacional Civil (PNC); 40 contra soldados; nueve fueron en contra de otros funcionarios: tres jueces, dos vigilantes, un alcalde y un funcionario público.
Según ORMUSA, entre 2012 y 2016 han sido imputados por expresiones de violencia contra las mujeres, 50 funcionarios públicos, de estos 37 eran policías, siete alcaldes, cinco eran soldados y uno diputado. Por otro lado, en el mismo periodo fueron sancionados 171 policías por vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras que en la autonomía económica la investigación arroja que aún persisten estereotipos de género en el ámbito laboral que no permiten que las mujeres ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. Según el documento la mayor parte de mujeres no son cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), lo que las excluye del sistema de salud integral, seguro médico por enfermedad por maternidad.
Juárez destacó la necesidad del cese de la impunidad que afecta a las mujeres que son víctimas de la violencia por parte de funcionarios públicos. Llamó a abrir más espacios en igualdad de condiciones para las mujeres en El Salvador.
ORMUSA también hizo un llamado al Estado para que realice una contraloría exhaustiva sobre su funcionariado para que no ejerza ningún tipo de violencia de género; además de crear protocoles que dicten los lineamientos para sancionar este tipo de delitos y resarcir los daños a las mujeres afectadas por la violencia en su contra.
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