Por Benjamín Cuéllar
En la actualidad, El Salvador es una nave sin rumbo claro y alentador; el puerto al que apunta su travesía no es aquel que quedó plasmado en el primero de los acuerdos mediante los cuales se logró algo sumamente trascendental para los destinos nacionales: concluir una guerra larga, cruenta y dolorosa que duró once años, desde el 10 de enero de 1981 hasta el 16 de enero de 1992. Antes había transcurrido una década en la que tanto el accionar estatal como el guerrillero enlutaron miles de hogares, mediante la ejecución arbitraria y la desaparición forzada de personas; asimismo, hubo masacres y abundaron las detenciones ilegales, las torturas, los secuestros extorsivos, los desplazamientos humanos individuales y colectivos, el exilio y el desarraigo, entre otras graves violaciones de derechos humanos perpetradas por ambos bandos.
Pero se logró dejar atrás esas prácticas aberrantes, sistemáticas, criminales y terroristas. En el documento citado –el Acuerdo de Ginebra– quedó establecido el que debió haber sido el ideario nacional para alcanzar la paz: respeto irrestricto de los derechos humanos, democratización del país y [re]unificación social. No me cansaré de citar esas grandes aspiraciones aún no concretadas que siguen allá, en lontananza, esperando ser retomadas para su realización cierta y duradera.
En el tinglado electorero lo que se observa es un par de actores, los principales protagonistas del conflicto bélico que acordaron terminarla, deslucidos y arrinconados en medio de sus procesos inocultables de franco deterioro por haber perdido el norte que le trazaron a nuestra patria hace treinta y dos años. Asimismo, vemos una fuerza política que como los “rudos” en la lucha libre se apropió marrulleramente de la institucionalidad del país que a empujones –con altas y bajas, avances y retrocesos, dimes y diretes– se había venido instalando de a poco; pero las huecas “nuevas ideas” no pueden ni deben asumirse, de ninguna manera, como el nuevo ideario al que me refiero.
Nuevo ideario que, además de lo acordado en Ginebra, debería incluir los textos de dos instrumentos internacionales esenciales para encarar los grandes desafíos que enfrentamos y comenzar a aliviar las aflicciones de nuestras mayorías populares: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, tendría que considerar los mandatos más medulares de san Romero de América en esta materia. El primero, sobre derechos económicos, sociales y culturales. “Liberación –afirmó el 25 de noviembre de 1977– quiere decir que no exista en el mundo la explotación del hombre por el hombre. Liberación quiere decir redención que quiere libertar al hombre de tantas esclavitudes. Esclavitud es el analfabetismo; esclavitud es el hambre, por no tener con qué comprar comida; esclavitud es la carencia de techo, no tener donde vivir. Esclavitud, miseria; todo eso va junto”.
En el caso de la participación ciudadana, el 6 de agosto de 1978 habló así: “A los partidos políticos, a las organizaciones gremiales, cooperativas o populares el Señor en esta mañana les quiere inspirar la mística de su divina transfiguración, para transfigurar también desde la fuerza organizada no con métodos o místicas ineficaces de violencia sino con verdadera, auténtica liberación”. “Cada uno de nosotros –aseguró además el 5 de febrero de 1978– tiene que ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, pero mirándolos a la luz de la fe. No hacer el bien por filantropía. Hay muchas agrupaciones que hacen el bien, pero para salir en el periódico, para que se ponga una placa de un gran bienhechor. Hay muchos que hacen el bien buscando aplausos en la tierra”. Y, agrego yo, para que los crean “redentores”.
Nuestro profeta también se adelantó a los sesudos iluminados de la justicia transicional, con estas palabras pronunciadas el 28 de agosto de 1977: “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”.
Si yo fuera político y aspirara a presidir el país, lo anterior sería el trípode sobre el cual asentaría mi propuesta dirigida a quienes son víctimas principales del hambre que aguantan y la sangre que derraman –las mayorías populares– con base en la impunidad histórica instalada para favorecer a las minorías privilegiadas de ayer y hoy. Pero como no busco ser funcionario, ese trípode debería ser el soporte de los reclamos populares a cualquier Gobierno; léase, el nuevo ideario de la gente sufriente para construir poder y poder poner “contra el cerco” al que no le cumpla.
