Por Alessia Genoves
131 días sin homicidios se reportan durante los 212 días de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acumula unos 222 días sin homicidios, hasta el 25 de octubre, de acuerdo con los registros divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC). En paralelo,
7,500 pandilleros activos justificarían la aprobación y prórroga continua del Régimen de Excepción, que establece la aprehensión de miembros y colaboradores. Hasta el pasado 14 de octubre, la PNC reportó la detención 55,062 presuntos terroristas, de los que un 92% cumplen orden de prisión preventiva, según la Fiscalía General de la República (FGR), al presentar arraigos de pertenecer a maras y pandillas.
4,071 presuntas vulneraciones a los derechos humanos, sin embargo, fueron reportadas por 7 diferentes organizaciones sociales; y que una media del 75% de ellas responden a detenciones arbitrarias. La Fundación Cristosal reportó unos 80 decesos a centros penales, pese a que el la Dirección Nacional de Centros Penales (DGCP) y el presidente Bukele sostienen que los decesos se han reducido en décadas. Demandaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otras cosa, derogar el Régimen de Excepción.
Menos delincuencia
222 días sin homicidios reporta la administración del presidente Bukele, hasta el 25 de octubre. Autoridades de seguridad pública justifican que el descenso estadístico de homicidios responde a la implementación de políticas de seguridad pública, como el Plan Control Territorial (PCT), que reportaba una contracción de hasta el 50% de los homicidios, en relación los años 2020 (1,341) y 2018 (3,340). Los más de tres años transcurridos de la presidencia Bukele, hasta la fecha del 20 de octubre de 2022 y la misma del 2018, reportan una contracción de más del 76.8% de homicidios.
131 días sin homicidios se reportan durante los 212 días de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Como se ha mencionado, la cifra vigente es la del 14 de octubre, que reporta un acumulado de 55,062 personas detenidas, de los que unos 50,197 ya habrían sido “requeridos ante los tribunales de justicia”; en suma de otras 1,489 personas con indicios de pertenecer o participar con maras o pandillas, según declara el titular de la FGR, Rodolfo Delgado.
Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.
Presuntas detenciones arbitrarias
803 personas fueron liberadas, a mediados del mes de septiembre, tras pasar varios meses en centros penitenciarios. La liberación de los detenidos fue requerida por la Fiscalía General de la República (FGR), al descartar la comisión de delitos imputados, entre ellos, el pertenecer o colaborar a maras o pandillas. Delgado indicó que el procedimiento responde al cumplimiento de las garantías procesales de las personas detenidas.
De hecho, un margen del 75% de un total de 4,071 denuncias responden a denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias. Los reportas son divulgados por a 7 diferentes organizaciones, entre ellas, la Fundación Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DUE); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y organizaciones como AMATE El Salvador, entre otras.
94,562 personas detenidas en centros penales justificarían, a su juicio, condiciones inhumanas en centros penales: “La sobrepoblación y el hacinamiento son descomunales, e implica condiciones indignas, inhumanas y degradantes para quienes están recluidas en el país”, indicó la representante de Cristosal, Zaira Navas, en la última reunión agendada con la CIDH.
Sin embargo, titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como el exprocurador Apolonio Tobar, han cuestionado algunas denuncias. Entre otras cosas, Tobar indicó que apenas 9 de los más de 130 expedientes de la primera prórroga del Régimen de Excepción responden a presuntas violaciones a derechos humanos. También indicó que la mayoría de los documentos presentados por organizaciones responden a documentos de arraigo, y que decenas de ellas pertenecerían a una sola persona; y no a denuncias formales.
Entre tanto, las condiciones de hacinamiento sí fueron previstas por Tobar; pero, hasta el mes de julio, constató su última revisión a centros penales, y calificó favorablemente las condiciones de detención. Mientras que el gobierno salvadoreño ha anunciado el progreso de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, para el albergue de más de 40 mil miembros de maras y pandillas; es decir, quizá 53.33% de los 75 mil pandilleros estimados, en el territorio nacional.
Sin Embargo, las denuncias son constantes. Ante la CIDH, la representante de Amnistía Internacional, Belissa Gutiérrez presentó un petitorio, en representación a las organizaciones demandantes. Entre otras cosas, pidió el respeto de las garantías de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluídas aquellas que fueron condenadas. Demandó, pues, la aplicación de los “artículos 4, 5, 8, 25 y 26 de la convención americana de las condiciones de niños niñas y adolescentes así como de las mujeres y miembros de la comunidad lgbti”
También fue categórica al demandar al “Estado salvadoreño a que a derogue el decreto (N.º 333) de estado de excepción, y toda la normativa violatoria de Derechos Humanos aprobada en este contexto”. Navas se referiría a algunas reformas penales y procesales de la norma de justicia salvadoreña; pero, respecto al Régimen, no ofreció un análisis de ponderación sobre los presuntos derechos vulnerados a pandillas, y las más de 116,447 muertes ocasionadas por pandillas.
Ante las observaciones, Delgado asumió que las organizaciones “necesariamente van a tener que mantener éste tipo de recursos”. También detalló que “las detenciones se realizan en flagrancia por al PNC, con el auxilio del ejercito”. E indicó que, ante señalamientos hechos por medios como Diario El Faro sobre el reiterado juzgamiento por una misma causa, las pertenencia de pandillas y sus actividades “son delitos de carácter permanente. Esas personas, en ningún momento han renunciado a participar a esos grupos criminales”.
Muertes en Centros Penales
80 muertes en centros penales reportaría la Fundación Cristosal, hasta el mes de septiembre de 2022. los datos, sin embargo, no han sido negados por el presidente Bukele, ni gabinete de seguridad.
Las organizaciones reiteran al gobierno dar resolución sobre los incidentes, que a conocimiento de la representate de DUE, Sonia Padilla, “éstas muertes se han producido por golpizas de agentes custodios o de otros internos, o por falta de atención médica o previsión de medicamentos en caso de enfermedades adquiridas dentro de los centros de detención o ya sea también por enfermedades crónicas”.
Padilla declaró el desconocimiento de las investigaciones del caso. Pero, un día antes, el Fiscal General indicó que “la Unidad Fiscal de los Delitos de Homicidios está realizando la investigación de cada uno de esos casos”. También informó que “a éste momento llevamos el 50% de los casos, de esas muertes en centros penales, y no se ha establecido la existencia de delito alguno. El resto está todavía en investigación”.
Por otra parte, hasta el pasado 9 de junio, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro respondió a los entonces 20 registros de muertes en centros penales que llevaba Cristosal: “Muchos de ellos pueden tener un origen por un padecimiento anterior por una desnutrición y deshidratación”, sostuvo Villatoro, al referirse a los fallecimientos de los reos. “No tenemos el dato en nosotros de cuántos días estas personas llevan sin tomar y queriéndose escondiéndose sin ingerir alimentos”
Bukele, entretanto, indicó desde el pasado 17 de octubre que “hay menos muertos per-cápita en el Régimen de Excepción en las cárceles, que el promedio normal, en los últimos 10 años, y en las mismas cárceles”, refiriéndose al registro comparativo de los decesos en los centros penales.
Sólo durante los primeros seis meses de vigencia del Régimen de Excepción, la Fundación Cristosal reportó hasta 80 muertes en centros penales; mientras que en el mismo período del año 2015, las muertes en centros penales llegaron hasta las 375.
