La firma de los Acuerdos de Paz puso fin al conflicto armado, pero no ha brindado paz a las víctimas de la guerra, a los familiares de desaparecidos y asesinados durante esa época, así lo aseguró Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos.
García enfatizó en que las víctimas han sido las “menos favorecidas” en el proceso de paz, “porque no ha existido una verdadera justicia y reparación para ellas”. Las declaraciones de García fueron dadas durante el foro “Violencia, salud y paz” en el marco de la firma de los 25 años de la Firma de los Acuerdos de Paz.
Al hablar de reparaciones es necesario hacer una reflexión profunda, señaló “porque la reparación no es solo económica, no hay dinero en este mundo para calmar el dolor que siente una madre quien se le robó a su hijo, no hay dinero que compre la angustia de no saber dónde está un desaparecido”.
Agregó que “no es cuestión de dinero y que dada la situación de pobreza en este país cualquier cantidad de dinero es de ayuda, pero no esa la reparación que se necesita, sino todas aquellas que tengan que ver con la verdad, justicia, reparaciones morales, éticas que de verdad lleven a sanar heridas y a no repetir la historia”, dijo García.
El representante de Pro-Búsqueda agregó que el Órgano de Justicia es uno de los que poco ha trabajado en favor de los afectados de la guerra, puesto que “siempre ha mirado de menos a las víctimas” y no ha brindado las debidas diligencias para llegar a la verdad y justicia en ningún caso de masacres o crímenes de lesa humanidad, pese a que ya fue derogada la Ley de Amnistía.
Por otro lado, el representante del Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, Antonio Hernández, aseguró que no se alcanzará la paz en El Salvador mientras no existan decisiones políticas a favor de las víctimas de guerra.
Según informes internacionales, la guerra que afectó durante doce años a El Salvador dejó más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Seguros de salud privado, atropello a las víctimas
En otro tema, Hernández señaló que lamentan que pese a que El Salvador ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un estado violador de derechos, las autoridades no hagan nada por velar “por lo menos” por la salud de las víctimas y “decidan continuar con la derivación de fondos públicos para contratar seguros privados de salud”, recursos que, afirmó, podrían reorientarse a programas de atención y reparación para los afectados durante el conflicto armado.
Ante esto hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones estatales para que cesen con las prácticas “elitistas ” y eliminen toda partida presupuestaria que permita financiar seguros privados de salud.
“No estamos de acuerdo con los seguros privados para funcionarios, ese dinero podría estar reorientado a atender a las víctimas de guerra y sus familias, a quienes la paz no les ha llegado todavía”, dijo García.
