Aunque Donald Trump no haya cumplido su sueño de construir un muro físico entre México y Estados Unidos, si ha conseguido establecer muros humanos y políticos al sur de su frontera y un techo legal para detener la migración legal e ilegal al país — o por lo menos, darle la impresión a su electorado que cumplió su palabra, pese a que la migración aumente durante su mandato. Con un toque de hada madrina y aplicando su habilidad de “negociador,” con la tipificación de “estados seguros” el presidente Trump, no logra solo construir vallas de contención migratoria para reportarle cuentas alegres a sus seguidores, sino convertir los “hoyos de excremento” y poblaciones violentas, en países seguros. Es increíble que haya podido resolver en meses, problemas enraizados en la injusticia y disparidades acumuladas por estos países durante siglos. Y, lo más sorprendente es que los muros sean pagados no solo por México, sino por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Vivimos un periodo de abundancia donde la tecnología ha facilitado no solo el fortalecimiento militar de las potencias mundiales, sino su capacidad productiva y mercantil. China, EEUU, Japón, Corea, Alemania y otros países europeos, no han solo multiplicado su manufactura, sino que han abierto mercado y rutas de comercio en todo el mundo, desde donde sus empresas pueden generarse ingresos millonarios, especialmente de países meramente consumidores que viven de remesas, como El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero dicha abundancia de insumos que otrora no existían, como el teléfono celular inteligente o tenían precios inalcanzables, como los televisores plasma, ha pasado a ser parte de un sensacionalismo que cubre la realidad de las sociedades y las convierte en meros espectadores y repetidores de una versión superficial de sus propias vidas. Es en esta realidad como medidas políticas como las pregonadas por el presidente Trump, cuya resonancia cibernética en Latinoamérica crea una realidad aceptable en la opinión de los que aunque no sean víctimas directas, son sujetos de la inseguridad económica y física en sus países.
Si la simple clasificación de países seguros trajera la paz y la seguridad física y ciudadana de los habitantes del Triángulo Norte, ni el éxodo de estos países seria preocupación para Trump, ni las deportaciones lo serían para los gobiernos centroamericanos. Pareciera que la violencia es un capricho de unos cuantos que la aumentan y la disminuyen cuando quieren o se les ordena, y que la industria de la extorsión a pequeños empresarios es un invento de la prensa y gente que quiere migrar. Si ese toque mágico de Donald Trump funcionó, el mandatario habrá no solo cumplido su promesa de construir un muro y que México lo pague, sino que Guatemala, Honduras y EL Salvador contribuyan con su financiamiento e implementación. Desde Junio de este año, el gobierno de Manuel López Obrador ha desplazado 6,000 agentes de su Guardia Nacional hacia su frontera con Guatemala, para detener migrantes en camino a Estados Unidos, lo cual le costará decenas de millones de dólares por año a México.
Además de detener la migración ilegal con la declaratoria de “países seguros”, la administración Trump ha logrado bajar el techo del número de refugiados que puede recibir Estados Unidos anualmente a 18,000, que comparado con los 110,000 que permitía Obama son menos del 20%. De estos casos, 1500 estarían reservados para centroamericanos. O sea que unas 500 personas de cada país aproximadamente tendrían la posibilidad real de migrar legalmente a Estados Unidos al año.
En el caso de que ciudadanos de los tres países del triángulo norte solicitaran asilo en los países vecinos definidos como seguros por el gobierno de Estados Unidos, El Salvador por lo fuerte de su moneda sería más atractivo para recibir candidatos a asilarse en el norte. El Salvador también sería una alternativa para aquellos centroamericanos que buscan una superación económica. La construcción de un aeropuerto y una vía férrea para trenes de transporte en territorio salvadoreño como parte medular del programa de gobierno del presidente Nayib Bukele, lo hace aún más atractivo. En el mejor de los escenarios, ciudadanos hondureños y guatemaltecos vendrían a trabajar en territorio salvadoreño con su debida documentación mientras esperan una respuesta del gobierno de Estados Unidos, y hasta podrían quedarse en dicho país si su caso es denegado, ya que el que busca asilo en otro país no quiere volver al suyo.
La economía salvadoreña podría beneficiarse de la mano de obra hondureña y guatemalteca, de la misma manera que Honduras y Guatemala se beneficiaron otrora cuando los salvadoreños emigraron a estos países. Caso que la migración entre países fuera masiva e incrementará la oferta laboral disruptivamente, esta podría generar nacionalismo en los países anfitriones como México y El Salvador. Lo cual podría traer conflictos similares a los que causó la guerra con Honduras en 1969. Pero la modernización que se espera durante la administración Bukele en El Salvador y la aspiración histórica de los países centroamericanos de ser una nación, podría prevalecer. La producción de alimentos en Guatemala y Nicaragua y la presencia de estos en los mercados salvadoreños han demostrado no solo la compatibilidad económica entre los países centroamericanos, sino su interdependencia.
La conversión virtual de violadores y pandilleros procedentes de “hoyos de porquería” en países seguros, por parte de Donald Trump, es algo que aunque surreal podría persuadir a su electorado para una posible reelección. Sin embargo la implementación de la política de países seguros, podría tener un impacto real en Centroamérica, no necesariamente en favor de sus gobernantes. Aunque El Salvador más que una historia de nacionalismo, tiene una trayectoria centroamericanista, no está exento de importar el nacionalismo de moda en países anfitriones de refugiados en otras partes del mundo. Además de haber tenido mandatarios originarios de otro país, El Salvador siempre ha apoyado la unidad centroamericana. Lo cual no implica que un flujo migratorio no vaya generar conflicto entre sus connacionales. Las deportaciones masivas de salvadoreños de Honduras en 1969, no solo generaron la guerra con El Salvador, sino que aumentaron el desempleo y la pobreza, agudizando las condiciones sociales que justificaron la represión interna y en definitiva la guerra civil en este país en los años 80s.
