Por Alonso Rosales
La discusión sobre una posible reforma de la jornada laboral en El Salvador entra en una nueva fase de tensión. Mientras el Ministerio de Trabajo sostiene que concluyó el proceso de consultas y prepara una propuesta para enviarla a la Presidencia de la República, organizaciones de trabajadores reclaman que el debate sea suspendido hasta contar con un acompañamiento técnico más amplio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) pidió al Ministerio de Trabajo solicitar formalmente la asistencia técnica de la OIT antes de continuar impulsando modificaciones sustantivas a la jornada laboral. La organización también reclamó que los trabajadores tengan condiciones adecuadas para participar en una discusión amplia, informada y transparente.
La posición de la UNT adquiere relevancia después de que el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT confirmara, el pasado 30 de septiembre, que recibió las observaciones presentadas por la organización sindical. El organismo indicó que esas observaciones serán trasladadas al Gobierno salvadoreño y posteriormente puestas en conocimiento de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones durante su próxima reunión, prevista para noviembre-diciembre de 2026.
Dos propuestas concentran el debate
El Gobierno analiza diferentes alternativas para reorganizar las actuales 44 horas semanales de trabajo, sin modificar ese límite semanal.
Entre las propuestas que han tomado mayor fuerza se encuentra una jornada de 11 horas durante cuatro días, con tres días consecutivos de descanso. La segunda plantea trabajar 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha insistido en que todavía no existe una reforma aprobada y que se trata de alternativas sometidas a discusión. También ha señalado que una eventual nueva modalidad podría ser opcional y depender del consenso entre trabajadores y empleadores.
El Ministerio de Trabajo sostiene además que durante el proceso de consultas participaron empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales, academia, iglesias, organismos internacionales y otros sectores.
Sin embargo, para las organizaciones sindicales la discusión no está cerrada.
AGEPYM rechaza la jornada de 11 horas
La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) se sumó al rechazo a la propuesta.
Su presidente, Roswal Solórzano, calificó la iniciativa como regresiva y afirmó que la extensión de la jornada podría afectar derechos adquiridos por los trabajadores.
“Nos declaramos totalmente en contra”, sostuvo Solórzano, quien argumentó que el derecho laboral debe avanzar de manera progresiva y no regresiva.
El dirigente señaló que una modificación de esta naturaleza podría afectar la salud ocupacional, la jornada máxima ordinaria, los contratos individuales y colectivos y la conciliación entre la vida laboral y familiar. Su planteamiento central fue que “no hay que confundir la modernización con la precarización del empleo”.
AGEPYM también cuestionó que se mantengan las 44 horas semanales mientras se concentran más horas de trabajo en menos días.
Manuel Sánchez, directivo de la organización, expresó un rechazo aún más fuerte y sostuvo que la propuesta afectaría la conquista histórica de la jornada laboral, el pago de horas extras y la convivencia familiar.
Por su parte, Wilfredo Preza, también directivo de AGEPYM, recordó que la lucha por la jornada de ocho horas tiene antecedentes históricos en El Salvador que se remontan a 1911.
AGEPYM plantea reducir la jornada a 36 horas
En lugar de concentrar las actuales 44 horas en cuatro días, AGEPYM propone avanzar hacia una reducción de la jornada semanal.
La organización planteó un esquema de ocho horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes, lo que llevaría la jornada a 36 horas semanales.
Solórzano argumentó que este modelo permitiría disponer de más tiempo para la familia, el descanso y la recreación, además de reducir los efectos del estrés laboral.
“Mientras en Europa se reduce de 44 a 36 horas la jornada laboral, en El Salvador se incrementa la jornada laboral de lunes a jueves a 11 horas”, cuestionó el dirigente.
La organización considera que esa debería ser la dirección de una verdadera modernización laboral: reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida, en lugar de concentrar las mismas horas en jornadas diarias más extensas.
El Gobierno defiende la consulta
Frente a las críticas, el ministro Rolando Castro sostiene que el proceso de consulta fue amplio y que la propuesta final incorporará los planteamientos recibidos de los diferentes sectores.
El Ministerio de Trabajo ha señalado que cualquier modificación deberá respetar salarios, prestaciones, descansos y derechos adquiridos. Además, el Gobierno asegura que todavía se analizan distintas modalidades y que las necesidades pueden variar según la actividad económica y las características de cada puesto de trabajo.
Castro también ha defendido que la modernización del tiempo de trabajo no debe interpretarse como precarización y ha asegurado que la premisa fundamental es que ningún derecho adquirido de los trabajadores quede en riesgo.
La OIT, ahora en el centro de la discusión
El papel de la OIT se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia.
Para la UNT, no basta con que representantes de la organización hayan participado en una etapa de consulta. Su demanda es que exista un verdadero acompañamiento y asistencia técnica internacional antes de avanzar con cambios sustantivos.
La respuesta de la OIT a las observaciones de la UNT tampoco constituye, por sí misma, una decisión sobre la reforma salvadoreña. El organismo confirmó que recibió los planteamientos sindicales y que estos serán transmitidos al Gobierno y posteriormente considerados dentro del mecanismo de supervisión correspondiente.
Por tanto, el debate continúa abierto.
Una reforma que enfrenta dos visiones
El conflicto de fondo no se limita a decidir si los trabajadores tendrán tres días de descanso o si trabajarán algunas horas menos el viernes.
La discusión enfrenta dos visiones sobre lo que significa modernizar el mercado laboral salvadoreño.
El Gobierno sostiene que redistribuir las 44 horas semanales puede generar modalidades más flexibles y adaptadas a las necesidades de trabajadores y empresas. Las organizaciones sindicales, en cambio, consideran que concentrar esas horas en jornadas de 10 u 11 horas puede incrementar el cansancio, afectar la salud ocupacional y reducir el tiempo efectivo de convivencia familiar.
La diferencia es fundamental: para el Gobierno se trata principalmente de reorganizar el tiempo de trabajo; para los sindicatos, la modernización debería significar reducirlo y mejorar las condiciones laborales.
Mientras los equipos técnicos preparan la propuesta que deberá pasar nuevamente por el Consejo Superior del Trabajo antes de llegar al Ejecutivo, la presión sindical aumenta.
La solicitud de la UNT de esperar una mayor intervención de la OIT y el rechazo de AGEPYM colocan al Gobierno ante un desafío: demostrar que la reforma será realmente producto del consenso y que cualquier cambio en la jornada laboral no significará un retroceso en derechos conquistados durante más de un siglo.
La discusión, por ahora, sigue abierta. Y la decisión final tendrá implicaciones no solamente para las empresas y los trabajadores, sino también para el modelo de relaciones laborales que El Salvador pretende construir en los próximos años.
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Organización Internacional del Trabajo (OIT);
