La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó reabrir el proceso penal en contra de los miembros de la Fuerza Armada señalados por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles.
La medida se registra producto al amparo presentado el pasado 16 de noviembre por el fiscal general, Rodolfo Delgado.
“Por años, tantas voces nacionales e internacionales reclamaron justicia en el caso jesuitas”, afirmó Delgado mediante su cuenta de Twitter, y aseguro que “vamos a perseguir a los responsables, para lograr justicia ante estos viles asesinatos”.
El Constitucional, que también dio 10 días a la Sala de lo Penal para que “modifique” una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señala que se “violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó “que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre”.
El Supremo admitió un amparo presentado por el fiscal Delgado en noviembre del año pasado para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal.
“Invalídese la resolución de la Sala de lo Penal mediante la cual, de forma simultánea, se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación interpuestos, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad en esa actuación, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia”, indica la sentencia.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador.
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.
En septiembre de 1991, un tribunal de San Salvador juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. Se trataría de militares de alto rango de la época.
Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación de la Fiscalía General de la República.
Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.
Ante la falta de justicia en El Salvador, familiares de los sacerdotes impulsaron en 2009 un juicio en España.
Basándose en el principio de la justicia universal, en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluido más de 30 años, según la ley de ese país.
La guerra civil salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, con la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
