Por Alessia Genoves
Mauricio Funes es ordenado a jucio, tras haber sido acusado de evadir impuestos por un monto de $271 mil USD. El proceso responde a la resolución establecida por el juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, que además ordenó la “medida cautelar de la detención provisional” contra el ex-presidente de la República (2009-2014). La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, sostiene que el imputado será juzgado como reo ausente, debido al estatus de protección que le confiere su nacionalidad nicaragüense.
Detalla la FGR que la deducción del monto en controversia, responde a los hallazgos administrados por la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Los informes citados, por su parte, indicarían que “Mauricio Funes declaró información falsa durante el ejercicio fiscal del 2014”. Por otra parte, el monto la evasión se sumaría al de otros $206,660.55 dólares USD resultantes de los exámenes de auditoria por la no declaración de patrimonio irregular.
#CombateALaCorrupción I Mauricio Funes es acusado de declarar información falsa ante el Ministerio de Hacienda para evadir impuestos sobre la renta por un monto de $271,857.49. durante el periodo fiscal de 2014.
Este día, se realiza la #VistaPública en su contra. pic.twitter.com/R84tk1gnQG
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 4, 2023
Debe responder, además, Mauricio Funes por las irregularidades en el patrimonio del Estado, estimadas en una cuantía de $219,900,509.90 USD, que se le atribuyen por la presunta comsión de los delitos de peculado y malversación de fondos, en el proceso judicial denominado “Caso Chaparral”. Entre otras causas penales, el reo ausente ya ha sido sentenciado culpable, por el Juzgado Primero de Sentencia “C”, tras encontrarlo responsable por la comisión de los delitos de “agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”, aplicando una sanción de 14 años de cárcel.
Evasión de Impuestos
$271,857.49 USD es el monto exacto por el que se responsabiliza a Mauricio Funes, en la presunta comisión del delito de evasión de impuestos. El detalle que fue compartido por la FGR a la prensa omitió la información pormenorizada de aquellas operaciones financieras que justificarían las acusaciones por la comisión de delitos. Tampoco rinde detalles sobre el volumen de activos, que Funes habría manipulado, y por los que no habría pagado impuestos a la Hacienda.
“Se ha realizado diferentes peritajes, con el propósito de establecer el cometimiento de éste hecho delictivo. Se cuenta con abundante información documentada por el Ministerio de Hacienda; y otros actos realizados por el señor Mauricio Funes con empresas privadas, mediante las cuales obtuvo un ingreso patrimonial no justificado y gastos sobre los cuales no se justificó el origen de los recursos”, informó la representación fiscal a la prensa. Entre los movimientos no declarados se enumera “la donación de 80 armas de fuego de las cuales obtuvo un beneficio económico que no declaró al Ministerio de Hacienda”.
Detalla, además, la FGR, que la presunta comisión de las cargas penales atribuidas habrían tenido lugar en su período de administración presidencial. Sin embargo, indica que las investigaciones iniciaron a partir del año 2014; es decir, el año del egreso del ex-presidente, en el poder Ejecutivo. Ello indicaría que necesariamente habrían transcurrido 9 años desde que Funes habría cometido los delitos; o sea que el plazo de la prescripción para la persecución penal ya habría excedido a los 8 años máximos que establecen los incisos 10, 11 y 12 del artículo 249 del Código Penal:
- “Será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil colones. (25)
- Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.
- (25) Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión. (25)”
FGR, además, detala que Funes “declaró información falsa durante el ejercicio fiscal del 2014”. Es decir, la tercera causal que se configura en el inciso 4 del artículo 249 del Código Penal, para la configuración del delito de evasión de impuestos.
Enriquecimiento ilícito
$554,593.75 USD representan la cantidades dinerarias no justificadas por el expresidente Funes, y su familia. Los datos se constata en los informes de la Sección de Probidad de la Corte de Cuentas de la República (CCR). El registro se documento el pasado 12 de diciembre del año 2017, en el expediente cifrado“1-PCEIF-16”.
Detalla el documento, pues, que $206,660.55 USD se le atribuyen a Funes, en las irregularidades observadas en el informe de auditoría, según fueron registrados en sus partidas de gastos durante los años 2009-2014. Otros $312,486.75 dólares fueron cuantificados de su salario, representación y aguinaldo; y $16,700 dólares estuvieron asociados venta de vehículos. Además $225,767 dólares se habrían obtenido de créditos asociados con Agrosuministros S.A de C.V.
CCR decretó, en su fallo, que dio ha lugar la existencia de enriquecimientio ilícito contra Funes, por el monto de los $206,660.55 USD; mientras que a su hijo Diego Roberto Funes Cañas se le identificaron irregularidades por $419,145.09 USD. En consecuencia, a Funes se le estableció una condena de responsabilidad civil, más una sanción dineraria por la misma cantidad de dinero no declarado.
Chaparral
Funes está involucrado en la defraudación de $219,900,509.90 USD, en el refedio Caso El Chaparral, nombre que refiere a las irregularidades en la construcción de la Presa Hidroeléxtrica El Chaparral. La FGR también detalla que en el caso también se habrían involucrado terceros, como “Jose Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y será ventilado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador”.
Además, señala que los delitos atribuídos responden a la presunta comisión de prácticas de “Peculado, Cohecho activo, Lavado de dinero y de activos y Agrupaciones ilícitas”. Los hechos, desde luego, parten desde la licitación de la obra, desde septiembre del año 2008, que quedó patente entre la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la constructora italiana Astaldi, en el contrato cifrado como “CEL-4143-S”, por la ejecución del monto antes citado. A ello se le añaden otros $45,244,418.00 USD a Astaldi, para la ejecución de la obra.
Los hallazgos de la FGR han identificado que funcionarios como Mecafé se beneficiaron por un motno de $3,5 millones USD. Otras asociaciones privadas, como Rayne Service Corp, habrían recibido $1,500,000.00 USD; mientras que la empresa Headford Business habría recibido $2,000,000.00 USD; sumándose ambas cantidades en $3,500,000.00 USD. También presume que “ASTALDI transfirió US$3,500,000.00, a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez”.
