Artículo por: Marisela Morán/Juan José Dalton
María del Rosario López es una mujer que pasa de los 60 años, en la masacre ocurrida en diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y zonas aledañas en Morazán, perdió a 24 familiares que fueron asesinados, según la Comisión de la Verdad, por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Esa masacre fue uno de los más graves delitos de guerra que se cometieron durante el conflicto armado que duró doce años en El Salvador. Si bien actualmente se encuentra impune, un juez ha determinado acabar con ese ciclo y ha ordenado reabrir el caso.
El juez segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Alberto Guzmán, ordenó el viernes 30 de septiembre reabrir debidamente la acción judicial de la masacre de unos 1.000 campesinos indefensos por tropas del Ejército en una operación antiguerrillera.
La notificación de la judicialización de El Mozote se convierte en un hecho histórico ya que está amparada en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que intenta poner fin a la impunidad de crímenes que cometieron tanto soldados como guerrilleros en los años de la guerra civil (1980-1992).
“A mí me parece que está bien (la orden de reabrir el caso), porque mire con eso de la Ley de Amnistía muchos casos se habían quedado enterrados y hoy, en cambio, no solo el del Mozote se va a hacer reapertura, sino que habrá más casos que pueden empezar el camino a la justicia”, dijo María del Rosario y cuestionó sobre si realmente “en esta ocasión, sí llegará la justicia para las víctimas y nosotros sus familiares”.
“Para nosotros que hemos perdido familia y que eso quede impune no es bueno para nosotros, yo siempre repito que con que haya justicia uno no va a revivir a sus familiares, pero sabrá que hubo responsables que enfrentaron la justicia”, dijo.
La mujer exige a las autoridades competentes que colaboren y entreguen los informes requeridos en la investigación del caso, pide, sobre todo, conocer a los autores intelectuales del crimen. Pido, en nombre de mi familia y de los otros asesinados, que haya justicia, que capturen a los actores intelectuales, porque así uno se da cuenta y conoce a quienes fueron los responsables”, señaló a ContraPunto.
María del Rosario habló sobre los exmilitares que fueron capturados, y que ya fueron liberados, por el caso de la masacre de los Jesuitas y de la reacción de las familias de estos, a quienes defendieron “a capa y espada pidiendo que ya los dejaran en paz por estar enfermos y por ser casos que ya pasaron”.
“¿Por qué cuando andaban matando a nuestras familias, no se presentaron a decirles “˜mire acá hay niños inocentes, ellos no tienen por qué morir”™? A mí me duele ver como esas señoras piden libertad para sus maridos después de que cometieron semejantes atrocidades con niños que no debían nada”, expresó María del Rosario, a quien el Estado ya le entregó los restos de siete de sus familiares asesinados en 1981.
Piden informes a presidente salvadoreño
La mayoría de las personas asesinadas en la masacre de El Mozote eran mujeres, ancianos y niños. Los pocos testigos que sobrevivieron, como Rufina Amaya, fallecida en 2007, dejaron testimonios de cómo los niños “fueron encerrados en el convento de la iglesia del pueblo y exterminados con lanzallamas".
De acuerdo con la organización humanitaria Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que tiene su base en San José, Costa Rica, El Mozote es "la matanza más grande registrada en América Latina"; la prensa norteamericana la comparó con masacres de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y con genocidios en Vietnam.
El abogado defensor de las víctimas de El Mozote, Wilfredo Medrano, explicó a ContraPunto que el juez le solicitó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de Comandante de la FAES que entregue al menos cinco informes de esa época.
Medrano dijo que el juez "pide que informe sobre quienes conformaban la estructura militar en la época de la masacre; los nombres quienes conformaban el batallón Atlacatl; le solicita los libros de novedades de todos los registros que tengan, así como los nombres de los destacamentos militares que participaron en la masacre".
Además el juez hace una solicitud al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) para que le envíe información de 14 militares, entre ellos el exgeneral Guillermo García, el jefe del Estado Mayor de esa época el ex coronel Rafael Flores Lima y el exoficial Natividad de Jesús Cáceres.
Medrano señala que a esos tres militares el juez les otorga la calidad de imputados, debido a que hay procesos abiertos en su contra que quedaron suspendidos por la vigencia de la Ley de Amnistía de 1993.
La Ley de Amnistía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 13 de julio de este año y determinó que no son amnistiables aquellos hechos narrados en la Comisión de la Verdad (como el caso de El Mozote), así como aquellos de igual o mayor gravedad y trascendencia, que pudieran ser imputados a la Fuerza Armada o a la guerrilla.
La sentencia de la sala de lo constitucional ordenó que se procediera a judicializar aquellos hechos "que fueran objeto de investigación y enjuiciamiento por las autoridades competentes, todos los cuales, por los efectos de la presente sentencia y por la gravedad de los mismos, no han prescrito".
La notificación del juez Jorge Alberto Guzmán fue en respuesta a la solicitud que hicieron los abogados y familiares de las víctimas de El Mozote el pasado 17 de agosto.
"El proceso comienza; esto es una punta de lanza lo que ha dado el juez. Está bien por el país y anima a otras organizaciones a que interpongan denuncias, no solo en contra de la Fuerza Armada, sino en contra de los bandos que ellos consideren agresores", señaló el abogado Medrano, e instó a Sánchez Cerén a que colabore y entregue los informes que se le han solicitado.
El gobierno de El Salvador ha llamado a no incentivar el "odio ni a abrir heridas del pasado", sin embargo, reconoce que las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia que habían sido negados con la ley de Amnistía de 1993, que fue anulada en julio pasado, 24 años después de finalizada la guerra civil que causó la muerte de más de 70.000 personas, la desaparición de 8.000 y un millón de refugiados.
