La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el viernes el informe de su reciente visita a Venezuela, precedido por una misión de evaluación de su cuartel general en Ginebra en marzo pasado, completado por entrevistas a distancia de víctimas de transgresiones a las libertades públicas y derechos individuales. Alrededor de 500 testimonios recogidos, y otros datos, revelan la existencia de 4 millones de emigrados, (los cuales serán 7 millones en 2020, calculó Francia), junto a una población que permanece en el territorio, cada uno sobreviviendo con 7 dólares al mes. El país cuenta con 3,7 millones de desnutridos, en el marco de 7 millones de habitantes que necesitan de la ayuda internacional según Naciones Unidas, asistencia que el gobierno es reticente a dejar entrar pues niega que en Venezuela exista una crisis humanitaria.
Estas cifras esbozan la tragedia, desgraciada definición para la vida real de la gente, de consecuencias tremendas e irremediables, sin contar las practicas sistemáticas reservadas a la oposición, con detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, y represión de la disidencia política. Bachelet criticó asimismo “las medidas coercitivas unilaterales”, que aplican contra Venezuela los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, México y Colombia, por exacerbar la crisis económica, “dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo”, pero William Castillo, viceministro de exteriores de Maduro, rechazó dicha valoración por parcial. Fustigó las demás alegaciones de Bachelet por su visión “selectiva y abiertamente parcializada”, y le pidió que corrija su informe, sin resultado alguno.
Entre las recomendaciones de la Alta Comisionada a Maduro para superar semejante situación, destaca la instalación de una oficina con sus expertos en Venezuela, para dar seguimiento en tiempo real a las violaciones de los derechos humanos, con el objeto de contribuir a que cesen. Con ello pidió se liberen los presos políticos, actualmente unos 630, que se disuelvan los grupos paramilitares escudados en las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), y que las autoridades garanticen “la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de salud”. También que se protejan “los derechos individuales y colectivos” de los pueblos indígenas, que se “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”, que se restablezca “la independencia del sistema judicial”, y que Venezuela ratifique la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y “el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, el cual habilita visitas sorpresivas a los centros de reclusión de enviados por la ONU para auscultar las condiciones de detención.
La liberación en las últimas horas de 84 detenidos, entre ellos de la jueza Lourdes Afiuni Mora, solicitada hace varios años por el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, sumado a la promesa que el gobierno accede a invitar a diez relatores especiales de la ONU en el término de dos años, parecen haber generado un clima favorable para propiciar gestos de entendimiento. Ambas partes han pactado darse 6 meses para observar si dos asistentes de Bachelet que han quedado en Venezuela desde su visita, pueden ponerse de acuerdo con el gobierno para organizar una oficina permanente, como existe en otros países de la región, al ejemplo de Guatemala y México, con el propósito, entre otros, de monitorear las violaciones, escuchar a las víctimas y acceder a los centros penitenciarios.
Al presente informe escrito de Bachelet, que se acompaña al pie, al igual que la replica del viceministro de Maduro, debe darle seguimiento otro informe oral de la Alta Comisionada en septiembre venidero, cuando tenga lugar la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sin embargo, para esa fecha, “el Perú considera necesario” se constituya una “comisión internacional de investigación”, en virtud del “deterioro” de los “derechos humanos” constatado por la Alta Comisionada. La propuesta coincide con el reclamo de unas 200 oeneges, designación “que establezca responsabilidades e impida la impunidad”, cuyo portavoz en el debate de Ginebra fue Feliciano Reyna Ganteaume, de “Acción Solidaria” y “Civils”, como así lo atestigua la entrevista en video para mis cuentas en Facebook, Twitter y Youtube, con el que culmina este reportaje.
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2. Comentarios formulados por la República Bolivariana de Venezuela, Ginebra, 5 de julio de 2019.
